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“La Corte redoblará esfuerzos para cumplir con los procesos suspendidos”

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“La Corte redoblará esfuerzos para cumplir con los procesos suspendidos” (Humberto Pinto)

Invitado edición 495

     

     Juan Camilo Rivadeneira Vélez

     Redactor Ámbito Jurídico

 

 

Una de las etapas más importantes en la vida de la Corte Constitucional ha sido la revisión del paquete normativo que desarrolla e implementa el proceso de paz suscrito entre el Gobierno y las Farc, pues asegura que la justicia transicional cumpla con todos los principios y postulados de la Constitución Política de 1991. De ahí que el presidente de esa corporación, Alejandro Linares Cantillo, considere que ese es uno de los temas más apasionantes en su labor, en tanto es un reto que ningún otro país del mundo ha enfrentado.

 

En entrevista con ÁMBITO JURÍDICO, Linares habló sobre la modernización de la corporación, la suspensión de procesos y la pronta publicación de los fallos de paz, así como de la percepción que tienen algunos sectores de que el alto tribunal legisla.

 

ÁMBITO JURÍDICO: Con su llegada a la Presidencia de la Corte Constitucional, ¿cuáles retos ha identificado como los principales?

 

Alejandro Linares Cantillo: Los retos son muy grandes. Como lo he dicho en varias oportunidades, todo Presidente de la Corte Constitucional tiene tres sombreros: el de su gestión misional, el de la vocería externa y el de la gestión interna. Dependiendo del momento, considero que cada Presidente deberá moverse dentro de este triple rol. De manera particular, este año, el reto más importante es modernizar internamente a la corporación, hacer que los procesos sean más transparentes y eficientes. Este último frente es en el cual más he enfocado mi labor.

 

Á. J.: ¿Cómo será el uso de tecnologías para digitalizar fallos de tutela y en qué consiste la aplicación de inteligencia artificial para su selección?

 

A. L. C.: Este es un tema en el que aún estamos trabajando con el Consejo Superior de la Judicatura y el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. La idea es poder avanzar en este tipo de acción con la tecnología de expediente digital, es decir que, en lugar de las montañas de expedientes que actualmente llegan y que ocupan pasillos y parqueaderos, se tenga una adecuada gestión documental, al ser digitalizados e inventariados con la ayuda de nuevas tecnologías. En cuanto a la inteligencia artificial, hoy es posible tener un proceso de “aprendizaje automático o de máquina”, en el que se incluyan los criterios básicos de selección, de manera que pueda servir de primer filtro en este proceso.

 

Á. J.: ¿La tecnología garantiza acabar con la corrupción o también se trabajará en el talento humano?

 

A. L. C.: No existe un mecanismo digital que acabe 100 % la corrupción, pero la tecnología sí la mitiga, hace más difícil que se materialice este tipo de conductas. Y es que es indispensable fortalecer la selección del talento humano. Para ello, estamos trabajando en la formación del talento humano y en la creación de un sentido de pertenencia con la sociedad civil, el Departamento Administrativo de la Función Pública, la academia y las agencias de cooperación internacional. Sin dejar de mencionar que, de la mano con Transparencia por Colombia, estamos desarrollando un diagnóstico de las debilidades de la Corte, que nos permitirá afrontar mejor los retos que tenemos frente a nosotros.

           

Á. J.: ¿Qué otras medidas son necesarias para fortalecer la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas?

 

A. L. C.: No podemos ahorrar esfuerzos en las medidas que nos permitan fortalecer la transparencia y el acceso a la información. De hecho, en el marco del Pacto de Pasto, suscrito en septiembre del año pasado, procuramos dar un estricto cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley Estatutaria de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional. También se han empleado esfuerzos en transparencia pasiva, esto es, dar respuestas claras, oportunas y suficientes a la ciudadanía, en los términos de la Ley 1755 del 2015, que desarrolla el derecho de petición.

Justamente, con el National Center for State Courts hemos venido estudiando las mejores prácticas de los tribunales de EE UU. En abril, la corporación se adhirió a la Declaración de Compromisos por un Estado Abierto, con el fin de avanzar en un plan de acción de la institución hacia una justicia abierta.

 

Á. J.: Varios países televisan las sesiones de Sala Plena de sus altas cortes, ¿esto podría pasar en Colombia?

 

A. L. C.: En la actualidad nuestro reglamento, en consonancia con la ley, establece la reserva en las deliberaciones, lo cual ha sido una tradición desde 1991. Calculo que este es un debate que eventualmente puede darse, dado el papel protagónico que tiene este alto tribunal en decisiones trascendentales; sin embargo, no hay que olvidar que, en el proceso de toma de dichas decisiones, generalmente, se recurre a audiencias públicas, que se transmiten en vivo y que publicamos como ejercicio de transparencia.

 

Á. J.: Algunos sectores critican la tardanza en la publicación de fallos de paz, ¿qué puede decirnos?

 

A. L. C.: Estamos haciendo todo lo humanamente posible para cumplir con los tiempos que dispone nuestro reglamento interno. Sin embargo, la dinámica interna a veces implica demoras, sobre todo en el proceso de firma de las sentencias, en el que generalmente cada magistrado lee de nuevo el fallo y se asegura de que la parte motiva refleje de manera clara la decisión ya tomada, y esto a veces es dispendioso. En este proceso, claro está, no se puede modificar el resolutivo ni la razón de la decisión.

 

Á. J.: ¿Hay represamiento en decisiones sobre normas ordinarias demandadas, por la priorización de temas del ‘fast track’?

