“La Corte IDH acompañará los casos difíciles que traiga consigo la firma de la paz”

 

Desde comienzos de este año, un brasileño es el encargado de presidir uno de los tribunales más importantes del continente: la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Fiel representante de la determinación progresista que caracteriza a las instancias del Derecho Internacional, Roberto de Figueiredo Caldas tiene la misión de fortalecer una entidad clave para la justicia latinoamericana, que actualmente presenta problemas económicos.

 

Abogado de la Universidad de Brasilia con maestría en Derecho y Estado, en su trayectoria ha trabajado como litigante en la defensa de derechos humanos (DD HH) ante los altos tribunales de ese país. Desde Costa Rica, habló con ÁMBITO JURÍDICO sobre la situación de la corporación, la evolución de los DD HH y el carácter vinculante de sus fallos, entre otros temas.

 

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Cómo califica la situación en materia de DD HH en el continente?

 

Roberto de Figueiredo Caldas: Hemos avanzado en el tema de hacer efectivos los DD HH. Sin embargo, todavía existen pautas muy conservadoras que tienden a estar en contra de estos. De ese modo, en las discusiones políticas, nosotros detectamos riesgos de retraso, de volver atrás. Hay discursos de odio, homofobia, racismo. Tenemos que prestar atención y encontrar nuevas formas para que cese la violencia contra periodistas y defensores de derechos. Aunque hay una visible mejora en los índices de protección, todavía hay lugares en los que este tema ha empeorado.

 

Á. J.: En esa misma línea, ¿cómo ha visto la evolución de la protección de los derechos de las minorías, como la población LGBTI o las étnicas?

 

R. de F. C.: La Corte IDH tiene varios casos en los que ha protegido derechos de este tipo. Por ejemplo, hubo uno importante en Chile, sobre una jueza que se divorció de su marido y empezó una relación con otra mujer, lo que significó perder la custodia de sus hijas. La corporación determinó que eso no podía pasar y se declaró la responsabilidad internacional del país. Se le reconoció el derecho a la guardia y a su convivencia homosexual. Otro ejemplo reciente es el acontecido en Colombia con una pareja gay que reclamaba su derecho a la pensión  de sobreviviente.

 

Estamos evolucionando, sin duda, en la protección de derechos de las minorías, las mujeres, los indígenas, los afrodescendientes. Temas como la violencia de género son fuertes en el continente, pero ahora tenemos una jurisprudencia muy consistente en este tema de protección. Es de destacar que la jurisprudencia colombiana tiene un notable avance en armonía con nuestra jurisprudencia y los términos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

 

Á. J.: ¿Ha habido un incremento o disminución en la cantidad de casos que llegan a la Corte IDH?

 

R. de F. C.: Hay más casos y de gran importancia. Las causas que llegan a la Corte IDH pasan por el filtro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ellos tratan de mantener un número de procesos que podríamos analizar por nuestra capacidad material y de recursos humanos. Ese es un problema que tenemos, porque los jueces no están en tiempo integral. Tenemos que hacer ese trámite, ya que las gestiones son más complejas, cada vez los países nos hacen más consultas o hacemos gestiones en conjunto con los más altos tribunales.

 

Á. J.: Un tema de debate ha sido el control de convencionalidad. ¿Qué tan vinculante resultan las decisiones de la Corte IDH para la justicia de cada país?

 

R. de F. C.: La Corte es el último tribunal que tiene la responsabilidad de interpretar la CADH, también conocida como Pacto de San José de Costa Rica, que es la Constitución de Derechos Humanos de las Américas. Siendo la última intérprete, nuestras decisiones se vuelven vinculantes no solo para el Estado, que es parte del caso, sino para todos los Estados. En este último caso ellos se vinculan por la interpretación de la jurisprudencia y la CADH, que se armoniza con el derecho interno.

 

Es importante que los jueces nacionales hagan la interpretación conjunta con la CADH, ese es el control de convencionalidad. En temas de DD HH, las jurisprudencias tienen que ponerse de acuerdo en un diálogo vivo y permanente. Nuestros fallos tienen carácter vinculante para los tres poderes de cada Estado.

 

Á. J.: Es posible que Colombia llegue pronto al fin del conflicto. ¿Qué papel podría desempeñar la Corte IDH en este proceso de transición hacia la paz?

