Juan Camilo Restrepo: “Llegó el momento de pagar la deuda insoluta con los despojados de sus tierras”

 

Durante décadas, el conflicto armado interno colombiano ha producido millones de víctimas, afectadas por infracciones de sus derechos humanos, desplazamiento y despojo de tierras.

 

Uno de los principales ejes del programa de gobierno de la actual administración es la implementación de una política orientada a la reparación integral de esas personas, el fortalecimiento del aparato judicial y administrativo y la generación de condiciones propicias para promover la paz y la reconciliación nacional.

 

En desarrollo de esa política, el Gobierno impulsó la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras (L. 1448/11), un instrumento de justicia transicional que busca reparar a las víctimas del conflicto, durante los próximos 10 años, a través de cinco instrumentos fundamentales: atención médica y sicosocial, indemnizaciones administrativas, restitución de tierras, medidas para restablecerles el goce efectivo de sus derechos y garantías de no repetición de los actos inhumanos que padecieron.

 

El programa de restitución de tierras lo lidera el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Su titular, Juan Camilo Restrepo Salazar, conversó con ÁMBITO JURÍDICO sobre este y otros temas a su cargo.

 

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Cuántas personas se repararán con la Ley de Víctimas y qué cantidad de tierras se les devolverá a los despojados?

 

Juan Camilo Restrepo: El número de víctimas se divide en dos: las propiamente dichas, a quienes les vulneraron sus derechos, y las que fueron despojadas de sus tierras. El Gobierno calcula que las víctimas de este último fenómeno, en los últimos 20 años, son alrededor de 400.000 familias, incluidas las que salieron despavoridas de ellas y las dejaron en manos de un tercero. El volumen de tierras despojadas asciende a unas dos millones de hectáreas, sin incluir las abandonadas.

 

Á. J.: ¿Qué deben hacer esas personas para recuperar sus tierras?

 

J. C. R.: La ley dispuso la creación de la Unidad Administrativa Especial de Restitución de Tierras, encargada de organizar y mantener un registro de todos los predios presuntamente despojados o abandonados, recibir las solicitudes de restitución y someter los casos, en representación de las víctimas, ante los nuevos jueces y magistrados especializados en restitución, creados por la ley. Mientras comienza a operar la unidad, las solicitudes deben presentarse ante las oficinas del proyecto Protección de Tierras y Patrimonio, ubicadas en 12 capitales departamentales. En todo caso, los procesos bajo la Ley 1448 comenzarán formalmente a partir del 2012.

 

Á. J.: ¿Cómo será el procedimiento a partir del próximo año?

 

J. C. R.: Los interesados deberán presentar ante la unidad la solicitud de inscripción del predio despojado o abandonado en el registro de tierras. En un término de 60 días, prorrogable por otros 30 días, la entidad decidirá sobre la inscripción, tras cotejar si la reclamación está bien fundamentada. Si así es, y en desarrollo del principio de la inversión de la carga de la prueba, acompañará a la víctima ante un juez agrario donde esté ubicado el predio. Si se cumplen los requisitos, este adelantará el proceso judicial y dictará sentencia, si nadie se opone a la reclamación. Si hay opositores, el juez tramitará el proceso y lo remitirá al magistrado especializado en restitución de tierras, que emitirá el fallo. En cualquier caso, la sentencia se emitirá en máximo cuatro meses. En contra de esta procede el recurso de revisión ante la Corte Suprema de Justicia.

 

Á. J.: ¿Cuánto tiempo demorará el proceso?

 

J. C. R.: Actualmente, un proceso de restitución de tierras por la vía ordinaria se demora entre 10 y 20 años. Aspiramos a que con la nueva ley se demore un año, aproximadamente.

 

Á. J.: ¿La falta de papeles del predio será impedimento para solicitar la restitución?

 

J. C. R.: No. La ley permite que la restitución beneficie también a quienes no tienen documentos que acrediten su relación de propietario, poseedor u ocupante. Esto no es sorprendente, pues el 40% de toda la tenencia de la tierra en Colombia no está respaldada en títulos plenos de propiedad. Ahí, de entrada, hay una complejidad en la prueba documental. Sin embargo, en tales casos, la unidad, con la ayuda de la víctima, se encargará de reunir las pruebas que acrediten su relación con el predio.

