“No podemos descartar de tajo la reforma a la justicia”

 

El pasado 9 de marzo, Enrique Gil Botero se posesionó como Ministro de Justicia. En una extensa entrevista dada a ÁMBITO JURÍDICO, el expresidente del Consejo de Estado habló sobre sus prioridades al frente de esa cartera, el Plan Decenal de Justicia, las iniciativas para implementar el Acuerdo Final de Paz y para atacar la corrupción y el procedimiento penal abreviado, entre otros temas.

 

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Cuáles serán sus principales retos en su nuevo cargo?

 

Enrique Gil Botero: Como lo dijo el presidente Santos, los principales retos serán concretar y sacar adelante el Plan Decenal de Justicia (2017-2027), que permita, en un plazo de 10 años, tener una oferta integral que llegue a todas las regiones y hacer lo posible por recuperar la confianza de los ciudadanos en la administración de justicia. Así mismo, impulsar la aplicación de la jurisdicción especial para la paz (JEP).

 

También concentraré la atención del ministerio en otros puntos: (i) afianzar el entendimiento del Gobierno con la Rama Judicial, el Ministerio Público y los entes de control, para lograr una política pública sectorial articulada; (ii) realizar una intervención en materia de política criminal, carcelaria y penitenciaria, en especial para humanizar y posibilitar un mejor tratamiento carcelario y penitenciario; (iii) robustecer el sistema de defensa jurídica del Estado, contribuyendo a la eficiencia fiscal del Estado; (iv) procurar una justicia más cercana al ciudadano, pronta y eficaz; (v) implementar políticas para mejoras en el ejercicio de la profesión de abogado y (vi) lograr alianzas con organismos de cooperación para el fortalecimiento del sector.

 

Á. J.: En razón a su experiencia como exmagistrado del Consejo de Estado, ¿qué le puede aportar a la cartera de Justicia?

 

E. G. B.: El paso por el Consejo de Estado me permitió conocer integralmente la Rama Jurisdiccional, sus bondades y sus defectos, lo cual será un punto de partida importante en este nuevo rol. Tengo “conocimiento de causa”, por lo que me será más fácil cumplir con la función de apoyar a la Rama Judicial en la solución de las necesidades para su funcionamiento. 

 

Á. J.: ¿Cuéntenos los objetivos centrales del Plan Decenal de Justicia?

 

E. G. B.: Este plan será el primero que tendrá Colombia, y con su implementación se perseguirá, cuando menos, el cumplimiento de los siguientes objetivos: (i) reformulación de la administración y gestión del sistema carcelario; (ii) fortalecimiento de los sistemas de información, sistematización y telecomunicaciones; (iii) participación ciudadana, rendición de cuentas y medición de resultados en cuanto al goce efectivo de los derechos y la convivencia; (iv) promoción de medios cercanos para gestionar los conflictos en ambientes no judiciales (mecanismos alternativos de solución de conflictos y justicia comunitaria) y (v) vinculación de la JEP y la jurisdicción agraria al sistema de justicia.

 

Á. J.: Al respecto, ¿cómo ha sido la intervención de la comunidad judicial en esta ambiciosa propuesta del Gobierno para mejorar la justicia?

 

E. G. B.: Las entidades encargadas de la elaboración de este plan son, además del Ministerio de Justicia y del Derecho –que funge como secretario técnico del proyecto-, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y el Departamento Nacional de Planeación.

 

Su intervención ha sido muy activa, recordemos que este plan impacta directamente su quehacer institucional, dado que se espera garantizar una justicia más incluyente, eficaz, eficiente, moderna y de fácil acceso para cualquier ciudadano.

 

Á. J.: Frente al presupuesto aprobado para la justicia en el 2017, ¿se garantizan recursos tanto para la justicia ordinaria como para la transicional?

 

E. G. B.: La Ley 1817 del 2016, que decreta el presupuesto para la vigencia del 2017, garantiza el funcionamiento ordinario de la Rama Judicial. Adicionalmente, se están gestionando los recursos para la JEP.

 

Á. J.: El Presidente de la Corte Constitucional hizo un llamado para que dicha entidad no afronte un estado de interinidad. ¿Qué responder a esta preocupación?

 

E. G. B.: La designación de los cuatro magistrados para ocupar las plazas de la Corte Constitucional es una tarea que no puede darse a la ligera. Las calidades humanas, profesionales y académicas de los candidatos deben garantizarse. Para el Presidente de la República, este es un tema prioritario y de gran trascendencia.

 

Á. J.: ¿Qué proyectos faltarían para implementar el Acuerdo de Paz con las Farc?

 

E. G. B.: Apoyaré lo que corresponda en su momento. En lo que compete al sector justicia, el Gobierno planteó cuatro proyectos clave al Legislativo, para la exitosa implementación del proceso. El primero, conocido como Ley de Amnistía, ya fue sancionado.