 

R. de F. C.: El tribunal solo funciona si alguna gestión llega al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH); luego de su paso por la CIDH, nosotros estamos obligados a analizarlo. Dependiendo del asunto en concreto, examinaremos de la mejor forma cada situación. Claramente, no podemos anticipar criterios, pero estaremos acompañando el desarrollo de los casos difíciles que traiga consigo la posterior firma de los acuerdos. Aunque, inicialmente, la justicia nacional podría resolver adecuadamente cada situación y dejar cada caso en el ordenamiento interno.

 

Á. J.: A propósito de paz, el tema de la impunidad siempre se encuentra en el centro de los debates en el continente, ¿Cómo ha visto este tema?

 

R. de F. C.: La Corte IDH tiene una larga tradición de enfrentar la impunidad. Hemos examinado qué casos pueden o no ser sometidos a leyes de amnistía, cuáles pueden ser los límites de leyes de amnistía, de perdón estatal. Aún no podemos hacer una manifestación relativa al caso de Colombia, que es una gestión muy específica y para eso se debe dedicar un estudio muy profundo de los jueces, si, eventualmente, llega a nuestro conocimiento. No podríamos tratar esa gestión de una manera aislada de toda la realidad que se construyó o se destruyó en Colombia. Hay que poner en los dos brazos de la balanza de la justicia las situaciones que ocurrieron en el país en todo este tiempo de conflicto.

 

Á. J.: Recientemente, hubo una reforma al SIDH. ¿Puede comentarnos algo al respecto?

 

R. de F. C.: Hubo una modificación direccionada a la CIDH. Algunos Estados hicieron observaciones sobre la actuación de dicho organismo. Se hicieron cambios reglamentarios especialmente a esta corporación y se implementó un perfeccionamiento de la misma. Hay que destacar que la CIDH hoy trabaja arduamente para reducir el número de casos pendientes para combatir el retraso procesal.

 

Á. J.: Últimamente, se ha mencionado que la Corte IDH tiene problemas financieros. ¿Todavía existen?

 

R. de F. C.: Los problemas son muy graves lamentablemente, pero por fortuna hemos visto que muchos Estados están involucrándose en esta problemática, para permitirnos cumplir nuestro mandato. La Corte IDH de tiempo atrás ha tenido un presupuesto muy bajo que no permitía siquiera a los jueces actuar permanentemente. A estos solo se los remunera cuando están en sesiones. Es necesario que reciban un salario continuo para analizar los procesos más profundamente. En el 2014, el presupuesto de la OEA y cooperación internacional llegó a los 5.600.000 dólares, en el 2015 bajó a 4.500.000, y para este año podríamos perder hasta 1.500.000. En dos años habremos perdido casi la mitad del presupuesto.

 

Á. J.: ¿Qué están haciendo para solucionar esta problemática y por qué se presentó?

 

R. de F. C.: En este momento, estamos haciendo un gran esfuerzo; el secretario de la OEA tiene clara esta situación. En la asamblea general, que será en junio, tendremos una discusión al respecto, para que pasemos a tener un presupuesto ordinario, porque somos un órgano judicial, no político. A veces parece que el no pago de algunos países tiene que ver con los vientos políticos. Es importante tener un presupuesto directamente garantizado de los Estados independiente de que se juzgue a favor o en contra de estos.

 

Como la financiación también viene de países europeos, esta se ha visto disminuida por la crisis migratoria que actualmente sucede en estos países. Se están redireccionando los recursos para solucionar estos graves problemas humanitarios. Por eso, estamos buscando que haya aportes garantizados, anuales y suficientes de los Estados americanos, para fortalecer el tribunal definitivamente y el Estado de derecho.

 

Á. J.: Actualmente, los derechos ambientales han ganado preponderancia en relación con el ámbito de los DD HH ¿Cómo ha visto esa evolución?

 

R. de F. C.: El derecho ambiental cada vez entra más en la agenda prioritaria de DD HH. Hay una mayor conciencia y debate. La gran discusión es cómo se conecta el ambiente al derecho al desarrollo. No se trata de discutir si el medioambiente es importante o no, eso está claro. Lo preponderante es saber cuánto se puede manipularlo de manera sostenible para permitir el desarrollo humano. ¿Cuál es el límite de la industrialización? ¿Cuál es el impacto que esta tiene en lugares específicos? ¿Dónde se puede instalar industria? Son algunas de las preguntas por resolver.

 

Es bueno destacar que tal es la importancia del tema ambiental que los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) ahora están abriendo paso para agregar a los derechos ambientales, entonces empezaríamos a hablar de los DESCA. Teniendo en cuenta eso, el SIDH tiene que ponderar esos derechos, siendo la sostenibilidad la palabra clave donde el desarrollo respete el derecho a un ambiente sano y al bienestar de la gente.