 

Á. J.: ¿Qué sucederá si el predio objeto de restitución está ocupado por un tercero?

 

J. C. R.: Si en el proceso se demuestra que quien solicitó la restitución es el verdadero propietario, poseedor u ocupante, la sentencia obligará a quien está en el predio a desocuparlo. Si este es un tercero adquirente de buena fe exento de culpa, es decir, que no es el despojador o el testaferro, deberá entregar el inmueble y recibirá una compensación del Estado a valores comerciales a la fecha de la sentencia. En todo caso, la preferencia en la restitución la tendrá el primer despojado.

 

Á. J.: ¿Y si en el predio se desarrollan proyectos productivos?

 

J. C. R.: El juez podrá autorizar la celebración de contratos (por ejemplo, de arrendamiento) entre el beneficiario de la restitución y quien esté desarrollando el proyecto, siempre y cuando este pruebe la buena fe exenta de culpa y reconozca la plena propiedad de la víctima sobre el terreno. Si no prueba la buena fe, la justicia entregará el proyecto a la Unidad de Restitución de Tierras, para que lo administre, a través de terceros. Las ganancias se destinarán a programas de reparación colectiva.

 

Á. J.: ¿Qué pasará con las deudas por concepto de impuestos, servicios públicos y créditos relacionados con los predios objeto de restitución?

 

J. C. R.: La ley señala que las entidades territoriales establecerán mecanismos para aliviar e, incluso, exonerar deudas relacionadas con el impuesto predial, tasas y otros gravámenes. Igualmente, ordena la creación de un programa de condonación de deudas de servicios públicos domiciliarios y deudas con el sector financiero existentes al momento del despojo o abandono forzado.

 

Á. J.: ¿Cómo será el proceso de nombramiento de los jueces y magistrados especializados en restitución de tierras?

 

J. C. R.: Con el Consejo Superior de la Judicatura hemos acordado que el próximo 1° de enero, estarán instalados y despachando 24 jueces y seis magistrados de dedicación exclusiva en procesos de restitución de tierras, en sitios estratégicos del país. Gradualmente, a lo largo del 2012, el número ascenderá a 120 jueces y magistrados.

 

Á. J.: La ley establece una aplicación gradual, empezando por los lugares del país con mayor desplazamiento y robo de tierras. ¿Cómo será eso?

 

J. C. R.: Estamos elaborando unos mapas de riesgo y de densidad del despojo, para definir las regiones donde operarán los primeros jueces y magistrados y su extensión al resto del país. Eso será objeto de reglamentación.

 

Á. J.: ¿Cómo se les protegerá la vida a los reclamantes de sus tierras, en vista de la presencia de grupos ilegales en muchas regiones?

 

J. C. R.: El Gobierno es consciente de esta problemática. Por eso, en el marco de un gran consejo de seguridad interinstitucional que creamos, estamos intercambiando información sobre mapas de riesgo y alertas y estableciendo programas para intensificar la protección y la seguridad. No se descarta que algunos pocos violentos pretendan defender a sangre y fuego las tierras de las que se apoderaron hace años, pero estaremos muy alerta en brindar la seguridad y el acompañamiento físico necesario. No paralizaremos un proceso que es irreversible.

 

Á. J.: ¿Cómo evitar la falsificación de títulos y las reclamaciones por parte de quienes no son sus verdaderos propietarios?

 

J. C. R.: La respuesta está en la Ley de Víctimas, que establece unos tipos penales muy severos, de 8 a 12 años, para el que se postule sin ser víctima. Por eso, he dicho que de esta ley solo deben temer los despojadores y sus testaferros, no los empresarios agrícolas honestos, que son el 99% del total.

 

Á. J.: Se han presentado varias demandas en contra de la Ley 1448, que básicamente piden la inconstitucionalidad del término a partir del cual se considera “víctima” (1° de enero de 1985) y del que da derecho a la restitución de las tierras (despojos a partir del 1° de enero de 1991). ¿El Gobierno ha pensado en alguna medida alternativa, si prosperan esas acciones?

