Zarela Villanueva: “Costa Rica tiene uno de los mejores niveles de independencia judicial de Latinoamérica”

La magistrada Zarela Villanueva Monge fue nombrada el pasado 13 de mayo como presidenta del Poder Judicial de Costa Rica, con lo que se convirtió en la primera mujer que ocupa esa dignidad en el país centroamericano.

 

En entrevista con ÁMBITO JURÍDICO, la magistrada Villanueva se refirió a la equidad de género en la Rama Judicial de su país, las enseñanzas que el sistema judicial puede aportar al ámbito latinoamericano y su percepción de la colaboración con sus pares en Colombia.

 

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Cuántas veces ha presidido una mujer el poder judicial en Costa Rica?

 

Zarela Villanueva Monge: Es la primera vez en la historia de Costa Rica que se nombra una mujer como presidenta del Poder Judicial (en sus 187 años, desde su formal instalación). Para mí ha sido un verdadero honor.

 

Á. J.: ¿Qué tiene el sistema judicial costarricense para enseñarle a Latinoamérica?

 

Z. V. M.: La administración de justicia costarricense ha sido reconocida en América, en más de una ocasión, por el Centro de Estudios de Justicia para las Américas, como uno de los poderes judiciales más transparentes en cuanto a la información que se brinda a la ciudadanía para la fiscalización de su funcionamiento. En este campo pretendemos seguir profundizando nuestros esfuerzos hacia una transparencia que sea de doble vía, es decir, en un diálogo permanente con la ciudadanía, más que en una relación unilateral.

 

En materia de acceso a la justicia e independencia, también se han hecho avances importantes. Creo que América Latina ha avanzado mucho en el fortalecimiento de sus sistemas de administración de justicia. Nosotros y nosotras participamos de todos los foros relevantes, especialmente en las cumbres judiciales, para fortalecernos con las experiencias de los demás países, que también tienen mucho que ofrecer.

 

Á. J.: En el mismo sentido, ¿qué debe aprender?

 

Z. V. M.: Necesitamos mejorar los tiempos de respuesta a la ciudadanía a la hora de resolver sus diferentes gestiones. La justicia debe ser pronta y cumplida, porque, como bien se dice, “justicia tardía es justicia denegada”. En ese tema tenemos mucho que aprender de las experiencias de otros países, tanto a nivel procesal como de gestión de despachos.

 

Á. J.: ¿Hay equidad de género en la Rama Judicial de su país?

 

Z. V. M.: La lucha por la equidad es un proceso permanente. Hemos avanzado muchísimo. Actualmente tenemos 5.089 mujeres y 5.855 hombres laborando en la institución. A nivel de jefaturas tenemos una buena representación de mujeres y a nivel de magistratura, solo ocho. Pareciera que cuanto más alto el puesto, se dificulta más la participación de la mujer. Por eso ahora nos estamos enfocado en erradicar asimetrías y estereotipos de género en la institución y en sus núcleos familiares, haciendo conciencia sobre las desigualdades y obstáculos existentes por parte de las mujeres para conciliar la vida familiar, personal y laboral, y optar por ascensos, para lo cual se ha iniciado una política con la Secretaría Técnica de Género y el Departamento de Recursos Humanos.

 

Queda mucho por hacer, porque la cultura aún es fundamentalmente androcéntrica, y hasta que eso no cambie, el trabajo por la equidad de género no debe cesar.

 

Á. J.: ¿Cómo está el sistema judicial costarricense en independencia?

 

Z. V. M.: En independencia judicial estoy segura de que tenemos uno de los mejores niveles, gracias a una carrera judicial mediante la cual se escoge a los jueces y juezas por méritos bajo un sistema de selección regulado por ley, que les garantiza estabilidad y objetividad. A lo externo tenemos garantía de un porcentaje del 6 % del Presupuesto Nacional y condiciones de independencia y estabilidad de las magistradas y magistrados, los cuales son electos por la Asamblea Legislativa por un periodo de ocho años, con la posibilidad de ser reelectos y reelectas, salvo que 38 votos de diputados y diputadas dispongan la no reelección. En los últimos 60 años, solo se ha dado un caso de no reelección, y fue recientemente anulado por la Sala Constitucional. Otra garantía fundamental para la independencia del Poder Judicial es que la Asamblea Legislativa debe consultar a la Corte Plena todo proyecto de ley que afecte la estructura y funcionamiento del Poder Judicial, y para separarse de su criterio, debe contar, también, con una mayoría calificada.

