Yesid Reyes Alvarado: “La reforma a la justicia debe comenzar por la base”

 

 

 

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Juan Martín Fierro

Director de ÁMBITO JURÍDICO

 

Bogotano de nacimiento y con una larga experiencia como litigante y profesor en materia penal, el nuevo titular de la cartera de Justicia y del Derecho es hijo de Alfonso Reyes Echandía, uno de los juristas más importantes que ha tenido el país, quien perdió la vida en la toma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985.

 

El principal reto del nuevo ministro es acortar la brecha que separa al ciudadano común de la administración de justicia y, para lograrlo, impulsará desde el Gobierno el llamado proyecto de equilibrio de poderes, que ya inició su trámite en el Congreso.

 

En entrevista con ÁMBITO JURÍDICO, Reyes también habló, entre otros asuntos, sobre el futuro de la tutela y la crisis de hacinamiento carcelario, uno de los temas más sensibles en la entidad a su cargo.

 

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Qué tareas específicas le encomendó el Presidente Santos frente al proyecto de equilibrio de poderes?

 

Yesid Reyes: Uno de los encargos fue seguir priorizando pequeñas reformas que impacten problemas puntuales de la administración de justicia, de tal forma que consigamos acercar la justicia al ciudadano, brindarle posibilidades simples y ágiles de solución de conflictos, lo que, en el fondo, es una forma de construir más paz y equidad en Colombia.

 

Á. J.: ¿Qué pasa con temas que no entraron en ese proyecto, como la acción de tutela o el presupuesto de la Rama Judicial?

 

Y. R.: Son dos tipos de reformas distintas. Esta es una reforma que tiene que ver con, como dice su nombre, el equilibrio de poderes, pero eso no significa que esa sea la reforma a la administración de justicia de la que hemos venido hablando. El Ministerio de Justicia está terminando de estructurar una serie de proyectos, alrededor de 20, que son los que van a estar orientados a ese propósito de acercar la justicia al ciudadano. Aspiramos a tenerlos totalmente estructurados en unas dos semanas y los vamos a hacer públicos para que la gente conozca cuál es el propósito del ministerio, cuáles son las finalidades que se buscan y cuál es el impacto esperado de estos ajustes en la administración de justicia. No hay que confundir las dos cosas, son dos tipos de proyectos completamente distintos.

 

Á. J.: Sobre el tema específico de la tutela, ¿qué nos puede adelantar?

 

Y. R.: En principio, no hay una reforma prevista para la tutela, porque, en términos generales, funciona muy bien. Hay, desde luego, algunas críticas muy puntuales a aspectos muy precisos de la tutela, que eventualmente se van a mirar y a corregir, pero la estructura general de la tutela no solo funciona muy bien, sino que estadísticamente hablando, 9 de cada 10 ciudadanos colombianos están muy satisfechos con la tutela. Por eso, la institución no necesita una gran cirugía.

 

Á. J.: Pero la tutela se ha convertido en una estrategia para controvertir decisiones judiciales o para no acudir a las acciones ordinarias, lo que genera, incluso, un problema grave de congestión…

 

Y. R.: La solución no es acabar lo que funciona, sino corregir lo que no funciona. La tutela es un estupendo indicador del mal funcionamiento de otros estamentos de la administración de justicia y de algunos otros ámbitos del Estado. Quien recurre a la tutela para que lo atiendan desde el punto de vista de la salud está enviando un mensaje de que hay problemas en el acceso a los servicios. Entonces, la solución no está en acabar con la tutela, sino en mejorar el acceso al servicio de salud.

 

Á. J.: ¿Está de acuerdo con que el periodo de los magistrados se quede en ocho años, como dice el proyecto, o se puede ampliar a 12, como ya se ha rumorado?

 

Y. R.: Un proyecto de ley como el que se presentó, como todos los proyectos de ley, es una propuesta. El siguiente paso es el debate, y ese debate se hace en el parlamento, ese es el escenario natural, el parlamento está para eso. Así que viene la fase de discusión y, al final, saldrá lo que el Congreso considere que es mejor para el país.

 

Á. J.: En el primer cuatrienio del presidente Santos se expidieron importantes normas en materia de oralidad, ¿están garantizados recursos para su entrada en operación?

 

Y. R.: Tenemos todavía dificultades con los recursos, ese es un problema que desafortunadamente aparece siempre que se trata de buscar soluciones en la administración de justicia. Estamos trabajando ese punto con el Ministerio de Hacienda y con el Consejo Superior de la Judicatura.