 

J. C. R.: El Gobierno está haciendo las correspondientes presentaciones y defensas en esos procesos, aunque, como siempre, la última palabra la tiene la Corte Constitucional. Este tema se discutió extensamente en el Congreso. ¿Por qué se escogió el año 1991? Por dos razones: primero, porque es a partir de entonces cuando se dio realmente un escalamiento grande y sustancial de los despojos de tierras en Colombia. Segundo, por cuestiones probatorias y pensando en la mejor protección de las víctimas, se tuvo en cuenta que era bueno no ir más atrás hasta hechos en que pudiera alegarse la prescripción adquisitiva de dominio. Ahora, quien fue despojado de su tierra antes de 1991 no ha perdido la posibilidad de reclamar la restitución. Las vías de los procesos ordinarios están abiertas para ello.

 

Á. J.: La Ley de Víctimas enumera una serie de acciones que debe adelantar el Estado para garantizar la no repetición de los actos que fueron objeto las víctimas, entre ellas, la derogatoria de normas que los permitan o hayan permitido. ¿Han identificado alguna norma en ese sentido?

 

J. C. R.: Esa medida cobija a todas las víctimas, no solo a las de despojos. En lo que nos concierne, estamos derogando y saneando las situaciones irregulares que se presentaron en el Incoder, donde se presentó una modalidad de despojo que no puede volverse a repetir. ¿En qué consistía? Los antiguos adjudicatarios del Incora firmaban un contrato proforma que incluía una cláusula según la cual, si abandonaban la tierra, se entendía rescindido el contrato de adjudicación. Luego, llegaron las presiones de los violentos, y los campesinos salieron despavoridos de esas tierras. Inmediatamente, llegaban los delincuentes a denunciar la vulneración del contrato, a solicitar la rescisión del mismo y a postular a sus testaferros para que les adjudicaran la tierra. Entonces, se expidieron muchas resoluciones, en una época en que esa entidad estuvo prácticamente cooptada por intereses delictuales. Estamos revisando y derogando esas normas y realizando restituciones por vía administrativa.

 

Á. J.: ¿Qué dificultades han encontrado en estas restituciones que puedan presentarse en los procesos bajo la Ley de Víctimas?

 

J. C. R.: Existen dificultades de todo tipo, que el Gobierno no subestima ni desconoce. Por ejemplo, el tema de la seguridad y la falta de títulos de las tierras, que ya comenté. Luego, las cadenas: el despojador, sus testaferros y, eventualmente, los tenedores de buena fe. También la posición de un sector pequeño que considera que no deberíamos hacer nada por las víctimas y que las dejemos en los semáforos hasta que las ciudades terminen de absorberlas. El Gobierno no razona de esta forma. Creemos que la sociedad colombiana tiene una deuda insoluta con los despojados de sus tierras y que llegó el momento de empezar a pagarla, mediante la debida aplicación de la Ley de Víctimas, pese a sus dificultades.

 

Á. J.: Cambiemos de temas: Hablemos del programa Desarrollo Rural con Equidad (DRE), que remplazó al cuestionado Agro Ingreso Seguro (AIS). ¿Qué reformas se adoptaron para evitar las irregularidades de AIS?

 

J. C. R.: El DRE se fundamenta en la ley que creó AIS, que ordena destinar cerca de 500.000 millones de pesos al año para apoyar el agro. Se le introdujeron unos cambios mucho más ambiciosos y de fondo que el simple cambio de nombre, como algunos equivocadamente han afirmado. Por ejemplo, el anterior AIS era un esquema que estaba abierto a grandes, a medianos y a pequeños agricultores. El DRE está abierto sólo a pequeños y a medianos agricultores. Si participa un grande, debe estar asociado con pequeños. Esta reforma evitará repetir lo que se presentó en la Costa Atlántica con el fraccionamiento de predios para acceder a más subsidios. Segundo, la línea de crédito está orientada a fomentar la producción de alimentos de seguridad alimentaria. Además, el DRE retoma la filosofía original de la ley que creó AIS, que es proteger a los sectores más vulnerables ante los tratados de libre comercio: los pequeños agricultores. También se fomenta la asociación y se acompaña a los pequeños en la elaboración de sus proyectos, etc., para facilitarles acceder a las ayudas.

