Katya Salazar: “Actores externos al Poder Judicial tienen una fuerte injerencia en sus decisiones”

La Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por su sigla en inglés) nació en 1996, de la mano del exjuez de la Corte Internacional de Justicia Thomas Buergenthal y de sus colegas de la Comisión de la Verdad para El Salvador, patrocinada por Naciones Unidas.

 

El objetivo principal de DPLF, que tiene su sede en Washington (EE UU), es promocionar el Estado de derecho y los derechos humanos (DD HH) en América Latina. La independencia y transparencia judicial, la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y la responsabilidad estatal y empresarial por violaciones a los DD HH son otros temas que trabaja esta organización.

 

La abogada peruana Katya Salazar es la actual directora de DPLF. Desde Washington, Salazar conversó con ÁMBITO JURÍDICO sobre la independencia de la justicia en esta parte del continente.

 

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Qué tan independientes son los poderes judiciales en América Latina?

 

Katya Salazar: Hay que diferenciar entre independencia oficial (la que está en el papel, en las normas que rigen la función jurisdiccional) e independencia real (aquella de la que dispone el juez en la práctica). Ha habido importantes avances en materia de leyes y reglamentos que intentan blindar la independencia de los jueces y las judicaturas, pero la realidad muestra algo distinto: actores externos al Poder Judicial siguen teniendo una fuerte injerencia en sus decisiones. El poder económico sigue siendo un actor importante, pero también el poder político, principalmente, el Poder Ejecutivo. 

 

Á. J.: ¿Qué otros factores afectan esa independencia?

 

K. S.: La independencia de los jueces también se ve afectada desde la propia institución judicial: en diversos países, existe una concentración importante de poder en las cortes supremas, que suelen decidir sobre el nombramiento y la promoción de los jueces, sus salarios y las medidas disciplinarias que se imponen. Si a eso le añadimos que, frecuentemente, los miembros de las cortes supremas son elegidos por su cercanía al poder de turno, el círculo se cierra. Nuestras investigaciones y el contacto con jueces en los países de la región indican que la injerencia interna en el Poder Judicial es un problema creciente que afecta la imparcialidad del juzgador. Este tema es poco conocido y merece una mayor atención.

 

Á. J.: ¿Cuáles son los casos más críticos de injerencia indebida del Poder Legislativo o Ejecutivo en la labor de jueces y magistrados?

 

K. S.: Además de la tradicional injerencia que se puede dar en las decisiones sobre casos de relevancia económica o política, un tema crítico es el de la selección de magistrados de altas cortes (supremas y constitucionales). Debido a las numerosas funciones de estas cortes, tanto administrativas como jurisdiccionales, el Poder Ejecutivo suele estar interesado en que sus titulares sean personas “de confianza”, en lugar de la gente más idónea para ocupar estos cargos. Existe, entonces, el riesgo de violentar las reglas de procedimiento o, simplemente, no regular el procedimiento de selección, manteniendo un amplio margen de discrecionalidad en la escogencia de esas altas autoridades.

 

Á. J.: ¿La justicia constitucional está más expuesta que la ordinaria a esa injerencia indebida?

 

K. S.: Como lo mencioné, la injerencia se hace sentir, sobre todo, en decisiones de importancia transcendental —económica o política—. En ese sentido, la jurisdicción constitucional suele decidir asuntos de importancia para el gobierno y, por eso, este la ve con recelo y hasta desconfianza. El conflicto ocurrido hace un año entre los poderes Legislativo y Ejecutivo con la Sala Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador es un buen ejemplo de esto.

 

Á. J.: ¿Qué hacer para que la selección de candidatos y la elección de jueces y magistrados sea más transparente?

 

K. S.: Hay una variedad de modelos en la región, que han sido establecidos con el propósito declarado de limitar la influencia política en esas decisiones. DPLF considera que, según indican las normas internacionales en la materia, un proceso adecuado de selección de magistrados debe estar guiado por dos elementos principales: la transparencia en todas las etapas del proceso y una verdadera evaluación de los méritos de los candidatos. Creemos que es esencial que el órgano de selección sea autónomo e independiente, y que antes de empezar el proceso de evaluación, se establezca el perfil de magistrado que se busca y cómo se evaluará objetivamente que los candidatos lo cumplan.

 

Á. J.: ¿Y qué participación puede tener la ciudadanía?

 

K. S.: Para aumentar la transparencia, debe haber una difusión de los nombres de los candidatos que serán evaluados —mediante un sitio web y/o una publicación en la prensa nacional, por ejemplo—. Así mismo, consideramos que la organización de audiencias o entrevistas públicas es clave para aumentar la transparencia y el involucramiento de los medios y de la ciudadanía en ese proceso. Debe haber una posibilidad para que la ciudadanía presente tachas contra candidatos y que estas sean investigadas por una entidad independiente. Puede ser que alguien parezca ser un candidato excelente en el papel, pero que su historia personal o laboral no lo haga idóneo para ser magistrado.

 

Á. J.: ¿Qué países de América Latina sobresalen por una justicia autónoma y con buenos mecanismos de elección para sus servidores?

 

K. S.: No hay ningún país donde todo funcione de manera perfecta, pero sí hay varios con prácticas muy interesantes que, sin duda, han fortalecido la independencia del Poder Judicial. En Chile, existe una oficina de comunicación del Poder Judicial, que es el enlace de la institución con la ciudadanía y que provee información confiable y comprensible sobre el funcionamiento del Poder Judicial. Esta política de comunicación ha disminuido la presión de los medios sobre los jueces, porque ahora aquellos pueden obtener una respuesta a sus dudas y preguntas en esa oficina.

 

En Guatemala, existe una práctica relativamente exitosa de “comisiones de postulación”: entidades autónomas encargadas de la selección de altos funcionarios judiciales y del Fiscal General. Por ley, dichas comisiones están obligadas a elaborar un perfil de la persona que se busca y a investigar los méritos de los candidatos, en combinación con un proceso transparente. Esta práctica ha resultado en el nombramiento de funcionarios más idóneos.

 

En Perú, es muy importante el rol de la sociedad civil organizada y los debates públicos que se dan alrededor del desempeño del Poder Judicial. Argentina organiza audiencias públicas con los candidatos a la Corte Suprema, donde se hacen preguntas relevantes que permiten conocer a fondo a los candidatos, lo que permite que la ciudadanía tenga mayor y mejor ilustración.

 

Á. J.: ¿Qué rol debe cumplir la sociedad civil respecto a la elección de jueces y magistrados?

 

K. S.: Monitoreo activo de los procesos; aportar antecedentes, preguntas y observaciones sobre los candidatos; informar a la prensa y estimular una cobertura de los procesos; difundir información a través de sus propios canales de comunicación; exigir que cada actor en el proceso de selección actúe de manera debida y que cumpla con su papel. En resumen, los actores de la sociedad civil pueden contribuir decisivamente, mediante actividades de escrutinio, a que los procesos de elección de jueces y magistrados dejen de ser trámites formales cuya verdadera decisión se toma a puerta cerrada por la gente con mayor poder en el país.