“No intervendremos en la convocatoria para elegir a defensores públicos”

Juan Camilo Rivadeneira

Redactor ÁMBITO JURÍDICO

 

El primer trimestre de este año ha tenido como gran protagonista para la comunidad jurídica en general a la Defensoría del Pueblo, debido a las diversas opiniones que ha generado la convocatoria para elegir a alrededor de 4.000 defensores públicos en todo el país, a las distintas alertas tempranas formuladas en torno a la difícil situación de seguridad que sufren los líderes sociales y al seguimiento que ha hecho esa entidad a la problemática humana y ambiental generada como consecuencia del proyecto Hidroituango en el río Cauca.

 

En entrevista con ÁMBITO JURÍDICO, el abogado Carlos Alfonso Negret Mosquera, que encabeza esa entidad, despejó varias dudas respecto a estos temas e hizo un balance sobre su gestión.

 

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Cuáles son los principales resultados de su gestión en estos dos años y medio como Defensor del Pueblo?

 

Carlos Alfonso Negret. No me corresponde a mí resaltar resultados de gestión, pero sí puedo destacar que estoy cumpliendo lo que dijimos el día que asumimos este reto y es que sería un Defensor de terreno. Y, dentro de ese marco, he podido visibilizar gran parte de la problemática que tiene este país en muchas zonas olvidadas durante años por el Estado. Hemos recorrido el país demostrando que la entidad, aunque no tiene dientes, muerde para persuadir a las autoridades de entablar acciones ambiciosas para respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Nuestra presencia en los lugares más lejanos y vulnerables, porque llegamos donde ninguna otra institución llega, sumado a la credibilidad y confianza de los ciudadanos, es lo que nos permite recomendar y movilizar la respuesta estatal para prevenir violaciones a los derechos fundamentales.

 

Por otro lado, me siento satisfecho con el posicionamiento que estamos teniendo en el escenario internacional. La fortaleza de nuestra entidad ha llevado a que 112 instituciones nacionales de derechos humanos, como la Defensoría, me hayan elegido Presidente de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, para asumir su representación y vocería ante las instancias más importantes de las Naciones Unidas.

 

Á. J.: ¿Qué está pasando con la seguridad de los líderes sociales? ¿Qué política integral es la que se necesita?

 

C. A. N.: A los líderes, lideresas, defensores y defensoras hay que cobijarlos, respaldarlos y hacer que todo el país entienda la importancia de su labor. Ellos quieren mejorar la situación en la que están sus comunidades y que se hagan efectivos sus derechos, incluso arriesgando sus propias vidas o las de sus familiares. Nuestro rol como Estado es otorgar garantías para que puedan ejercer su labor y ello implica ser ambiciosos en las estrategias que no solamente pasan por el plano de la seguridad física, sino, especialmente, por su reconocimiento y lucha por la no estigmatización.

 

Nosotros estamos constantemente advirtiendo situaciones de riesgo en su contra a través de la emisión de alertas tempranas y poniendo todo el empeño para impulsar una respuesta gubernamental oportuna y efectiva. La clave de la efectividad radica en articular todos los mecanismos institucionales bajo una misma premisa: los líderes sociales y defensores de derechos humanos son un activo de nuestra democracia que debemos proteger.

 

Á. J.: ¿Pero las alertas tempranas enviadas a los organismos del Estado son eficaces?

 

C. A. N.: Puedo garantizar que estas alertas son oportunas y acertadas, toda vez que estamos en los territorios caminando por las veredas y los pueblos donde los actores armados quieren ejercer control, para llamar la atención de las autoridades, no solamente de su presencia, sino particularmente de las vulnerabilidades que les facilitan a estos grupos intimidar a la población. Me refiero, concretamente, a la falta de garantías para el ejercicio del derecho a la salud, la educación, la alimentación; en definitiva, a vivir en condiciones dignas, en tanto ello favorece el accionar de los actores armados. Ahora bien, su efectividad depende de la capacidad de articulación institucional del Gobierno Nacional y las autoridades locales para responder rápidamente a nuestra advertencia.

 

Á. J.: Un sector de la opinión ha relacionado estos asesinatos sistemáticos con el genocidio de la Unión Patriótica (UP). ¿El país está viviendo un panorama similar a ese exterminio?

 

C. A. N.: Lo he expresado en varias oportunidades: no podemos permitir que se repita lo sucedido contra la UP en las décadas de los ochenta y noventa. La Fiscalía, que es el órgano competente para pronunciarse sobre la existencia de patrones de sistematicidad, ha manifestado que, en efecto, existen algunos parámetros, desde el punto de vista de las víctimas. Esto, si se tiene en cuenta que la violencia se está ejerciendo con un grupo poblacional que guarda características similares: son en su mayoría líderes campesinos, afro e indígenas que están promoviendo en sus territorios la defensa de los derechos humanos y sus intereses colectivos. Una situación de diferentes características, pero igual de grave al exterminio de la UP.

 

Á. J.: Cambiando de tema, ¿cómo va la convocatoria para defensores públicos?

