Ruth Stella Correa Palacio: “Acceso real a la justicia no pasa de ser una quimera”

 

 

La modernización de la administración de justicia es uno de los principales objetivos de la nueva ministra de Justicia y del Derecho, Ruth Stella Correa Palacio. La semana pasada, al instalar la Mesa Técnica de Fortalecimiento Presupuestal de la Rama Judicial, encargada de viabilizar los proyectos que permitirán esa modernización, Correa aseguró que Colombia pasará “de la justicia del siglo XIX al siglo XXI”.

 

Esta transformación, que implica más y mejores recursos físicos y tecnológicos para los jueces constituye, en su opinión, el primer gran paso hacia esa reforma real y operativa que tanto necesita la justicia. En diálogo con Juan Martín Fierro y Sergio Gómez, director y subdirector de ÁMBITO JURÍDICO, respectivamente, la ministra habló sobre el peso que dará su cartera al fortalecimiento institucional, la agenda legislativa que impulsará en el Congreso, la gravísima crisis del sistema penitenciario y carcelario, y la reglamentación del marco jurídico para la paz, entre otros asuntos.

 

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Por qué tomó la decisión de dejar su carrera en la Rama Judicial para asumir un cargo de naturaleza política, en el Ejecutivo?

 

Ruth Stella Correa: Pienso que los jueces tienen mucho que aportar al Ministerio de Justicia. Una trayectoria de tantos años en la Rama Judicial me ha permitido un conocimiento muy profundo de todo lo que sucede en la administración del sector. Particularmente, la experiencia como magistrada de la Sección Tercera del Consejo de Estado puede ser muy provechosa para el cargo que desempeño hoy, pues conocemos los juicios de responsabilidad extracontractual del Estado en todos sus ámbitos y eso nos permite una visión omnicomprensiva de ese mismo aparato estatal. Esta experiencia resulta útil en un cargo ejecutivo como este.

 

Á. J.: ¿Cómo ve, ahora que está en el Gobierno, el tema de la responsabilidad del Estado?

 

R. S. C.: Sigo viéndolo con los mismos ojos. Tanto los jueces como los empleados del Ejecutivo terminan siendo operadores jurídicos, es decir, tenemos que aplicar la ley. El artículo 90 de la Constitución consagra una responsabilidad del Estado fundamentada en la antijuridicidad del daño y todos los funcionarios tenemos que ser conscientes de la posibilidad de comprometer esa responsabilidad como consecuencia de nuestras actuaciones. La perspectiva que tengo de la responsabilidad del Estado sigue siendo la misma, esto es, la constitucional, que tenemos desde la Carta Política.

 

Á. J.: ¿Cree que las relaciones entre Ejecutivo, Legislativo y Judicial van por buen camino?

 

R. S. C.: Estamos trabajando en una colaboración muy armónica. La presencia del Presidente de la República en la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, el 9 de agosto, fue de suma importancia. En un diálogo muy fluido, el Gobierno reafirmó su compromiso con la Rama Judicial, respetando su autonomía, pero, adicionalmente, dotándola de un presupuesto idóneo para lograr propósitos como la sistematización de la justicia. Con la Rama Legislativa también hemos tenido unos acercamientos muy provechosos para sacar adelante la agenda legislativa del Gobierno. Para nosotros es de gran significación que se acaba de aprobar el Estatuto de Notariado y Registro, un estatuto moderno que hacía mucha falta, y ello no se hubiera logrado si no es con el eficaz concurso de los legisladores colombianos. Creo que las relaciones entre el Ejecutivo y las otras ramas del Poder Público están tomando un camino de articulación y cumplimiento de mandatos constitucionales en provecho de los administrados.

 

Á. J.: ¿Qué proyectos de ley tendrán el respaldo e impulso del ministerio en el Congreso?

 

R. S. C.: Estamos trabajando en el nuevo Código Penitenciario y Carcelario, que es el de mayor urgencia. Este código irá acompañado de un documento de política criminal. Valga señalar que estas dos iniciativas fueron impulsadas por el doctor Juan Carlos Esguerra, y de hecho, su elaboración comenzó en la administración del doctor Germán Vargas Lleras. Ahora, con el Consejo de Política Criminal, retomamos su análisis. De igual modo, seguiremos adelante con el tema de los jueces de paz, que me parece de la mayor importancia. Y como un propósito muy claro mío, está retomar la ley estatutaria de justicia indígena, un proyecto presentado varias veces y que no ha logrado salir adelante. Igualmente, estamos haciendo seguimiento a varios proyectos en trámite que, sin ser de iniciativa nuestra nos merecen especial atención, como es el caso de la reforma a la Ley de Justicia y Paz y el arancel judicial.

 

Á. J.: ¿Qué va a pasar con la propuesta de reforma al Estatuto de la Abogacía?

 

R. S. C.: La estamos analizando. No creo que lo alcancemos a presentar en esta legislatura, lo que no significa que hayamos abandonado el muy buen documento que se trabajó durante la administración del ministro Esguerra.

 

Á. J.: En materia carcelaria y penitenciaria, ¿cree que la flexibilización de las condiciones de reclusión es una salida a la grave crisis que atraviesa el país?

