Néstor Humberto Martínez: “En enero del 2015 habrá 16 decretos únicos reglamentarios”

Por Juan Martín Fierro

Director ÁMBITO JURÍDICO

 

Pedro Antonio Molina

Editor ÁMBITO JURÍDICO

 

Han pasado casi dos meses desde que Néstor Humberto Martínez asumió el Ministerio de la Presidencia, con el fin de sincronizar al alto gobierno, meter mano en las relaciones con el Congreso y, en últimas, afinar el engranaje interinstitucional para que Juan Manuel Santos pueda cumplir las promesas de campaña que lo llevaron de vuelta a la Casa de Nariño. Conocedor como pocos de los grandes temas jurídicos del país y curtido en los avatares de la política, el funcionario conversó con ÁMBITO JURÍDICO sobre el proyecto de equilibrio de poderes, la reforma a la justicia y adelantó su estrategia para atacar la dispersión normativa y el excesivo formalismo por la vía reglamentaria.

 

ÁMBITO JURÍDICO: ¿A dos meses de haber asumido el cargo qué balance presenta?

 

Néstor Humberto Martínez: Positivo, porque se creó un cuerpo asesor del Presidente de la República para que las políticas se ejecuten a partir de una coordinación adecuada entre todos los ministerios y las dependencias del Gobierno, de tal manera que el Ministro de la Presidencia y los tres ministros consejeros interactúen con el mandatario y con el resto del Gobierno, de modo que todas las acciones tengan un alto impacto en la solución de las necesidades del país.

 

Á. J.: ¿Ha sido fluida esa interacción?

 

N. H. M.: Sí, en el campo jurídico, por ejemplo, hemos contribuido a solucionar muchas cosas y, por primera vez, va a haber una gran transformación en la justicia, gracias a la coordinación que hemos realizado con la Rama Judicial y los ministerios de Hacienda y de Justicia.

 

Á. J.: ¿Pero no ha sido nada fácil, por ejemplo, conciliar posiciones en el trámite del proyecto de equilibrio de poderes?

 

N. H. M.: Hay un gran consenso en lo que denominamos el corazón de la reforma, que se compone de cuatro elementos fundamentales. En primer lugar, la eliminación de la reelección de los altos cargos del Estado, entre ellos, el de Presidente de la República. En segundo término, en la transformación de los órganos de dirección del Consejo Superior de la Judicatura (C. S. de la Jud.). En tercer término, la lista cerrada como un mecanismo para afinar el sistema electoral colombiano y asegurar que haya mayor coherencia política y mayor representación. Y, por último, se está planteando la cooptación mixta y la prohibición de la “puerta giratoria” en el ámbito judicial, que son elementos que tienen consolidado el proyecto. Lo demás son iniciativas de orden parlamentario, en las que el Gobierno ha dicho que participa en su discusión, pero no son elementos esenciales del proyecto.

 

Á. J.: ¿Y en qué va el tema del Tribunal de Aforados?

 

N. H. M.: El Tribunal de Aforados no fue una idea propuesta por el Presidente de la República en su discurso del 20 de julio. Nació de las bancadas que acompañaron al Gobierno en la presentación del proyecto. Nosotros hemos dicho que participaremos en ese debate, sobre la base de que si se va a avanzar en ese frente, se tiene que asegurar, en primer lugar, que sea una institución muy profesional e independiente en la investigación y que asegure su idoneidad.

 

En todo caso, no puede dar lugar a una etapa de juicio, en cabeza de un nuevo tribunal, pues sería fuente de nuevos conflictos y de choques de trenes, ya que las decisiones de órganos de cierre, como la Corte Suprema de Justicia, podrían ser revisadas vía procesos disciplinarios o penales. Hay que proteger, por razones de seguridad jurídica, la intangibilidad de los fallos de casación. No obstante, insisto, el tribunal no hace parte del corazón de la reforma, no es punto de honor para el Gobierno.

 

Á. J.: Pero es evidente que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes no funciona.

 

N. H. M.: Claro, por eso sería interesante avanzar en ese frente.

 

Á. J.: Aunque esta no es una reforma a la justicia, ¿qué temas incluidos en ella mejorarían su funcionamiento?

 

N. H. M.: Tenemos claro que para avanzar en cualquier reforma judicial, es necesario tener un órgano autonómico, de autogobierno de la Rama Judicial, que sea mucho más funcional y eficaz. Y en ese sentido se dirige la propuesta que estamos haciendo para el C. S. de la Jud., que no significa acabarlo, sino modificar sus órganos de gobierno. Entonces, se conservaría esta entidad, con su dirección de carrera judicial, la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, la dirección de estadísticas y la oficina de planeación judicial, entre otras, que son elementos centrales de la gerencia pública de la justicia. El país ha hecho una inversión muy grande en fortalecer institucionalmente esos temas, por tanto, deben conservarse. Lo importante ahora es cómo gobernar esa entidad y, por eso, se ha hecho un planteamiento para que haya una relación más directa de las cortes con la política de la administración de justicia, a través de unos órganos profesionales.

