Juan Carlos Henao: “La Corte Constitucional tiene que ayudar a consolidar una democracia real”

 

A pocos meses del aniversario número 20 de la Carta Política, el presidente de la Corte Constitucional, Juan Carlos Henao Pérez, resalta que, durante estas dos décadas, la sociedad civil se ha acercado más al discurso constitucional y, por ello, debería continuarse con esa tarea.

 

En entrevista con ÁMBITO JURÍDICO, Henao instó a los jueces de instancia a que se ajusten al precedente jurisprudencial que se ha trazado en pro de una sociedad más respetuosa de sus derechos, por lo que afirmó que es necesario que se adelante una pedagogía constitucional.

 

Henao habló sobre la conveniencia de las reformas a la Constitución y el legado del alto tribunal en materia de derechos fundamentales. Además, exaltó la labor que se ha hecho en el tribunal y que ha permitido que su jurisprudencia sea referente en fallos de cortes internacionales.

 

ÁMBITO JURÍDICO: ¿El hecho de que, en 20 años, la Constitución Política haya sido reformada cerca de 30 veces significa que se está convirtiendo en una “colcha de retazos”?

 

Juan Carlos Henao: Yo no diría que se está convirtiendo en una colcha de retazos. Creo que la columna vertebral de la Constitución sigue vigente, permanente y consolidándose cada vez más. Ahora, “la reformitis” no es sana para un país, si se tiene en cuenta que una Constitución es, en el fondo, una guía social y política. Sin embargo, ha habido reformas positivas y negativas, pero en el trasfondo, lo que se muestra es que todavía no hemos alcanzado una madurez política suficiente, en donde los partidos y las fuerzas sociales tengan una representatividad social clara, definida y estructurada. De ahí el hecho de que los ajustes políticos tienen que implicar ajustes a la Constitución. Creo que es un proceso lento, en donde la tendencia sea que cada vez se reforme menos. En sí misma, una reforma constitucional no es negativa, depende de lo que se haga con ella.

 

Á. J.: ¿Las constituciones deben ser dinámicas o rígidas?

 

J. C. H.: Creo que deben ser tanto lo uno como lo otro. Nosotros no tenemos un sistema como en EE UU, donde hay dos partidos políticos sólidos de más de 100 años de vigencia, con claridad conceptual y de representación, que permite mantener incólume su Constitución. Además, en EE UU, el sistema de reforma constitucional es absolutamente antagónico al nuestro. Uno de los puntos que surgió con la Constitución de 1991 fue la facilidad con la que se puede reformar la Carta, pero en eso la Corte Constitucional también ha elaborado una jurisprudencia clara para tratar de equilibrar ese procedimiento.

 

Á. J.: ¿La Corte Constitucional es vanguardista?

 

J. C. H.: Creo que la Corte Constitucional, en el contexto del derecho comparado, es una corte de vanguardia, y debe serlo, si por vanguardia entendemos consolidación democrática, avance del espíritu de la Constitución, es decir, espíritu incluyente, tolerancia, progresión en derechos económicos, sociales y culturales, etc. La Corte Constitucional colombiana, por mandato constitucional, tiene que ayudar, junto con los otros poderes, a consolidar la democracia real.

 

Á. J.: ¿Cómo califica el legado que le está dejando la Corte Constitucional al país?

 

J. C. H.: Es positivo lo que se ha hecho en estos casi 20 años. Colombia es un país exportador de jurisprudencia constitucional. Esto se ve en fallos de México, Perú, Chile y en muchos países latinoamericanos donde se cita a la Corte, pero también se ve en grandes profesores norteamericanos que hacen estudios y seminarios específicos sobre nuestra corporación. Creo que la jurisprudencia colombiana es sólida, profunda y estudiada, cuyo objetivo tiene que ser que el discurso constitucional penetre cada vez más a la sociedad civil. El gran reto es que logre meterse en las relaciones sociales y las profundice. El discurso jurídico, en especial el constitucional, es de optimismo, que cree en la perfectibilidad humana, en que las cosas se pueden mejorar y en que hay que disminuir más las diferencias sociales para poder llegar a una democracia real.