 

R. S. C.: Yo quiero hacer una precisión, esas propuestas no son mías. Como le comenté, yo llegué y encontré unos documentos de política criminal y una propuesta de modificación al régimen penitenciario y carcelario. Seguramente hay propuestas interesantes, pero las vamos a pasar primero por el tamiz del Consejo de Política Criminal. Adicionalmente, las llevaremos a la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, instancia que debe estar comprometida con este tipo de temas. Por lo pronto, lo que estamos haciendo es echar mano de los mecanismos legales que existen. Hablar de que quien ha cumplido las dos terceras partes de la pena pueda disfrutar de una libertad condicional no es producto de ninguna reforma legal ni administrativa, sino de las peticiones que se formulen a los jueces de ejecución de penas y del cumplimiento de los requisitos para acceder a ese beneficio. Pero digamos que son muchos los asuntos que deben ser abordados para poder solucionar el problema carcelario.

 

Á. J.: ¿Ese problema es consecuencia del llamado “populismo punitivo”?

 

R. S. C.: Estos documentos que le he mencionado se fundamentan precisamente en la crítica a la reacción mediática, al populismo punitivo, que es lo que caracteriza nuestras normas y nuestro sistema penal. Ese tema, que está muy bien tratado en el documento, debe ser analizado por el Consejo de Política Criminal. Es a él a quien le compete definir cuál va a ser la política criminal del Estado, si seguir reaccionando de manera mediática o tener una política clara, a la que respondan todas las leyes. Eso será producto de un análisis que debe hacerse, además, de cara al país. Ahora, yo quiero manifestar el hecho de que el tema carcelario no surge cuando yo llego, ese es un tema que tiene muchos años. Lo que hacemos en esta etapa es tratar de visibilizarlo ante la sociedad, para que tome conciencia de la situación y poder abordar las soluciones.

 

Á. J.: ¿Se está trabajando en un proyecto que reglamente el marco jurídico para la paz, ante las negociaciones con las FARC?

 

R. S. C.: Estamos analizando la situación y mirando los alcances de la norma constitucional para decidir si entramos o no a presentarlo. Es un tema para estudiar con mucho detenimiento.

 

Á. J.: ¿Por qué vía debe lograrse un fortalecimiento de la Rama Judicial? ¿Una reforma constitucional, una asamblea constituyente?

 

R. S. C.: Cuando se intentó la reforma constitucional a la administración de justicia, simultáneamente se adelantaron unas reformas legislativas muy interesantes. El nuevo Código de Procedimiento Administrativo, el Código General del Proceso y la Ley de Arbitramento confluyen en un propósito común, que es la garantía del acceso a la justicia y, de manera consecuencial, lograr descongestión. Ese es el propósito que debe mover cualquier reforma a la administración de justicia. Lo que necesitamos es garantizar ese derecho fundamental porque, a veces, las normas están escritas pero el acceso real a la justicia no pasa de ser una quimera. Creemos que la implementación correcta de esas tres normativas va a ser definitiva en un cambio estructural a la administración de justicia.

 

Á. J.: Pero, ¿es suficiente?

 

R. S. C.: Es un cambio de pensamiento total. Es pasar de un juez acostumbrado al manejo del papel y a las formas rigurosas, a un juez que tendrá un proceso en línea y un expediente virtual todo digitalizado, un juez con una mentalidad distinta, que tendrá que acostumbrarse a la agilidad, que no puede dilatar el proceso ni inventarse trámites que lo compliquen. Al contrario, debe tener una mentalidad ágil, electrónica, con sentido de inmediatez. Ese es el tipo de juez que queremos que exista. Si la implementación de los códigos se hace correctamente, garantizando los recursos necesarios para infraestructura física y tecnológica, y para la adecuada educación de los jueces, debe haber un vuelco muy importante en la administración de justicia.

 

Á. J.: Usted ha trabajado en asuntos de género. ¿En relación con los derechos de la mujer, que propone su cartera?

 

R. S. C.: Son muchos los reconocimientos que, a través de la legislación, desde hace muchos años, se vienen haciendo a la mujer. Pero nuestra gran preocupación es la real operatividad de las normas, el real acceso a la justicia. Nuestra propuesta va enfocada a elementos de orden práctico que permitan ese acceso. Por ejemplo, es de la mayor importancia el buen funcionamiento de las comisarías de familia, de las casas de justicia, porque ese es el primer momento en el que a una mujer a la que se le han vulnerado sus derechos tiene contacto con la justicia, y es definitivo para que continúe o no con el trámite. Si la mujer no encuentra una adecuada recepción de la denuncia, del requerimiento, seguramente abandonará la causa y será un caso más de no acceso a la justicia. Entendemos como vital que exista una adecuada coordinación entre esos centros de atención inicial y la administración de justicia misma, para que ese acceso sea garantizado.

 

Á. J.: ¿El Ministerio tiene alguna posición sobre la recomendación de una mayor despenalización del aborto, hecha por la Comisión de Política Criminal?

 

R. S. C.: Ese tema no lo hemos estado trabajando. No hay ningún proyecto en este momento.