“Las investigaciones sobre ‘falsos positivos’ están en el limbo”

En su primera entrevista dada a un medio de comunicación después de su salida de la Fiscalía General de la Nación, Néstor Humberto Martínez hace un balance de su gestión al frente de esa entidad, responde a algunas críticas de sus contradictores y habla sobre temas espinosos de actualidad, como el resultado de las objeciones a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), las investigaciones contra Jesús Santrich y el futuro penal de los “falsos positivos”. En exclusiva, Martínez respondió un cuestionario enviado por ÁMBITO JURÍDICO.

 

PEDRO ANTONIO MOLINA SIERRA

JOSÉ WILMAR PATIÑO BALLESTEROS

Editores ÁMBITO JURÍDICO

 

ÁMBITO JURÍDICO: En materia del uso de la tecnología y de la inteligencia artificial para mejorar la investigación judicial, ¿qué gestión puede mostrar durante su paso por la Fiscalía General de la Nación (FGN)?

 

Néstor Humberto Martínez: Dimos un paso enorme hacia la modernidad. Los sistemas funcionales de la FGN, como me comprometí desde mi posesión, permitirán, finalmente, que toda la actividad misional del ente acusador se lleve a través de la tecnología del siglo XXI. Le doy varios ejemplos: hoy, la FGN cuenta con un censo delictivo que les permite a las autoridades formular política criminal a partir del conocimiento en tiempo real de los delitos que están ocurriendo, debidamente georreferenciados; este censo ya se comparte con las alcaldías y las gobernaciones.

 

La denuncia virtual es una realidad a través del programa Adenunciar, que ya llega al 18 % de las denuncias nacionales y, solo en Bogotá, alcanza el 85 % de las denuncias de hurto. ¡Una revolución! El reparto es hoy automatizado y antes de hacerse las asignaciones a los fiscales se hacen asociaciones de casos, por razones de eficiencia e impacto en la lucha contra el crimen, a través del programa Watson. Gracias a este, casos que estaban dispersos por todo el país y que corresponden a una misma organización criminal hoy se investigan bajo una sola cuerda con un impacto disuasivo y de eficiencia sin antecedentes. Y no puede dejarse de mencionar que el expediente digital al fin es una realidad en la justicia, en la FGN. Todo esto tendrá un gran impacto en las capacidades del Estado contra el delito.

 

Á. J.: ¿Qué balance hace frente a la modernización de la entidad?

 

N. H. M.: Lo más importante es que entramos en la era de la inteligencia artificial. Tenemos una posición de vanguardia a nivel iberoamericano para prevenir y reprimir el delito. Que en fracciones de segundos el sistema operacional de la FGN encuentre casos análogos en 13 millones de registros para hacer una sola investigación es algo inédito. O la puesta en marcha de modelos predictivos sobre reincidencia, que facilita a los fiscales solicitar medidas de aseguramiento por razones de peligrosidad, a través de mecanismos objetivos que acceden a bases de datos de la policía, del sistema penal oral acusatorio (SPOA), del Inpec, etc. O la identificación de presuntas empresas que favorecen el narcotráfico, mediante programas que identifican desviaciones de consumo de gasolina en zonas de cultivos ilícitos, lo que permitió establecer la existencia de estaciones que en zonas marginales del país venden más gasolina que una exitosa estación de Bogotá. O la capacidad de priorizar investigaciones en delitos de masa mediante información virtual…

                         

Á. J.: ¿Cuáles fueron los resultados de la estrategia Bolsillos de Cristal, específicamente en la lucha contra la corrupción en la justicia?

 

N. H. M.: Bolsillos de Cristal es el programa más importante que autoridad alguna haya puesto en marcha en la lucha contra la corrupción. En apenas tres años logramos develar modelos de corrupción sistémica en todas las regiones del país y en sectores específicos de la actividad pública: la justicia, las pensiones, el programa de alimentación escolar, la salud, etc. Se judicializaron a 3.000 personas, la mitad funcionarios públicos y la otra mitad contratistas del Estado. Pero nunca a servidores de bajo rango, sino a los determinadores y capos de cuello blanco de todas estas conductas ilegítimas que lesionan el patrimonio público. En el sector justicia nunca se había llegado tan lejos, a nivel de las cortes, los tribunales y los jueces, pasando por la propia FGN, en la que se capturaron e imputaron por delitos contra la administración pública o la administración de justicia a 122 funcionarios. Un complemento de este programa era el proyecto de ley anticorrupción que personalmente promoví durante dos años y que terminó en la caneca al final de la legislatura pasada. Una verdadera pena.

 

Á. J.: ¿Qué le faltó desarrollar al frente de la FGN o le quedó en el camino?