 

Á. J.: ¿Qué balance hace del sistema penal acusatorio luego de 10 años de funcionamiento?

 

Y. R.: Hay muchas cosas puntuales que hay que mejorar. En eso la propia Fiscalía General de la Nación es absolutamente consciente de los aspectos positivos y negativos del sistema y tiene bastante adelantado un proyecto de ley para corregir lo que no funciona bien.

 

Á. J.: Usted ha dicho que es importante revivir la ley de pequeñas causas, ¿qué modificaciones le haría?

 

Y. R.: Es muy importante la ley de pequeñas causas, en su momento funcionó muy bien. Tuvo algunos problemas que están perfectamente identificados en cuanto a funcionamiento, y luego tuvo otros sobre estructura, que fueron puestos de presente por la Corte Constitucional al tumbarla. Yo creo que si se toma lo bueno de la ley, se corrigen los problemas puntuales que tuvo en operatividad y se hacen los ajustes que la Corte mencionó en la sentencia que la declaró inexequible, se puede tener una muy buena ley de pequeñas causas, que va a ser muy importante para facilitar la solución de conflictos de los ciudadanos.

 

Á. J.: En cuanto al tema carcelario y penitenciario, ¿qué hará su despacho?

 

Y. R.: El problema del hacinamiento carcelario necesita combinar distintas soluciones. La primera, y más obvia, es la construcción de cárceles y adecuación y mejoramiento de las que tenemos. Eso requiere recursos que estamos intentando conseguir. Pero esta no es la única solución. Es muy importante acabar con lo que se conoce como populismo punitivo, que es la tendencia general en la ciudadanía, los medios de comunicación y el Congreso de resolver cualquier conflicto social mediante la creación de un nuevo delito o el aumento de las penas. Entonces, hay que hacer un trabajo de pedagogía y racionalizar la intervención del Derecho Penal. Aquí es muy importante el trabajo del Consejo Nacional de Política Criminal, que se ha venido reuniendo juiciosamente para analizar los proyectos de ley que tengan que ver con sistema penal. La idea no es excluir del todo la creación de delitos ni el aumento de penas, pero sí reducirlos a los casos en que sean necesarios. Esto ayudará a controlar el hacinamiento carcelario. Un tercer punto es que se está abusando de la detención preventiva, que tiene como propósito garantizar que una persona va a comparecer a juicio, que no va a seguir delinquiendo mientras lo hace y que no va a manipular pruebas del proceso que se le está siguiendo. El Código de Procedimiento Penal contempla 11 posibilidades distintas de conseguir esa finalidad y nosotros usamos una, que es la detención preventiva. Si en muchos casos las otras 10 opciones son viables para conseguir ese propósito, ¿por qué no recurrir a esas posibilidades en lugar de seguir insistiendo en una? Eso además tiene un impacto mucho mayor en el hacinamiento carcelario de lo que la gente piensa. Si mantuviéramos en prisión solamente a los condenados, los cupos penitenciarios que tiene el país no solo alcanzarían, sino que tendríamos cupos libres.

 

Á. J.: ¿El proyecto de equilibrio de poderes solucionará la segunda instancia para aforados?

 

Y. R.: Es un propósito en el que creo estamos todos de acuerdo, no solamente en el proyecto que usted menciona, sino que además está previsto por parte de la Fiscalía y las cortes una mejora en la separación de temas de investigación y juzgamiento ante la Corte Suprema, así como en la primera y segunda instancia en el ámbito disciplinario, pues el Procurador General de la Nación está impulsando un proyecto de reforma al Código Disciplinario que abre la posibilidad de esa segunda instancia.

 

Á. J.: En resumen, ¿cuáles van a ser las líneas de acción fundamentales de su ministerio?

 

Y. R.: Yo diría que una: mejorar la interacción del ciudadano con la administración de justicia. ¿Cómo se logra eso? Vamos a priorizar desde el ministerio alrededor de 20 proyectos, todos encaminados fundamentalmente a ese propósito. Dicho de otra manera, la reforma a la administración de justicia debe empezar por la base. Tenemos que garantizar que el ciudadano tenga una buena interacción con la administración de justicia. Si eso se hace, no solo habrá más confianza en ella, sino una mayor sensación de equidad y de convivencia armónica, factores indispensables para un país en paz.