 

Los demás, que surten el trámite legislativo, son: el Proyecto de Acto Legislativo 002, por medio del cual se aplica el trato diferenciado a los agentes del Estado en la JEP; el Proyecto de Acto Legislativo 003, que crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, y el Proyecto de Acto Legislativo 01, el cual busca darle estabilidad y seguridad jurídica al cumplimiento del acuerdo en futuros gobiernos.

 

Á. J.: A casi cuatro meses de entrar en vigor el nuevo proceso penal especial abreviado, ¿qué se espera de este procedimiento?

 

E. G. B.: El procedimiento penal abreviado será la herramienta para agilizar el funcionamiento del sistema penal. Gran parte de las víctimas de los denominados delitos “menores” no denuncian, fruto de las ritualidades del proceso ordinario, por lo que se busca evitar la impunidad en torno a estos delitos. Adicionalmente, los delitos “menores” que se enuncian en el artículo 74 del Código de Procedimiento Penal –también denominados querellables–, como el hurto, lesiones personales, inasistencia alimentaria, estafa, abuso de confianza, injuria y daño en cosa ajena y lesiones personales, llegan a ser casi el 70 % del total de casos que conoce la Fiscalía.

 

Para el trámite de estos delitos, se pasará de un proceso de cinco etapas a solo tres: una audiencia inicial en la cual se comunicará a través de escrito de acusación al indiciado los cargos sobre los que se acusa (suprimiendo la audiencia de imputación y suspendiendo la prescripción de la acción), contando el acusado con un término de 60 días para preparar su defensa. Una segunda audiencia en la que se resolverá la incompetencia, impedimentos y recusaciones, nulidades, modificaciones al escrito de acusación, se hará el descubrimiento de elementos materiales probatorios por parte de la Fiscalía, los de la defensa, estipulaciones probatorias, y la enunciación y solicitud de pruebas.  Y una tercera–juicio oral– en donde se hará la práctica de pruebas, intervendrán las partes y se emitirá el sentido del fallo.

 

Á. J.: Dentro de las medidas para descongestionar la justicia, ¿cómo se ha avanzado en la oralidad, el expediente electrónico y la realización de audiencias virtuales?

 

E. G. B.: Actualmente, luego de las reformas procesales, la mayoría de jurisdicciones cuenta con un sistema oral. Paulatinamente, los sujetos procesales irán percibiendo una justicia más rápida y eficaz, gracias a la utilización de este instrumento de descongestión.

 

Sobre el expediente electrónico, a pesar de que tenemos importantes avances normativos en la Ley 270 de 1996, en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y en el Código General del Proceso (CGP), es palmaria la necesidad de aprovechar los múltiples beneficios que traen las nuevas tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) en los despachos judiciales del país. Hay algunos avances en el Portal Web de la Rama Judicial y, en especial, en materia contencioso administrativa, se implementaron la notificación electrónica y de los estados electrónicos, la visualización del calendario de audiencias a través del correo electrónico institucional vía webmail y desde la cuenta de notificaciones, y la utilización del portal como medio electrónico para incorporar información relacionada con la gestión procesal. El Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) como ente responsable, con la colaboración del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y otros organismos de cooperación, vienen realizando desde el año 2012 el Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial.

 

Por último, el CSJ reportó la realización de más de 6.000 audiencias virtuales en el 2016, situación que representa un gran avance y el resultado de un trabajo de varios años atrás. Lo relevante será aumentar esa cifra año a año para lograr cobertura nacional, mejorar el funcionamiento del sistema penal acusatorio, y aplicar cabalmente el CPACA y el CGP.

 

Á. J.: Háblenos de la iniciativa Misión Justicia, ¿qué saldrá de esta instancia, un proyecto de ley o medidas administrativas para solucionar los problemas estructurares de la Rama Judicial?

 

E. G. B.: De esta iniciativa, surgida en octubre pasado, hacen parte los presidentes de las altas cortes, los sindicatos de la Rama Judicial, el presidente del Legislativo y, por supuesto, el Ministerio.

 

Con este proyecto, se genera un espacio de reflexión frente a las contingencias que afronta la administración de justicia, como son, la tutela judicial efectiva, la celeridad y eficacia del servicio de justicia, el gobierno y la administración de la Rama Judicial, la independencia y autonomía presupuestal, la acción de tutela, el control disciplinario para los magistrados de altas cortes y la elaboración y ejecución del Plan Decenal de Justicia.

 

Á. J.: De acuerdo con los recientes escándalos de corrupción, ¿ya se están planeando medidas o proyectos que ayuden a hacer frente a esta problemática?

 

E. G. B.: El Gobierno permanece en su lucha contra la corrupción y, de hecho, tiene una hoja de ruta definida para este año. A principios, el presidente Santos firmó la Declaración por un Estado Abierto –concertada con la sociedad civil–, para que todas las ramas del Poder Público (no solo el Gobierno) cumplan unos estándares mínimos en transparencia, acceso a la información y datos abiertos y, adicionalmente, sancionó el Código de Ética y Disciplinario del Congresista.