 

A. L. C.: Más que un represamiento, creo que nos espera una labor muy ardua. Ya hemos empezado a levantar términos en varios procesos y debemos retomar cuanto antes esta labor, para asegurarnos de que este derecho político de los ciudadanos, como lo es la acción pública de inconstitucionalidad, se garantice en debida forma. Valga recordar que, con la tutela, que es lo que más volumen de trabajo requiere, no suspendimos términos durante estos meses. La corporación redoblará esfuerzos para cumplir con los procesos de constitucionalidad que se encuentran suspendidos y las nuevas tareas que lleguen.

 

Á. J.: ¿Cómo superar la percepción que tienen algunos ciudadanos de que el alto tribunal legisla?

 

A. L. C.: Este es un tema complejo, sobre el que mucho se ha escrito. Sostengo, en primer lugar, que al país no le conviene tener una visión unívoca sobre lo que debe ser el juez constitucional. Está bien que haya activismo como que lleguen a este tribunal personas que creen en la prudencia y autorrestricción judicial. De ahí que considere que esta percepción también es un llamado de atención a las demás ramas del Poder Público, que están igualmente obligadas a garantizar el proyecto de Constitución de 1991. En lo personal, creo en una Corte restringida, apegada a sus estrictas y precisas competencias, y que se encarga de un control jurídico, no de ser un actor político. Sin embargo, estoy en una Corte diversa y pluralista.

 

Á. J.: ¿Ve posible que la Corte tenga facultades legislativas cuando el Congreso se niegue a promulgar leyes para garantizar derechos fundamentales?

 

A. L. C.: La efectividad de los derechos fundamentales es también uno de los temas más complejos en el constitucionalismo contemporáneo. Nuestra Constitución acepta la idea de su valor normativo y de su eficacia directa, lo cual, en varias ocasiones, le da un rol preponderante al juez constitucional. Pero, y lo reitero, la obligación jurídica, moral y política de cumplir y desarrollar nuestra Carta Política es una tarea de todas las ramas del Poder Público, y esencialmente del órgano legislativo, pues este debe ser un foro que represente la pluralidad del país, además de ser democráticamente elegido y de tener responsabilidad política.

Conceptúo, en todo caso, que tenemos una jurisprudencia robusta, desde su creación, que ha sido aceptada por los ciudadanos y tiene legitimidad en temas de omisión legislativa, la cual, usada con cautela, puede servir para desarrollar los derechos fundamentales. No concibo los cambios abruptos, pero sí que hay temas en que, además de ser prudentes, tenemos que ser humildes, toda vez que los técnicos del Ejecutivo, y por qué no, a veces los políticos, saben más que nosotros.

 

Á. J.: ¿Qué opina de la propuesta de una única corte para reducir el número de magistrados?

 

A. L. C.: Como juez no me corresponde pronunciarme sobre este tema, en la medida en que cualquier vía de reforma constitucional tiene eventualmente un control por parte de esta corporación. Solo quisiera mencionar que este es un debate que corresponde a los órganos políticos, y que como muchos teóricos del Derecho lo aconsejan, debe darse con un especial análisis de nuestra historia constitucional y de nuestros diseños institucionales particulares. No pienso que exista una fórmula mágica al respecto. Puedo afirmar también que esta corporación está abierta al cambio y a las reformas.

 

Á. J.: ¿Precísenos los últimos y más importantes debates constitucionales que está afrontando la corporación?

 

A. L. C.: Lo que más me gusta de la magistratura es que nunca paro de aprender. Aquí todos los días hay un debate importante y novedoso. El control judicial del Acuerdo de Paz, de sus reformas e implementación en el marco de una Constitución legítima y estable, y el cual fue producto del primer proceso de paz bajo el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, es uno de los temas más apasionantes, en tanto es un reto que ningún otro país del mundo se ha enfrentado. La garantía judicial de los derechos sociales, el entendimiento de la progresividad dentro de un marco fiscal limitado como el nuestro, es otro tema interesante.

En lo personal, hay dos temas que no me dejan dormir: el control judicial de las reformas constitucionales y el uso del Derecho Internacional y los precedentes extranjeros en nuestra jurisprudencia. Entiendo que son campos que necesitan un estudio muy profundo por parte de los magistrados y de la academia. Precisamente, estos serán el centro del encuentro que estamos preparando para enero del próximo año, el cual contará con los académicos más reconocidos en el mundo en cada una de estas materias.

 

Á. J.: Finalmente, coméntenos el caso del funcionario que cobraba por supuestamente garantizar la selección de tutelas. ¿Qué enseñanzas deja este episodio?

 

A. L. C.: Este es el típico caso del “avivato”. Un personaje sin poder de decisión ni influencia en los despachos, que aprovechaba su cargo para lucro personal. No obstante, es un episodio doloroso, en vista de que se trataba de un funcionario que llevaba una larga duración en la Secretaría General. No me corresponde a mí señalar si hay otros funcionarios involucrados. Esperaría que no, pero estamos abiertos al control de las autoridades y de la ciudadanía.

 

Estamos trabajando con la Fiscalía en todas las investigaciones que sean pertinentes y con la ciudadanía abriendo nuestras puertas, para que mejoremos lo que haya que mejorar en gestión y procesos internos. Más que lamentarnos por lo que sucedió, este episodio reafirma la necesidad de modernizar nuestros procesos internos, de fortalecer una cultura de pertenencia y de responsabilidad frente a los ciudadanos. Los jueces, y en general la Rama Judicial, deben entender que si bien este poder público no está sujeto a la responsabilidad democrática directa, sí tiene una responsabilidad ética y política de cara la ciudadanía, que precisamente tiene como fuente el gran poder que le ha sido confiado.

 

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