 

C. A. N.: En lo personal, estoy satisfecho por esta apuesta que hemos hecho por la transparencia, la igualdad y el principio de selección objetiva. Y es que he decidido renunciar a la discresionalidad para seleccionar a alrededor de 4.000 contratistas que ejercen la defensa pública en Colombia, y llevar a cabo una convocatoria abierta para que cualquier abogado o abogada que cumpla con unos requisitos mínimos para el ejercicio del litigio pueda presentar una evaluación de conocimiento y competencia que le permita a la Universidad Nacional calificarlos y entregar un listado por orden de puntaje que signará la contratación de estos abogados. La Defensoría no intervendrá en ninguna fase del proceso de selección y, además, se ceñirá estrictamente a ese listado para contratarlos.

 

Las cifras hablan por sí mismas del éxito de este proceso: la página web de la convocatoria fue consultada 958.824 veces entre el 15 al 28 de enero, que fue el periodo de inscripciones; 16.602 personas se inscribieron y, de ellas, 7.444 cumplieron con los requisitos para presentar la prueba del pasado domingo.

 

Á. J.: ¿Cuál es la posición institucional sobre las protestas de los defensores públicos por la convocatoria?

 

C. A. N.: Comprendo que esta decisión no sea compartida por el total de defensores que actualmente tienen contrato con la entidad, pero, a su vez, sé que ellos entenderán que el país nos demanda a las instituciones del Estado ir más allá en la búsqueda de las máximas condiciones de transparencia en la administración pública. El resultado del plebiscito anticorrupción da fe de lo que digo.

 

En efecto, tengo que decir con total serenidad, pero igualmente con total claridad y contundencia, que muchas de sus afirmaciones son injustas con la verdad. Algunas personas han querido manchar este proceso afirmando sin sustento que es un mecanismo para sacar ventajas personales, pero esta convocatoria no tiene ningún interés oculto y en los términos están claras todas las garantías que hemos otorgado para que la contratación sea signada por la transparencia.

 

Á. J.: ¿Esta convocatoria pública busca reemplazar a los actuales defensores? ¿Se han realizado evaluaciones de desempeño o el retiro de los funcionarios es discrecional?

 

C. A. N.: De ninguna manera. La convocatoria no le restringe la puerta a nadie e incluso de ello es que depende su éxito. Muestra de esto es que casi la mitad de los admitidos para presentar las pruebas han manifestado ser o haber sido defensores públicos. En Colombia, hay alrededor de 320.000 abogados habilitados para el litigio y nosotros lo que queremos es que los mejores 3.600 que tengan interés sean los defensores públicos que se merecen los colombianos más humildes que deben comparecer a la justicia para garantizar la mejor defensa y el debido proceso.

 

Á. J.: Los defensores públicos hablan de explotación laboral con baja remuneración económica, que existe mora en el pago de los salarios y sobrecarga de trabajo. ¿Qué responderles?

 

C. A. N.: Como saben, ni la modalidad de contratación ni la definición de los honorarios de los defensores públicos dependen de mi cargo. Es la Ley 941 del 2005 la que nos determina que su vinculación se hace a través de un contrato de prestación de servicios que no genera vínculo laboral, y es el presupuesto general de la Nación el que nos determina los recursos con los que contamos para su vinculación.

 

Mi opinión y anhelo es generar las mejores condiciones, con el fin de que ejerzan sus funciones para el buen funcionamiento de la administración de justicia, pero la ley me impone un esquema, y yo juré acatar la Constitución y las leyes y así debo proceder.

 

Á. J.: ¿El país ha avanzado frente a los estados de cosas de inconstitucionalidad declarados por la Corte Constitucional sobre desplazamiento forzado, hacinamiento carcelario y protección a la niñez de La Guajira? 

 

C. A. N.: La Defensoría del Pueblo, al realizar los informes de seguimiento frente al cumplimiento de las órdenes que la Corte Constitucional ha impartido a cargo de las diferentes instituciones del Estado (Sent. T-025/04, T-388/13, T-762/15 y T-302/17), ha identificado una serie de factores comunes que no permiten hablar de avances importantes en lo que se refiere a la superación de estas problemáticas. Dichos factores son, por una parte, un alto grado de desarticulación institucional reflejados en la ausencia de verdaderas líneas de ruta y planes de acción efectivos con periodos de ejecución imperativos. Por otra parte, la falta de asignación presupuestal suficiente para materializar los objetivos propuestos. 

 

Á. J.: ¿Considerando que la Corte ha reconocido derechos al río Atrato, la Defensoría tiene planeado tomar acciones en el tema de Hidroituango y el río Cauca?

 

C. A. N.: Esta entidad, en cumplimiento de su mandato constitucional, analizó la problemática que se viene presentando por la construcción de la represa a la luz de los principios rectores de derechos humanos y las empresas, bajo el concepto de debida diligencia corporativa que, entre otros aspectos, comprende la transparencia, accesibilidad y publicidad de la información; la identificación de riesgos e impactos sobre estos derechos y la reparación de los daños causados.

 

Así, y en procura de la salvaguarda de los habitantes de la región, fueron conformados equipos interdisciplinarios desde el nivel nacional y regional que se desplazaron al territorio, con el fin de evaluar la situación e identificar los impactos que la grave contingencia ecológica tiene sobre el goce efectivo de los derechos humanos de las comunidades ribereñas. Bajo tal orientación, se están determinando las acciones a desplegar para que el río Cauca, al igual que el Atrato, sea considerado por este alto tribunal como sujeto de derechos y titular de protección.