Rigoberto Echeverri: “Creo que el Gobierno nos apoyará en el objetivo de descongestionar la Sala Laboral”

Luego de dos intentos fallidos en el Congreso de la República, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia hace una nueva apuesta por evacuar el rezago que mantiene la jurisdicción en materia de casación.

 

ÁMBITO JURÍDICO dialogó con el presidente de la Sala, Rigoberto Echeverri, quien considera que los 17.000 procesos laborales que estarán pendientes de decisión en el órgano de cierre al finalizar el 2014 son la circunstancia más elocuente para encontrar eco en el Congreso y el Gobierno.

 

El mecanismo, del cual se espera una solución definitiva en un periodo no mayor de ocho años, costaría unos 21.700 millones de pesos anuales y demandaría la inclusión de 12 magistrados, con sus respectivas plantas de personal, que se dividirían en cuatro subsalas.

 

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Cómo estaría conformada la Sala Laboral, a través de la cual aspiran a superar los problemas de congestión?

 

Rigoberto Echeverri: Esa Sala se propone en forma extraordinaria, como un parágrafo transitorio en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, de la que harían parte unos magistrados que se dedicarían, exclusivamente, a fallar recursos de casación, sin otras funciones. La razón para no atribuirles más obligaciones es no romper el equilibrio de la Sala Plena, con otros 12 magistrados. Además, en casación es donde se registran los problemas. Son 12 y no 9, como se había propuesto, porque la Constitución impone que la Corte Suprema debe estar integrada por un número impar de magistrados.

 

Á. J.: ¿Hay un cálculo aproximado de cuánto costaría la financiación?

 

R. E.: Con los 12 magistrados y una planta mínima de tres magistrados auxiliares, auxiliares judiciales grado uno, grado 33 y una secretaria del despacho, el costo anual de esa Sala sería de 21.700 millones de pesos. También se aspira a contar con una Secretaría de Descongestión, con auxiliares judiciales grado dos, grado cinco y escribientes.

 

Á. J.: ¿Cómo estarían distribuidos los magistrados que integrarían esas salas de decisión?

 

R. E.: Se trata de cuatro salas, integradas por tres magistrados cada una, que no tendrían ninguna función administrativa, ni electoral, ni otra distinta a la de tramitar recursos de casación. Aunque harían parte anexa de la Sala Laboral permanente, actuarán independientemente, es decir a través de sus tres magistrados, concentrándose en evacuar los procesos que le asigne la Sala permanente.

 

Á. J.: ¿Cuánto tiempo necesitarían para que este mecanismo transitorio opere y permita volver a equilibrar las cargas para la Sala permanente? ¿Cómo serían elegidos los magistrados?

 

R. E.: Permanecerían durante un tiempo máximo de ocho años, que es el periodo que puede estar un magistrado de la Corte. Estos serían nombrados bajo los mismos requisitos de cualquier magistrado de alta corte.

 

Á. J.: ¿La Sala permanente cumplirá alguna labor complementaria frente al trabajo de estas salas de descongestión?

 

R. E.: Esta no se va a despojar de su función de unificación de la jurisprudencia, porque si esas salas provisionales reunidas consideran que hay un caso en el que hay que cambiar la jurisprudencia o crear una nueva, deben devolver el negocio a la Sala permanente.

 

Á. J.: ¿El hecho de que los procesos puedan volver al conocimiento de los magistrados permanentes no generaría un nuevo obstáculo?

 

R. E.: Puede pensarse que implica algún retroceso, pero la verdad es que el 80 % de los negocios que conoce la Sala de Casación Laboral no implican cambio de jurisprudencia.

 

Á. J.: ¿Cuál es la necesidad del proyecto?

 

R. E.: En este momento, tenemos casi 17.000 procesos y creemos que el año entrante vamos a llegar a 19.000. En un año, la Sala Laboral es capaz de evacuar, más o menos, 1.300 recursos de casación, pero en esa misma anualidad están entrando cerca de 3.700. Además, nosotros fallamos unas 4.500 tutelas en 12 meses. Lo delicado es que un 80 % de esos 17.000 expedientes son de seguridad social: pensiones de invalidez, vejez, sobrevivientes, casos que afectan a personas de la tercera edad, menores y discapacitados.

 

Á. J.: ¿Los niveles de litigiosidad han aumentado?

 

R. E.: Sí. En tutelas, por ejemplo, en el 2009, tuvimos 3.243 acciones y, en el 2013, recibimos 4.754. En casación, pasamos de alrededor de 2.500 procesos, en el 2006, a 5.897, en el 2009, y eso ha venido aumentando.

 

Á. J.: En promedio, ¿cuánto se tarda un proceso laboral, desde la primera instancia hasta la casación?

 

R. E.: En el sistema escrito, puede tardar hasta 10 años. Solo en casación se demora, más o menos, cinco años. Estamos sacando negocios que fueron fallados en tribunal, aproximadamente, del 2009 y el 2010.

 

Á. J.: ¿Por qué fracasó el primer proyecto que presentaron?