 

Á. J.: ¿Y en celeridad?

 

Z. V. M.: En el tema de la celeridad tenemos retos importantes qué superar, aunque no en todas las materias. Por ejemplo, en materia constitucional y contencioso administrativa, nuestros plazos de respuesta son céleres. No así en laboral o civil. Definitivamente esta es nuestra mayor debilidad, pues con grandes niveles de acceso a la justicia como tenemos en Costa Rica, la tasa de litigio es alta y eso nos afecta la tasa de congestión de despachos. Hemos solicitado a la Asamblea Legislativa reformas procesales relevantes en materia procesal laboral, familia, agrario y procesal civil que pretenden hacer los procesos más céleres, pero aún esperan su aprobación en la Asamblea Legislativa. Es necesario, también, mejorar la gestión en los despachos, establecer parámetros y evaluar el desempeño.

 

Á. J.: ¿Cómo califica la cooperación judicial entre Costa Rica y Colombia?

 

Z. V. M.: Las relaciones entre ambos países son realmente estrechas, pues entre nuestros pueblos han existido históricamente lazos de amistad e intercambio en diversos ámbitos. Naturalmente, ello se refleja en las buenas relaciones entre cortes supremas. Siempre que hemos solicitado cooperación técnica hemos tenido la mayor colaboración y viceversa. Creo, además, que existe mucho potencial para fortalecer estas relaciones y esa es una de las prioridades de mi gestión. Colombia es un país del que tenemos mucho que aprender, especialmente en materia de prevención y represión del crimen organizado. También hemos tenido excelentes intercambios en materia constitucional. Siempre que así lo hemos solicitado nos han tendido la mano. Yo tengo un enorme cariño por el pueblo colombiano, no solo por esas relaciones de hermandad que siempre nos han unido, sino porque mi esposo, que en paz descanse, era colombiano, de tal forma que tengo vínculos familiares y de amistad que han trascendido el paso de los años. Mi hija y mi hijo son 50 % colombianos.

 

Á. J.: En su discurso previo a la elección, enfatiza en la necesidad de diferenciar las tareas judiciales de las administrativas. ¿Es posible que la Corte se dedique exclusivamente a impartir justicia?

 

Z. V. M.: En el Poder Judicial costarricense la Corte Suprema de Justicia tiene el gobierno de ese poder y también administra justicia. El reto a nivel de gobierno judicial es lograr que tal y como fue concebido desde la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1993, la Corte se ocupe de asuntos sustanciales como la aprobación del plan estratégico, el presupuesto y los temas más relevantes, dejando las demás funciones administrativas al Consejo Superior, órgano conformado precisamente con ese fin. En nuestro sistema, el Consejo Superior es un órgano que administra y ejecuta lo dispuesto por la Corte Plena, es jerárquicamente dependiente de ella y está conformado por representantes de diversas instancias de la organización (jueces y juezas, sector administrativo, organizaciones gremiales, Presidencia y Vicepresidencia de la Corte). Ese es un reto permanente.

 

Á. J.: ¿Se aplicaría esto mismo a los demás tribunales?

 

Z. V. M.: En cuanto a cada tribunal jurisdiccional, a partir del año 1999 se inició un profundo cambio para separar las tareas judiciales de las administrativas. Se creó un puesto de administración que se encargara de ese ámbito, para que el juez o jueza se dedicara solo a lo jurisdiccional. Existe una propuesta realizada por una empresa sobre varias vías que se pueden tomar para profundizar ese proceso y mejorar la toma de decisiones, la ejecución y el monitoreo a lo interno de la institución, sobre la cual espero pronto la Corte se pueda pronunciar. A partir de allí vendrían cambios importantes. Lo que sí está claro es que un órgano colegiado de 22 abogados y abogadas, que es la Corte Plena actualmente, debe estar solo para lo esencial, de gobierno, y no para administrar el día a día de la institución.