 

N. H. M.: Siempre será mucho lo que puede hacerse, que requiere un horizonte de tiempo más amplio. Pero creo que uno de los mayores aportes a la FGN que requiere más tiempo para consolidarse es el de la lucha contra las finanzas criminales. No es posible desvertebrar estructuras organizadas del crimen, si no se incauta su patrimonio ilícito. Para eso, hay que seguir avanzando en las investigaciones “espejo” que pusimos en marcha: cada seguimiento a una banda u organización criminal, necesariamente, debe dar lugar a la apertura de una investigación sobre sus finanzas criminales. Y los resultados ya estaban a la vista: al terminar el mes de mayo del 2019, en tan solo tres años, logramos incautar 14 billones de activos ilícitos. Algo así como dos reformas tributarias… Una barbaridad… y lo que falta…

 

 

Á. J.: ¿Cree que hace falta endurecer las normas para combatir el crimen organizado?

 

N. H. M.: No lo creo. La Ley 1908 del 2018, que personalmente promoví en el Congreso, nos puso al día en herramientas para perseguir a los grupos armados organizados y las bandas criminales. Para los cabecillas de estas organizaciones, hasta 27 años de prisión. Y tipificamos el asesoramiento a estos grupos, bien sean abogados, arquitectos, economistas, administradores, con penas hasta de 20 años de prisión. Ampliamos hasta tres años el término de la detención preventiva. Y las herramientas de investigación quedaron modernizadas para estos fines: las posibilidades de adelantar operaciones encubiertas virtuales, la restricción al uso de cuentas bancarias o efectivo… en fin.  

 

Á. J.: Pero sigue aumentando el hurto común y la sensación de inseguridad en las ciudades.

 

N. H. M.: Es una realidad. Y esto tiene que ver mucho con la detención preventiva y la reincidencia. Un asunto sobre el cual las reformas legales solas han sido insuficientes. El problema es que hay unos profesionales del delito que operan en las calles y el sistema judicial no los retiene, queda expuesta la sociedad permanentemente a sus amenazas. El año pasado, el 55 % de los delincuentes que afectaban la seguridad ciudadana eran reincidentes.

 

Á. J.: Entonces, ¿qué hacer para que los que sientan miedo sean los delincuentes y no los ciudadanos?

 

N. H. M.: La respuesta es una sola: que la escuela garantista del Derecho Penal entienda las realidades nacionales.

 

Á. J.: ¿Qué errores cometió? ¿Se arrepiente de alguno de ellos?

 

N. H. M.: Seguramente muchos… por ejemplo, creo que al final del trámite de la Ley Anticorrupción debí ser más firme en mi interacción ante el Congreso y mostrarles a los parlamentarios y al país la importancia de la iniciativa. Con el sistema de penas y beneficios actuales robar el erario público o recibir multimillonarias coimas termina siendo un chiste. Así es imposible derrotar la corrupción.

 

Á. J.: ¿Fue un desgaste innecesario el trámite de nuevas objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP?

 

N. H. M.: Para nada. Por razones políticas en contra del gobierno, el país se montó irresponsablemente en una cresta sofista de defensa de la paz y lo que terminó fue haciéndole daño e incumpliendo el Acuerdo Final. El tiempo nos va a dar la razón más temprano que tarde. Por ejemplo, ¿usted cree que era innecesario llamar la atención del país sobre el hecho de que se limite la extradición o que un reinsertado pueda seguir con cultivos ilícitos, en medio del boom actual, y mantenga el sistema de beneficios de la JEP y no pueda ser perseguido por la justicia ordinaria? ¡Qué horror! ¿En qué país vivimos?

 

Á. J.: ¿No es una mala señal institucional haber dejado la FGN sin terminar el periodo?

 

N. H. M.: Lo que es una mala señal institucional es que se haya creado una jurisdicción especial para la transición y esta no esté cumpliendo con sus responsabilidades, por un mal entendido compromiso con la paz. La JEP no pudo establecer en más de un año lo que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia logró en apenas una semana: verificar que la solicitud de extradición del nuevo congresista correspondía a hechos posteriores a la firma del Acuerdo de Paz. Había que llamar la atención, como se logró, con una decisión que para muchos fue audaz, pero para mí totalmente responsable. Esto no puede seguir así y alguien tenía que provocar un cuestionamiento al estado de cosas antijurídico que está emergiendo en la transición.

 

La JEP no pudo establecer en más de un año lo que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia logró en apenas una semana: verificar que la solicitud de extradición del nuevo congresista correspondía a hechos posteriores a la firma del Acuerdo de Paz”.

 

Á. J.: Los críticos de su gestión dicen que su paso por el ente acusador demostró que hay que fortalecer las inhabilidades para ser fiscal. ¿Qué responder?

