Juan Carlos Galindo: “El plebiscito por la paz será un reto equivalente a una elección presidencial”

 

Por: Manolo Villota Benítez

 

El pasado 3 de diciembre, Juan Carlos Galindo se posesionó como Registrador Nacional del Estado Civil. Este cargo, al que muchos denominan “el que guarda la democracia”, tuvo un proceso de selección extenso y exigente. De todos los aspirantes que concursaron, tres llegaron a la última etapa, siendo Galindo el candidato elegido por las altas cortes para encargarse de una entidad que será clave para el país en el tema de paz, por la eventual refrendación de los acuerdos.

 

Este abogado de la Universidad Javeriana, con una maestría en Derecho y Economía de Seguros de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica), ha tenido amplia experiencia en el sector público: fue magistrado auxiliar de la Sala Civil de la Corte Suprema, Procurador Delegado ante el Consejo de Estado y Vicepresidente de la Comisión de Control y Asuntos Electorales del Ministerio Público.

 

Galindo habló con ÁMBITO JURÍDICO sobre su llegada al cargo, sus objetivos a mediano y largo plazo y el reto que representará en el 2016 el plebiscito para la paz.

 

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Cómo ha sido el proceso de empalme y cómo ha encontrado la Registraduría en este tiempo al frente de ella?

 

Juan Carlos Galindo: Inicié labores el 7 de diciembre. Desde ese día, he estado en reuniones para ponerme al día con la situación actual. Yo ya conocía la Registraduría. Primero, como procurador delegado ante el Consejo de Estado, llevé a cabo actividades de control electoral entre los años 2002 y 2006 y fui Registrador encargado en el 2007. Veo esto como una actualización. Además, desde ya estamos planeando las metas de nuestra administración en estos cuatro años, que hemos agrupado en cuatro grandes grupos: fortalecimiento institucional, temas de identificación, asuntos electorales y proyectos adicionales que podríamos convertir en bandera en el futuro.

 

Á. J.: Bajo esa lógica, ¿cuáles son los principales retos institucionales?

 

J. C. G.: Allí trabajaremos diferentes frentes. En primer lugar, tenemos que hacer un inventario de nuestras sedes, ver el estado de cada una, cuáles están arrendadas, cuáles están en comodato y cuáles son propias. Eso nos permitirá saber cómo podemos mejorarlas. Igualmente, haremos un inventario de nuestros equipos tecnológicos; destinaremos recursos para mejorar computadores y software.

 

En este reto también se encuentra el tema de la carrera administrativa. Actualmente, hay 440 funcionarios en carrera, de un total de 3.760. Tenemos que adelantar trámites para  realizar los concursos y organizar  manuales de funciones para adecuarlos a las necesidades actuales. Todo esto usando la Ley 1350 del 2009, que reglamenta la carrera administrativa especial para la Registraduria Nacional.

 

Á. J.: ¿Qué metas tiene proyectadas en el tema de identificación?

 

J. C. G.: Buscaremos mejorar el servicio para nuestros clientes: los ciudadanos, las personas que necesitan cedulación, expedición de tarjeta de identidad y registro. La fase dos de modernización ya culminó, y concluimos que tenemos equipos obsoletos, existe una dificultad de comunicación de las diferentes bases de datos de identificación que no están permitiendo una agilidad suficiente en estos procesos. Ahí hay mucho qué trabajar. Uno de los esfuerzos será, fundamentalmente, ver cómo iniciar una fase tres de proyecto de modernización para estos efectos.

 

Á. J.: ¿Cuál es el objetivo en temas electorales?

 

J. C. G.: Obviamente, tenemos que continuar ese camino creciente de mejoramiento que ha caracterizado a la Registraduría en los últimos años. En cada proceso electoral se ha mostrado un tiempo de respuesta más rápido, ha habido mejoras en la organización para luchar contras las distintas dificultades. Entonces, el trabajo ahora es hacer un análisis de cómo han sido estas últimas jornadas de elecciones, para ver dónde mejoramos desde el punto de vista de utilización de la tecnología, minimización de problemáticas, como la trashumancia, equivocaciones de los jurados de votación en el conteo y ver cómo seguimos facilitando el proceso de los escrutadores.

 

Á. J.: Entre sus grandes metas, mencionó algunos proyectos que pueden convertirse en bandera. ¿Cuáles podrían ser?

