“Promoveré la cadena perpetua para los violadores de menores”: Humberto De La Calle Lombana

 

Impulsar un cambio profundo en la defensa judicial del Estado, garantizar la puesta en marcha de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), recuperar la reputación y la mística de la carrera judicial y atacar con toda fortaleza la corrupción judicial son algunas de las propuestas en materia de justicia del candidato presidencial Humberto De La Calle Lombana.

 

En la hoja de vida de este dirigente liberal, se destaca el haber sido juez penal y municipal, Registrador Nacional del Estado Civil, magistrado de la Corte Suprema, ministro de Gobierno y del Interior, Vicepresidente de la República y Jefe del Equipo Negociador del Gobierno con las Farc.

 

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Qué puntos concretos tendría una reforma a la justicia impulsada por su gobierno? ¿Qué cambios haría a los organismos de control y a las funciones electorales de las altas cortes? ¿Cómo debería ser el juzgamiento de altos funcionarios del Estado?

 

Humberto De La Calle Lombana: Proponemos una reforma profunda a la justicia para erradicar las prácticas que deshonran su independencia y rectitud. Eliminaré la mora judicial y pondré en marcha un proceso acelerado de descongestión judicial. Instauraré el expediente digital y promoveré formas alternativas de solucionar controversias. Impulsaré la formación de jueces e incorporaremos criterios gerenciales, que permitan una mejor vigilancia y seguimiento a la gestión de los jueces.

 

Modificaremos las facultades electorales de las altas cortes para evitar la politización de la justicia. Reformaré la manera como se eligen los miembros del Consejo Nacional Electoral y la postulación de estos candidatos para garantizar mayor independencia.

 

En cuanto al juzgamiento de los altos funcionarios, debemos tener en cuenta que ellos deben ser ejemplo de la sociedad. Una falta a la ley de un alto dignatario genera un doble daño, porque afecta la confianza pública en las instituciones. Las reglas sobre el juez natural, la figura del fuero y las demás normas especiales aplicables a ellos deben revisarse para asegurar mayor severidad frente a los delitos y a las infracciones de quienes llevan sobre sus hombros las altas responsabilidades del Estado.

 

Á. J.: ¿Su gobierno promoverá una reforma a la acción de tutela?

 

H. De La C. L.: Cuando creamos la acción de tutela en 1991, lo hicimos pensando en un mecanismo que permitiera garantizar y defender los derechos fundamentales de los colombianos. La tutela es parte central del espíritu de la Carta y constituye uno de los logros más trascendentales de la historia institucional del país. En medio de un panorama generalizado de justicia ineficaz e incierta, la tutela se destaca como una de las pocas herramientas judiciales que verdaderamente les brindan a los ciudadanos soluciones concretas y prontas.

 

Soy consciente de que, en ocasiones, se cometen abusos a través de ella, pero siendo una de las piedras preciosas del abanico de instituciones judiciales de Colombia, la posibilidad de una reforma solo la tendré dentro de mis posibilidades, en la medida y con la certeza de que no se ponga en riesgo su eficacia ni su naturaleza prevalente.

 

Á. J.: ¿Propondría alguna modificación a la JEP? ¿Cómo fortalecería la gestión de esta nueva jurisdicción?

 

H. De La C. L.: Mi compromiso con cumplir lo acordado en La Habana es absoluto. Es la palabra empeñada. Ejerceré mi liderazgo para garantizar la puesta en marcha de la JEP. Velaré para que funcione y sea garantía de imparcialidad. La JEP es una forma de justicia prevista no para ejercer venganza, sino como un mecanismo que nos permite pasar la página del dolor de la guerra y construir un sistema más robusto para beneficio de todos. Por esta razón, la JEP debe funcionar en forma óptima y cumplir únicamente el propósito para el cual fue creada.

 

Así como estoy comprometido con esto, le exigiré a los miembros de las antiguas Farc que cumplan con sus compromisos. Quienes no cumplan con lo pactado serán castigados con todo el peso de la ley y deberán salir inmediatamente de la JEP.

 

“Si bien entiendo que el sistema de delación es importante en la política criminal, debemos buscar mayor rigor y ponderación en la utilización de esos mecanismos”.

 

Á. J.: ¿Cómo atacará la corrupción judicial? ¿Qué propone para mejorar el ingreso de buenos abogados a la Rama Judicial? ¿Es necesario adelantar cambios en la formación de estos profesionales? ¿Modificaría el actual esquema de juzgamiento de los abogados?

 

H. De La C. L.: La carrera judicial debe recuperar su reputación y mística. El daño que provoca a las instituciones el delito de un juez es devastador para la sociedad, porque echa al traste la confianza pública sobre el sistema y genera un manto de duda casi irreparable sobre la actuación previa del despacho e, incluso, de todo el cuerpo judicial en su conjunto. Atacaremos con toda fortaleza la corrupción judicial, acabaremos con la puerta giratoria de la justicia y pondremos fin al clientelismo judicial.

 

Los abogados que opten por servirle al país como defensores judiciales deberán ganarse ese derecho con estudios adicionales y exámenes rigurosos. Vamos a darle un enorme impulso a las escuelas de jueces en Colombia para asegurar que estos cuenten con una óptima formación. Revisaremos los programas académicos y generaremos los incentivos correctos para que los mejores abogados vean la carrera judicial como una de sus opciones. Además, vamos a incorporar un sistema de metas e indicadores para que la ciudadanía pueda vigilar la gestión de la Rama.