 

N. H. M.: La ignorancia es atrevida. Quienes así piensan no saben cómo funciona la justicia ni mucho menos la FGN. Creen que el Fiscal General es el encargado de llevar los dos millones de noticias criminales que tiene la entidad y desconocen que hay más de 5.000 fiscales que, de manera autónoma, tramitan todas las investigaciones a lo largo del país, respecto de las cuales el jefe del ente acusador no asume competencia. Esto es tan absurdo como hablar de inhabilidades al Presidente de la Corte Suprema de Justicia por los procesos que llevan los jueces de circuito. ¡Ni más, ni menos! 

 

Á. J.: ¿Se atreve a dar candidatos a la terna para fiscal? ¿debe ser penalista?

 

N. H. M.: La respuesta es la de siempre: es asunto del fuero presidencial, que no puede ser interferido.

 

Á. J.: ¿Qué responde a las críticas de un supuesto entrampamiento contra Jesús Santrich y a permitir operar a la DEA con recursos de la Fiscalía?

 

N. H. M.: Ni lo uno ni lo otro. En un debate reciente sobre este tema en el Congreso de la República, la FGN hizo una muy clara defensa del asunto. Por ejemplo, después de la declaración que hemos conocido de Marlon Marín, nacido de las propias entrañas farianas, ¿cómo hablar de entrampamiento a Santrich, si fue el propio Marín el que le propuso a aquel llevar adelante un negocio de narcotráfico?

 

Á. J.: ¿Apoya el referendo que pide unificar las cortes, derogar la JEP y reducir el Congreso?

 

N. H. M.: No conozco el detalle de estas propuestas tan diversas. En lo que tiene que ver con la JEP, he dicho una y otra vez que lo que tenemos que asegurar es que cumpla sus funciones sin sesgos ideológicos. Es la columna vertebral indispensable para el cierre jurídico del conflicto armado.

 

Á. J.: El fiscal ‘ad hoc’ para el caso Odebrecht denunció irregularidades en la FGN, como demoras en las órdenes de captura internacionales, ¿es cierto que se retiraron delitos en las acusaciones?

 

N. H. M.: Ese caso no estaba a mi cargo y sí leí de esas observaciones. Me parece que los fiscales encargados de estos asuntos dieron explicaciones satisfactorias al respecto ante la opinión pública.

 

“… después de la declaración que hemos conocido de Marlon Marín (…), ¿cómo hablar de entrampamiento a Santrich, si fue el propio Marín el que le propuso a aquel llevar adelante un negocio de narcotráfico?

 

Á. J.: ¿Todos los procesos de “falsos positivos” quedaron en manos de la JEP? ¿Quién debería investigar estos delitos?

 

N. H. M.: Su pregunta es muy importante hoy y muestra la gravedad de no haber aprobado las objeciones. Los llamados “defensores de la paz” jugaron con candela. Que lo sepa el país: las investigaciones sobre “falsos positivos” están en el limbo. Sí, así como lo oye. La Ley Estatutaria de la JEP afirma que la FGN debe seguir todas estas investigaciones hasta tres meses antes de que la JEP expida la resolución de conclusiones, cosa que no ha ocurrido; es decir, la JEP no lleva a cabo esas investigaciones formalmente en la actualidad.

Pero como la modulación constitucional que hizo la Corte a la Ley Estatutaria de la JEP dice que la FGN no puede disponer la “citación a diligencias judiciales”, en la práctica, estas investigaciones quedaron paralizadas en seco, porque en el sistema oral toda la investigación se hace a través de diligencias. De hecho, estaban listas citaciones a imputaciones por “falsos positivos” que quedaron frenadas. En síntesis: la JEP no ha asumido competencia formal para estas investigaciones, y la Fiscalía, que legalmente tiene esa competencia, no puede ejercerla, porque le prohibieron citar a diligencias judiciales. Y todos tan eufóricos con el archivo de las objeciones. 

 

Á. J.: ¿Qué avances hizo la Fiscalía que usted presidió frente a la investigación y el esclarecimiento de los homicidios contra los líderes sociales?

 

N. H. M.: Nunca antes se avanzó tanto en investigaciones criminales por homicidios. Al término de mi gestión, se había establecido autoría en el 60 % de los asesinatos contra nuestros líderes y defensores de derechos humanos ocurridos entre el 2016 y el 2019, según listados ONU. Y, de ese porcentaje, el 25 % eran autores intelectuales o determinadores de esos homicidios. Un compromiso mayúsculo, si se tiene en cuenta que la tasa histórica de esclarecimiento de asesinatos en la Fiscalía era escasamente del 14 %.

 

Á. J.: ¿Qué responder a quienes ya lo ven como candidato presidencial del uribismo para el 2022? ¿Qué futuro político o jurídico le espera?

 

N. H. M.: Cero política. Por ahora, dedicado a actualizar mis obras de Derecho Bancario y de Derecho Societario. Volver a la academia ha sido un bálsamo.