 

Á. J.: Pero el ciudadano del común aún no observa nada concreto para mejorar la celeridad y eficiencia en la justicia…

 

N. H. M.: No puede haber una justicia más eficiente y cercana al ciudadano, si no avanzamos en dos frentes. En primer lugar, en aceptar que la nómina del aparato de justicia sufre de un enanismo, pues mientras la demanda de la justicia, en los últimos 15 o 20 años, creció en un 300 %, el número de magistrados y jueces sigue siendo de 4.183. Entonces, lo que hemos decidido con los ministerios de Hacienda y Justicia y el C. S. de la Jud. es que vamos a aumentar, de manera permanente, la planta de personal, por primera vez en Colombia, en un 20 %, a partir del 2015.

 

Y esto no se hará a través de proyectos episódicos, como los programas de descongestión, sino que se incrementará en 300 magistrados y en 700 jueces la nómina del aparato judicial. Ya el C. S. de la Jud. nos ha enviado la primera propuesta de nueva nómina. Estamos estudiando la posibilidad de que entre a funcionar el año entrante. Tales funcionarios ingresarán por carrera.

 

Á. J.: ¿De dónde saldrán los recursos?

 

N. H. M.: Ese es el segundo punto. Nos hemos dado a la tarea de trabajar, con los ministros de Justicia, de Hacienda y de Agricultura y la Rama Judicial, en buscar unos arbitrios rentísticos de carácter permanente que, sin presionar la situación fiscal, generen recursos, porque autonomía y reforma judicial sin recursos, son ‘cantos de sirena’. Hemos radicado en el Congreso un proyecto que significa lo siguiente: en primer lugar, aquellos depósitos judiciales con más de 10 años sin que se conozca el despacho al cual están inscritos, y que suman cerca de 218.000 millones de pesos, se transferirán al fondo de modernización de la Rama Judicial. Adicionalmente, se busca que el total de los depósitos judiciales, que hoy generan una rentabilidad a una tasa promedio del 0,5 % anual, puedan rentar la DTF (4, 5 %) a favor de la rama, lo que significa alrededor de 163.000 millones de pesos por año.

 

Igualmente, los títulos prescritos que no han sido reclamados por sus titulares después de que los jueces han dispuesto su liberación pasarán a la Rama Judicial. No hay cálculos exactos, pero se estima que estamos hablando de cerca de 200.000 millones de pesos.

 

Adicionalmente, se establece que en el juramento estimatorio, los recursos previstos por la violación de los topes del Código General del Proceso irán a favor de la Rama. Por otro lado, el impuesto en el remate se incrementaría del 3 % al 5 %. Y finalmente, hemos ideado un modelo en el cual Colombia le lleve al poder judicial los productos de comiso, decomiso y extinción de dominio que se hacen en el marco de cooperaciones internacionales. Así, estamos hablando de un presupuesto de inversiones que, adicional a los 350.000 millones previstos en el presupuesto para el 2015, implicará llegar a cerca de un billón de pesos para ese año, algo inédito en nuestra justicia.

 

Á. J.: ¿Y en qué queda la responsabilidad de los magistrados y politización de la justicia?

 

N. H. M.: La politización de la justicia puede estar asociada al poder de nominación de órganos de alta exposición política. De los siete esquemas de nominación, el Gobierno concluyó que existen dos que podrían afectar a las cortes y al poder judicial y, por supuesto, generar una muy crítica en el ámbito de la democracia local. Los tribunales regionales participan en la elección de los contralores departamentales y eso es motivo de pujas políticas regionales. Esa facultad se acaba en el acto legislativo, nadie se ha dado cuenta. Hay varias propuestas que se están estudiando frente a los temas de nominación de Procurador y de Contralor, pero estimamos que en esos frentes se creen unos esquemas equilibrados, no para fortalecer el presidencialismo, sino para sacar a las cortes de tales nominaciones.

 

Á. J.: Usted ha sido muy crítico con el clima de inestabilidad jurídica reinante en el país. ¿Va a moderar el tono ahora que está en el gobierno?

 

N. H. M.: Todo lo contrario, voy a endurecerlo. El próximo año nacerá un modelo de simplificación, racionalización y compilación normativa que no tiene antecedente alguno en los 200 años de historia republicana. El país viene trabajando en un esfuerzo de simplificación normativa a través de un proyecto del Ministerio de Justicia. Colombia tiene más de 20.000 leyes vigentes, pero, más que eso, existe un número muy superior de decretos de naturaleza gubernamental y reglamentaria en los más diversos temas de la vida del ciudadano. Son tantos que se generan una especie de anomia jurídica.

 

Por esa razón, hemos iniciado un trabajo que concluirá en enero del 2015, cuando el Presidente Santos expida 16 decretos únicos. Será el estado del arte en materia de regulación; aparte de eso, no habrá otra norma reglamentaria en Colombia. Estarán debidamente compilados por índices.

 

Á. J.: ¿Qué va a hacer este ministerio para que al fin arranquen las asociaciones público privadas (APP)?

 

N. H. M.: Muy pronto entrará en funcionamiento la primera APP. Ya expedimos la última reglamentación, justamente facilitando una adecuada asignación de riesgos, lo que va a resolver hacia adelante estos temas. El Presidente tiene la voluntad inequívoca de que esta figura se consolide y, por supuesto, en tiempo de restricción de inversión pública, porque hay necesidades enormes. El país fue testigo de que es posible desarrollar infraestructura y avanzar en ese tema, pero, a partir de la consolidación de las APP, este tema se impulsará mucho más.