 

Á. J.: Ese acercamiento a la sociedad se ha dado a través de la tutela. Sin embargo, muchos afirman que este mecanismo está congestionando los despachos, ¿debe limitarse su acceso?

 

J. C. H.: Uno no puede hacer un análisis de una herramienta tan beneficiosa socialmente, como la tutela, a partir de los abusos que de ella se haga o de errores excepcionales que se presenten. Es cierto que hay arbitrariedades, que hay casos de corrupción y que este mecanismo es usado en muchas situaciones discutibles, pero, en concreto, en Colombia se interponen cerca de 45.000 tutelas mensuales y, de estas, son mínimos los casos de temeridad. Lo que tenemos que hacer es corregirlos, y para eso se está trabajando. De hecho, en muchas ocasiones, la Corte Constitucional selecciona casos viendo que son dudosos o cuestionables y anula fallos de instancia. Soy defensor acérrimo de la tutela, porque este ha sido uno de los mecanismos de mayor democratización en el país y, filosóficamente, es muy importante, porque ha enseñado que los litigios o los conflictos sociales se pueden resolver por la vía de la juridicidad y no por las vías de hecho.

 

Á. J.: La gran mayoría de acciones de tutela queda por fuera de la revisión del alto tribunal, ¿cómo mejorar esos índices?

 

J. C. H.: Es importante recordar que no somos una instancia, sino una corte que revisa tutelas. Los procedimientos de tutela tienen su doble instancia. Lo fundamental que habría en materia de tutelas es buscar los mecanismos para que la jurisprudencia constitucional sea realmente plasmada en las decisiones de los jueces de instancia. En ese mecanismo es en el que vamos a empezar a trabajar, para implementar esa lógica.

 

Á. J.: ¿A qué mecanismo se refiere?

 

J. C. H.: Se requiere fortalecer la información que se les da a los jueces de instancia para que no desconozcan el precedente jurisprudencial. El objetivo sería crear mecanismos en virtud de los cuales, por temas que son reiterativos, repetitivos, que la sociedad demanda, se establezcan claramente vehículos de información a los jueces de instancia para que fallen acatando la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Es lo que llamo pedagogía constitucional, para que los administradores de justicia no contraríen el precedente y para que el ciudadano tenga claro a qué tiene derecho. Incluso, se ejerce ese suministro apropiado de información en materia de constitucionalidad, mediante los comunicados de prensa.

 

Á. J.: ¿Los pronunciamientos a través de comunicados y no de fallos generan inseguridad jurídica?

 

J. C. H.: Es el resultado de la dinámica de la elaboración de cualquier decisión. El debate de los casos en Sala Plena es tan intenso, enriquecedor y de tanta altura académica que es muy excepcional que una sentencia salga de la plenaria tal y como la llevó el ponente. Normalmente, se requiere hacer cambios, fruto de la discusión. Eso significa que el texto definitivo toca reelaborarlo. Creo que en eso debemos ubicarnos en la filosofía de que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Lo perfecto sería la sentencia ejecutoriada, suscrita por todos los magistrados, y lo bueno son los comunicados de prensa, en los que salen las partes resolutivas que son las realmente vinculantes y se da un resumen de la parte considerativa. Respecto a la inseguridad jurídica, depende del punto de vista del que se mire. La parte resolutiva está siempre al día siguiente que se toma la decisión, en donde se sabe si la norma está vigente o no, con fundamentos jurídicos claros. En los comunicados de prensa, tanto los obiter dictum como la ratio decidendi, están contemplados para que la ciudadanía tenga un conocimiento sobre por qué la Corte Constitucional tomó una decisión.

 

Á. J.: ¿Cómo celebrarán los 20 años de la Constitución?

 

J. C. H.: Hay un ambiente positivo sobre esta celebración. Se ha pensado traer altísimos representantes de la academia mundial que tengan que ver con la filosofía del Derecho y con el derecho constitucional, para hacer un congreso que llamaríamos Diálogos con el mundo, en el que participarían insignes profesores a nivel mundial y se dialogaría con otras cortes del mundo (India, Sudáfrica, EE UU, etc.), con el propósito de que el 2011 nos permita hacer una medición de cómo está Colombia con respecto al mundo.