 

En enero, se modificó el régimen de contratación con las entidades sin ánimo de lucro, para frenar los abusos en las contrataciones directas con estas entidades.

 

Y hay ya dos proyectos de ley para combatir la corrupción. También, por diferentes vías, se vienen tramitando iniciativas en ese sentido. El Ministerio de Justicia hará el análisis, el seguimiento y presentará propuestas frente a esos proyectos. Se debe trabajar en la racionalización del ordenamiento jurídico y en transmitir seguridad jurídica. No es con proliferación de normas que se garantiza la solución a un problema tan estructural como la corrupción.

 

Á. J.: Ante el desencuentro de los sindicatos de la justicia y el CSJ sobre la implementación de los centros de servicios judiciales en materia civil, ¿el Gobierno acompañará a las partes para impedir un paro judicial?

 

E. G. B.: Este es uno de los asuntos que espero estudiar. Como es de público conocimiento, el CSJ ha venido suspendiendo la entrada en vigencia del acuerdo sobre los centros de servicios judiciales del que se deriva ese desencuentro (PSAA15-10445 del 2015). La próxima fecha de entrada en vigencia es el 30 de abril del 2017, veremos qué pasa entretanto. Por supuesto, tendremos la disponibilidad para acompañar la solución de las diferencias entre el sindicato y el CSJ, respetando la independencia de este último.

 

Á. J.: Hay algunas inconformidades en la comunidad judicial frente a los concursos de méritos, ¿Cómo promovería una mayor agilidad en la provisión de cargos?

 

E. G. B.: El constituyente de 1991 y el legislador, mediante la Ley 270 de 1996, atribuyeron al CSJ la competencia para administrar la carrera judicial y dictar los reglamentos para su eficaz funcionamiento. Lo correcto sería suplir por carrera judicial (méritos) todas las vacantes como medida necesaria para garantizar la independencia de los jueces y evitar nombramientos interinos. El Ministerio estará presto para brindar el acompañamiento que se requiera, respetando la autonomía de la Rama Judicial.

 

Á. J.: En los últimos 25 años, han sido excluidos de la profesión 480 abogados, ¿qué hacer para mejorar la formación?

 

E. G. B.: La academia se ha enfocado en la formación de profesionales con aptitudes técnicas, dejando un poco de lado la necesidad de brindar una formación integral, en la que las humanidades sean transversales al proceso. Lo anterior, llamado por Martha Nussbaum como “la crisis silenciosa”, es un reclamo, al que me sumo, por las humanidades. No solo es necesario perfilar mentes críticas, con amplios conocimientos aplicados y que puedan desmenuzar la realidad, sino, además, dejar fuertes bases humanas en el ser, y que sean estas mentes quienes busquen comprender el complejo mundo de estos días, basados en una educación para la democracia.

 
Á. J.: ¿Qué posición tiene frente a la propuesta de cadena perpetua que se tramita para castigar algunos delitos?

 

E. G. B.: En la actualidad, las corrientes del humanismo ilustrado, el positivismo criminológico y la criminología crítica entienden y desarrollan el concepto de la pena perpetua desde diferentes perspectivas. Sin querer restarle importancia a los delitos sobre los que se pretendería imponerla, este tipo de iniciativas requiere de un estudio profundo, por los fuertes impactos que genera sobre la sociedad, además de la necesidad de analizar el fin y los límites de la misma. El debate debe ir más allá del repudio que genera este tipo de conductas. Habrá otros escenarios en donde se podrá discutir de forma abierta sobre el tema, con la academia, la sociedad civil y las diferentes entidades del sector. 

 

Á. J.: ¿Qué opina de la solicitud del Defensor del Pueblo de cerrar cárceles para superar el estado de cosas inconstitucional en esta materia?

 

E. G. B.: El humanizar y posibilitar un mejor tratamiento para la población carcelaria, con el ánimo de resocializarla, es algo con lo que estoy completamente de acuerdo. La privación de la libertad debe ser la última alternativa a la que debe acudirse, pues destruye no solo a la sociedad, sino a la familia. La política criminal debe ser más abierta, con fines que entiendan la libertad como un principio, un valor y un derecho. Claramente, es necesario evaluar la incidencia de las conductas criminales en la sociedad y los valores que pueda transgredir, con el ánimo de darle el tratamiento privativo a las conductas punitivas que merezcan este tratamiento, pero existen otros mecanismos que no necesariamente impliquen llegar a niveles del estado de cosas inconstitucional.

 

Á. J.: ¿Descartada cualquier reforma a la justicia?

 

E. G. B.: No podemos descartar de tajo la reforma a la justicia, pues la misma es necesaria. Por ello, se creó la iniciativa Misión Justicia. No obstante, se debe tener en cuenta el corto periodo de gobierno y la viabilidad de su trámite en ese tiempo; también es importante esperar los resultados de la Misión Justicia.