Propuesta de reforma es para que la gente diga qué quiere de la justicia: Fernando Sarmiento Cifuentes

El año pasado, la Academia Colombia de Jurisprudencia (ACJ) celebró 125 años de existencia. Fundada en 1894, la ACJ es una de las instituciones jurídicas más respetadas del país. Defender la vigencia del Estado social de derecho en la sociedad colombiana y promover el estudio del Derecho y de los principios y valores en toda la comunidad jurídica nacional son tan solo dos de los propósitos que fijan sus estatutos.

 

En entrevista concedida a ÁMBITO JURÍDICO, el presidente de la ACJ, Fernando Sarmiento Cifuentes, habló sobre los aportes de esta institución al crecimiento del Derecho colombiano y reveló algunos detalles del proyecto de reforma a la justicia que lidera la Procuraduría General de la Nación (PGN) y en la que participa la ACJ.

 

De acuerdo con Sarmiento, hay muchas conductas de convivencia, pequeñas disputas ciudadanas que corresponden a temas policivos y que podrían ser atendidos por jueces de paz para descongestionar los despachos judiciales.

 

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Cómo va el proyecto de reforma a la justicia que promueve la PGN y en la que participa la ACJ?

 

Fernando Sarmiento Cifuentes: Desde septiembre del año pasado, el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, nos invitó a miembros de altos tribunales, líderes sindicalistas y regionales, académicos, expertos, etc., a hacer aportes para un proyecto de reforma a la justicia.

 

Ahora, en febrero, se debe producir una sesión de clausura, en la que se presentarán los resultados de la gran encuesta nacional que ha hecho la Procuraduría General con participación ciudadana en las regiones.

 

Creo que será un gran momento para que el país tenga una presentación de lo que puede ser una buena reforma judicial que, si no es perfecta, por lo menos, es oportuna.

 

Á. J.: ¿Qué tipo de reforma a la justicia necesita el país?

 

F. S. C.: La PGN ha venido trabajando en una estrategia que pretende conocer las necesidades de la ciudadanía en los delitos que la afectan: el hurto del celular, el robo de una bicicleta, el atraco callejero, entre otros.

 

Es que el procedimiento actual es muy burocrático, la justicia no actúa de oficio. Por eso, muchas veces, la gente no denuncia. Mire no más los delitos sexuales: las víctimas son revictimizadas por la propia justicia. El país tiene altos niveles de desprotección para niños, niñas y mujeres que deberían ser objeto de especial protección frente a agresiones sexuales y feminicidios.

 

Hay muchas conductas de convivencia, pequeñas disputas ciudadanas que corresponden a temas policivos y podrían ser atendidos por jueces de paz para descongestionar los despachos judiciales.

 

Á. J.: Es decir, ¿para este proyecto la ciudadanía será el objetivo principal?

 

F. S. C.: Por supuesto. Las reformas anteriores se ocuparon de las altas cortes, de sus competencias, etc. Esta vez se invirtió el orden de la pirámide para comenzar por la base. Los otros temas se analizarán más adelante, pero ahora se quiere que el ciudadano diga qué es lo que quiere en materia de justicia. Es lo que yo llamo democracia directa.

 

Á. J.: ¿Cómo recuperar la credibilidad en la justicia y en la administración judicial por parte del ciudadano?

 

F. S. C.: Es necesario mejorar en varios aspectos, como las demoras excesivas en los procesos, y que las decisiones de los jueces sean totalmente imparciales y oportunas. Una justicia tardía no es justicia.

 

Pero, además, el juez debe tener una excelente conducta social, ejemplarizante, que constituya un paradigma de comportamiento, no solo que sea un excelente jurista, que debe serlo, sino también que, por encima de todo, sea buena persona.

 

Á. J.: ¿Cómo ve la ACJ nuestro actual sistema de administración de justicia?

 

F. S. C.: Pues yo soy un ciudadano más y como tal veo que estamos agobiados por tanto procesalismo y una lentitud colonial que no hemos podido erradicar, no se entiende por qué los procesos judiciales tienen una duración tan extendida. Por eso, necesitamos que el sistema sea más robusto, más ágil, más democrático.

 

Un país moderno necesita de un sistema de justicia ágil, independiente, transparente, que asegure la protección de los bienes y honra y seguridad, como establece la Constitución Política.

 

Á. J.: Ahora que se discuten reformas en materia de educación y de justicia, ¿qué cambios requiere la formación en Derecho?

 

F. S. C.: En ese campo hay muchas materias pendientes. Hay que revisar los planes de estudio, mejorarlos mediante exámenes de Estado para que los nuevos abogados le brinden a la sociedad la seguridad de que son idóneos, y que los estudiantes profundicen sus conocimientos en materias jurídica, sociológica, constitucional, de Derecho Internacional y de derechos humanos, etc. Pero también las universidades deben morigerar el número de egresados para garantizar la excelencia académica.

 

Á. J.: ¿Qué importancia tiene para el país instituciones como la ACJ?

 

F. S. C.: La ACJ ha sido durante 125 años un faro protector del Derecho, que es la forma que tienen los pueblos de mantener su cohesión y sus condiciones civilizadas, de zanjar las diferencias que surjan en las relaciones sociales, para que se imponga la paz, pero una paz con democracia, con justicia social, con libertad y con respeto de los derechos humanos.

 

Á. J.: Y, en ese orden de ideas, ¿cuál ha sido su principal aporte?

 

F. S. C.: La ACJ ha representado para el país un aporte civilizatorio para salir de las guerras civiles, para atender la civilidad, para crear un Estado democrático y moderno como el que hoy tenemos, con libertades públicas reconocidas, y en esa tarea la ACJ ha sido un faro de luz que ilumina la historia nacional. 

 

Á. J.: Hace pocas semanas, la ACJ celebró 125 años de fundación. ¿Cómo fue la conmemoración? 

 

F. S. C.: Fue un acto solemne al que acudió la gran mayoría de miembros de número y la casi totalidad de los miembros correspondientes de la ACJ. Aprovechamos la ocasión para distinguir a tres miembros honorarios que se suman a los dos que hoy tenemos: Alfonso López Michelsen y Belisario Betancur.

 

En esta ocasión se elevó a esa categoría a las directoras de los capítulos de la ACJ de Medellín, Margarita Mena de Quevedo, y de Ibagué, Nohora Chavarro de Solanilla. El otro distinguido fue el procurador general, Fernando Carrillo Flórez, quien por largos años nos ha acompañado como miembro correspondiente.

 

Á. J.: ¿Qué viene para la ACJ en el 2020?

 

F. S. C.: Yo termino mi encargo en la Dirección de la ACJ el próximo 3 de febrero. Corresponde a las nuevas directivas asumir el análisis de varios temas de gran interés nacional. En materia histórica, por ejemplo, es muy importante que se haga un libro con ilustraciones muy interesantes y con estudios de carácter institucional, constitucional e histórico.

 

Es fundamental lo relativo a la organización territorial del país con unas nuevas leyes que permiten la integración de las distintas regiones colombianas, lo mismo que el análisis de los temas laborales. De esta manera, la ACJ estará pendiente de esos temas y con gran participación en la vida constitucional y legal del país.