 

Á. J.: ¿Es necesario fortalecer la defensa jurídica del Estado? ¿Cómo enfrentar la multitud de demandas contra la nación en escenarios internacionales que amenazan el territorio y las finanzas estatales?

 

H. De La C. L.: Impulsaremos un cambio profundo en la defensa judicial del Estado. La nación ha sido sujeto de demandas por cantidades astronómicas de dinero, y son muchas las condenas que se imponen cada año; esto impide invertir en áreas vitales para el desarrollo. La defensa del Estado es un asunto que merece el mayor cuidado. Si bien la creación de la Agencia Nacional de Defensa Judicial del Estado ha sido positiva, no ha generado un cambio suficiente en la tendencia de las condenas adversas a la nación. Reformaré dicha entidad para que sus funciones vayan más allá de dar directrices, intervenir en ciertos casos y generar un trabajo estadístico. Crearemos el Estatuto del Defensor Público, que implicará el cumplimiento de principios estrictos y cargas especiales para quienes quieran ser designados como representantes judiciales de la nación. Esta actividad solo podrá ser desempeñada por aquellos que superen una estricta evaluación periódica de conocimientos.

 

 

Á. J.: ¿Cómo enfrentará esa percepción de impunidad que tiene la ciudadanía en general? ¿Cuántos recursos del presupuesto destinará para mejorar el sector justicia? ¿Qué planes de descongestión tiene previstos? ¿Qué aspectos de modernización de la justicia propone?

 

H. De La C. L.: Me comprometo a volver a poner la justicia al servicio de los ciudadanos y a devolver la confianza en el sistema judicial. Una de mis prioridades será acabar de raíz con la mora judicial. Construiré un mecanismo de diálogo con una agenda definida. La reestructuración de la Rama debe tener como primer objetivo que los procesos no tomen más de dos años, sin importar su complejidad. Para ello, pondremos en marcha un programa gigante de descongestión, con una tasa base de evacuación anual del 120 %, lo que hará posible poner al día el sistema en siete años.

 

Ya que la meta es recuperar la credibilidad y eliminar barreras de entrada al sistema, debemos prepararnos para atender una demanda mayor. Para ello, bajaremos los costos con la reducción del tiempo de duración y la implementación del expediente digital y de un sistema de metas e indicadores. Así mismo, buscaremos que los jueces se concentren en una o dos subespecialidades para asegurar la expedición de sentencias de calidad.

 

Como la justicia es un pilar esencial de mi propuesta, no dudaré en aumentar el presupuesto de la Rama en lo que sea necesario para alcanzar el sueño de una justicia pronta y justa. Sin embargo, tengo que decir que, después de muchos años de analizar el tema, creo que la reestructuración de la justicia alrededor de un modelo más gerencial va a generar múltiples ahorros, lo que permitirá que las necesidades de inversión no sean tan elevadas.

 

“Los abogados que opten por servirle al país como defensores judiciales deberán ganarse ese derecho con estudios adicionales y exámenes rigurosos”

 

Á. J.: ¿Cómo garantizará la seguridad jurídica a inversionistas extranjeros y nacionales? ¿Qué propone para reglamentar las consultas previas?

 

H. De La C. L.: Lo primero es entender que la seguridad jurídica no es solo un problema de los abogados, sino una prioridad de la sociedad y del gobierno. La certeza en las reglas del juego y la eficacia de las normas jurídicas es un factor determinante para lograr el progreso del país, pues sin ello no es posible alcanzar niveles importantes de crecimiento económico. Hay que eliminar leyes innecesarias, depurar el ordenamiento jurídico y simplificar su estructura y concepción para hacerlas más asequibles a la ciudadanía. La reducción de la duración de los procesos se sumará a un trabajo orientado a facilitar el acceso a la justicia. Facilitaremos el seguimiento y la trazabilidad sobre las decisiones de los jueces, para empoderar al ciudadano sobre el sistema judicial.

 

Los mecanismos de consulta popular y consulta previa son muestra de una democracia vigorosa, en donde se da cabida real a la participación ciudadana. Sin embargo, es necesario establecer reglas de juego claras que les permitan a los inversionistas saber cuáles son los procedimientos que deben seguir y los tiempos que pueden tardar. Impulsaré la reglamentación de estos mecanismos mediante las leyes correspondientes. Definiremos reglas ciertas para la determinación del inventario de comunidades potencialmente afectadas. Promoveremos la estandarización de procedimientos y mejoraremos los sistemas de información y de interlocución entre las autoridades nacionales y locales, las comunidades y las empresas.

 

Á. J.: ¿Cómo enfrentaría los reclamos de justicia por los delitos de alto impacto en los que parte de la opinión pública pide sanciones como la cadena perpetua y la pena de muerte?

 

H. De La C. L.: Promoveré la cadena perpetua para los violadores de menores y me encargaré de velar por el cumplimiento de las normas que impiden que los corruptos puedan recibir el beneficio de casa por cárcel para cumplir sus condenas. Como parte de estas acciones, impulsaré reformas necesarias para evitar que la figura del principio de oportunidad se convierta en un mecanismo de impunidad que permita que los delincuentes negocien su salida de la cárcel con un tiempo de privación de la libertad demasiado bajo. Si bien entiendo que el sistema de delación es importante en la política criminal, debemos buscar mayor rigor y ponderación en la utilización de esos mecanismos.