 

R. E.: El año pasado se presentó primero un proyecto, por parte del senador Juan Lozano, donde se surtieron los tres debates, pero antes del último fue retirado, porque había problemas de parte del Ministerio de Hacienda respecto a las apropiaciones presupuestales; hubo una objeción y no se llegó a esa última discusión.

 

Á. J.: ¿Y qué pasó con el más reciente?

 

R. E.: Volvimos a insistir y el ministro del Trabajo, Rafael Pardo, se interesó en él y lo presentó, pero por cuestiones electorales, en las que se centró la atención de la Presidencia y del Congreso, no alcanzó a surtir ningún debate.

 

Á. J.: ¿A quiénes han acudido para que la iniciativa prospere?

 

R. E.: El ministro encargado, José Noé Ríos, lo había llevado dentro de los proyectos de esa cartera, pero ante el cambio de ministro, estamos pendientes de reunirnos con Luis Eduardo Garzón. Algunos senadores también han mostrado interés en presentar el proyecto.

 

Á. J.: ¿Qué otras medidas serían necesarias para agilizar el funcionamiento de órganos de cierre en materia laboral?

 

R. E.: La principal es reformar el recurso de casación. No puede seguir entrando todo a la Sala de Casación Laboral; el promedio es muy alto. Es decir, un recurso que es extraordinario y excepcional se está volviendo ordinario, porque casi todo lo que sale llega aquí. La medida de la cuantía no es el único criterio que se debe tener en cuenta. Debería haber cierta discrecionalidad para la Sala, en torno a la escogencia de los temas que deben ser susceptibles de casación. El recurso se ha quedado rezagado, porque está fundado en leyes de 1945, sobre la base de un Estado Liberal, mientras que, desde 1991 pasamos a ser un Estado social de derecho.

 

Á. J.: ¿La disponibilidad de tecnología puede tener alguna incidencia en esos niveles de descongestión?

 

R. E.: No todos los distritos tienen los suficientes recursos. Desde el 2009, no se han podido implementar los elementos necesarios en los despachos y ya está pendiente de entrar a regir el Código General del Proceso, que tiene unas exigencias grandes en ese sentido, y para eso se requieren recursos.

 

Á. J.: ¿Ese avance del uso de la tecnología en la justicia, al acelerar los procesos, no podría verse reflejado en un aumento de los casos que arriben a la Corte para casación?

 

R. E.: Entiendo que las salas, sobre todo la Civil, ya han visto reflejado ese aumento en el flujo de negocios. Donde ellos tienen la mayor congestión, en este momento, es en tutelas, porque reciben el doble de nosotros, unas 7.000 u 8.000 al año.

 

Á. J.: ¿Ese desbalance entre el número de acciones constitucionales y las ordinarias que se presenta en todas las cortes no demuestra la necesidad de reformar la tutela?

 

R. E.: No estoy de acuerdo con lo que se ha propuesto, de crear unos jueces paralelos para fallar solo tutelas. Frente a tutelas contra sentencias judiciales, se debe crear un mecanismo interno, para que dentro de los procesos ordinarios se haga la revisión constitucional, para evitar ese paso de jurisdicción en jurisdicción, de la ordinaria a la constitucional.

 

Á. J.: En el encuentro de la jurisdicción en Montería (Córdoba), se insistió en que en el debate de la reforma judicial no se han tocado aspectos centrales. ¿Cuáles son?

 

R. E.: El eterno problema de la Rama ha sido el presupuestal. Para la implementación del sistema oral, por ejemplo, no se ha contado con los recursos para las salas de audiencia, se necesitan más jueces. Hay que decir, incluso, que el sistema oral no es que esté llamado a descongestionar la justicia, pues exige más personal para su tramitación. Lo que se necesita es darle autonomía presupuestal e independencia a la Rama.

 

Á. J.: ¿Sería partidario de la fórmula varias veces propuesta, pero nunca concretada, de destinar un margen estándar del PIB a la justicia?

 

R. E.: Eso daría una independencia importante a la Rama, pero mire que ahora estamos en un problema estructural de descongestión en la Sala Laboral y tenemos que salir a pedirle los recursos al Ejecutivo. Si tenemos una autonomía presupuestal, el problema no sería en el que estamos ahora.

 

Á. J.: Teniendo en cuenta las recientes experiencias frente a la petición de recursos para descongestión, ¿cree que el Gobierno esta vez sí ofrecerá el respaldo al proyecto que vienen impulsando?

 

R. E.: 17.000 procesos de casación son elocuentes en ese sentido y es el argumento que tiene la Sala para solicitar los recursos. Creo que sí es posible que el Gobierno nos dé ese apoyo.

 

Á. J.: En el encuentro también se dijo que el Gobierno debería centrar más sus esfuerzos en evitar los altos niveles de litigiosidad que en reformar aspectos como la facultad nominadora de las cortes. ¿Está de acuerdo?

 

R. E.: Dentro de la gran cantidad de procesos que tenemos, un porcentaje muy alto es de entidades estatales: Seguro Social, Caja Agraria, Cajanal, Banco Popular y demás. Sistemáticamente, están negando el reconocimiento del derecho, porque la tendencia es hacerlo, hasta que la justicia lo reconozca.