 

J. C. G.: Queremos adelantar y liderar programas específicos, en alianza con cooperación internacional, Gobierno Nacional y regional, que tengan que ver con inculcar valores cívicos y democráticos en la niñez y en la juventud. Debemos educar a las nuevas generaciones para que sean mejores ciudadanos y tengamos mayor madurez política y social. Es un proyecto muy importante al que le voy a dedicar mucho esfuerzo mientras esté en la Registraduría.

 

Á. J.: ¿Qué enseñanzas le dejó su paso por esta entidad en el 2007 que le podrían ayudar en su nueva labor?

 

J. C. G.: Cuando fui procurador encargado ante el Consejo de Estado y encargado de manejar el control electoral, pude conocer pormenorizadamente la organización y el sistema electoral colombiano, dónde están las dificultades y qué se debe hacer para luchar contra estas. Supervisé la preparación de los comicios del 2003 y del 2006 y formulé demandas de nulidad del Senado de la Republica 2002 y 2006 en nombre de la Procuraduría General de la Nación.

 

Conocí mucho antes la problemática electoral. Cuando me designaron en provisionalidad para atender los comicios del 2007, ya tenía un panorama de lo que era la situación en Colombia y eso me permitió asumir y desarrollar un proceso exitoso, en el que superamos todas las dificultades que se presentaron. Desde el 2008 en adelante, tuve experiencias en temas electorales interesantes, por ejemplo, en el 2011 diseñé e implementé desde la Contraloría General de la República un esquema de control fiscal electoral, y el año pasado lideré las elecciones de la Federación Nacional de Cafeteros como gerente delegado. Toda esa experiencia me permite tener un conocimiento a cabalidad de esta entidad.

 

Á. J.: ¿De qué manera asumirá, en cabeza de la entidad, el desafío que representa el plebiscito para la paz?

 

J. C. G.: Lo dije desde el día de mi posesión: si el Congreso aprueba la ley de plebiscito, si pasa el control de la Corte Constitucional y si, además, se firman los acuerdos en La Habana, la Registraduría alistará un proceso de votación con todas las garantías para que la población se pueda expresar en las urnas, a favor o en contra. Tendremos un tiempo muy corto y será un reto equivalente a una elección presidencial. Sin embargo, los colombianos pueden esperar dedicación absoluta de parte de una entidad técnica como la nuestra para que todo resulte perfectamente.

 

Á. J.: ¿Qué tan efectivos cree que han sido los mecanismos de participación ciudadana en Colombia?

 

J. C. G.: Hasta el momento, tenemos como base la Ley 134 de 1994, pero hemos podido ver que esos mecanismos no han sido utilizados ni han sido muy efectivos, tal vez porque son muy estrictos los requisitos para acceder y para que estos procedan. Pensaría que se debe examinar qué tan conveniente es la regulación actual en temas de mecanismos de participación ciudadana para promover más su utilización.

 

Á. J.: ¿Cómo debemos entender el umbral planteado en el texto del plebiscito para la paz?

 

J. C. G.: Por lo aprobado en el Congreso, este plebiscito establece un umbral de aprobación diferente al descrito en la Ley 134. Para que se dé la refrendación, ese 13 % del censo electoral, equivalente a 4.396.625 votos, tiene que optar por el “Si”. No importa si la participación total de votantes supera ese porcentaje, para efectos de la aprobación es necesario que la opción del “Si” obtenga el mínimo establecido, de lo contrario se entenderá que los acuerdos no han sido refrendados.

 

Á. J.: ¿Va a haber una depuración especial del censo electoral para este plebiscito?

 

J. C. G.: El censo viene en un proceso de depuración constante y lo seguiremos haciendo, corrigiendo equivocaciones, en temas de registros civiles de defunción, por ejemplo. El asunto es la determinación de qué censo electoral debe usarse para el plebiscito; en principio, debe utilizarse el de las elecciones del 2015, pero la depuración no para.

 

Á. J.: Su antecesor impulsó algunas reformas electorales que no tuvieron éxito. ¿Promoverá algo similar?

 

J. C. G.: Me parece interesante pensar en una reforma a la ley electoral, porque el código viene del año 1986 (D. 2241), siendo modificado en muchas ocasiones, por lo cual no es un estatuto organizado. Tiene vacíos, contradicciones y contempla cosas que se refieren a antes de la Constitución de 1991. Creo que es un momento muy importante para adelantar la discusión de lo que puede ser un nuevo Código Electoral, ya que vamos a tener elecciones solo en el 2018 y el 2019. Sería interesante que el Congreso de la República, partidos políticos, Consejo de Estado, Consejo Nacional Electoral y Registraduría Nacional empecemos a discutir sobre lo que puede ser una nueva legislación electoral.