 

Á. J.: El Gobierno promoverá una nueva ley de desarrollo rural, complementaria de la Ley de Víctimas ¿Qué busca esa iniciativa?

 

J. C. R.: El proyecto no lo hemos presentado al Congreso, porque lo estamos consultando con las minorías étnicas. Es una iniciativa muy ambiciosa, que busca, primero, compilar toda la legislación sobre desarrollo rural y tierras, que está dispersa desde 1936; propiciar un mejor uso de la tierra, con menos ganadería extensiva y más agricultura; fomentar los mecanismos de acceso a la tierra por parte de los campesinos que no la tienen y la quieren trabajar e implementar mecanismos financieros, de asistencia técnica y de desarrollo regional, entre otros objetivos.

 

Á. J.: Pese a la emergencia invernal, el sector agropecuario ha tenido crecimientos importantes en los últimos dos trimestres ¿Cuál es el verdadero impacto del invierno en el sector?

 

J. C. R.: Hubo perjuicios y trastornos muy grandes, más sobre la capacidad empresarial de los inundados que sobre la agricultura en su conjunto. Me explico: las áreas agrícolas que salieron de producción en virtud de la emergencia invernal se pueden calcular entre un 5% y un 6% del total. Pero la inundación no fue de una magnitud que haya generado desabastecimiento de alimentos en el país. Prueba de ello es que no ha habido necesidad de importar alimentos ni se “dispararon” los precios de la canasta de alimentos. También hubo daños muy grandes en infraestructura. Sin contar carreteras, se deterioraron alrededor de 13 millones de metros cuadrados de infraestructura dedicada al agro (casas, establos, galpones, etc.). Además, se ahogaron 150.000 reses, hubo que movilizar 1.500.000 animales y proliferaron los problemas fitosanitarios en muchos cultivos.

 

Á. J.: ¿Qué enseñanza le deja al país esta ola invernal de cara a la que se avecina?

 

J. C. R.: La gran lección, que debemos aprender bien, es que el problema no fue solo el exceso de lluvias, sino que la naturaleza nos pasó la cuenta por haberla tratado mal. Porque cuando llegaron esas aguas, muchas encontraron los lechos de los ríos acabados por las deforestaciones, los humedales invadidos de ganadería y agricultura ilegal y distritos de riego mal cuidados, etc. De manera que si queremos prepararnos mejor para próximos inviernos o cambios bruscos climáticos, debemos repensar muy de fondo el tema ambiental. Por eso, entre otras cosas, el Gobierno insiste en la reforma de las corporaciones autónomas regionales. No digo que son las únicas culpables, pero tienen una dosis muy grande de responsabilidad en lo que ha pasado.

 

Á. J.: ¿Hasta cuándo estarán vigentes los créditos y medidas especiales de apoyo a los productores agropecuarios afectados por el invierno?

 

J. C. R.: Se mantendrán, por lo menos, hasta el próximo año. Ya se han ejecutado cerca de 600.000 millones de pesos, con cargo al Fondo de Calamidades. También se realizarán inversiones más permanentes en el sector, a través del Fondo Adaptación.

 

Á. J.: ¿Cómo ha afectado al sector los continuos aumentos de las tasas de interés por parte del Emisor?

 

J. C. R.: Obviamente, las mayores tasas de interés impactan los costos financieros e incentivan la llegada de capitales, que impulsa la caída del dólar. Ahora, con estos desórdenes de la economía internacional, pues independientemente de esas alzas de las tasas, la gran pregunta es si empezarán a salir capitales que no encuentran tranquilidad ni seguridad en países europeos y vienen a buscar acá refugio, exacerbando las fuerzas revaluacionistas, que es realmente un problema muy delicado en la agricultura, porque la tasa de cambio simplemente no les da a muchos sectores para ser viables.

 

Á. J.: ¿Cuáles son sus proyecciones de crecimiento del sector?

 

J. C. R.: La agricultura había estado tres años, prácticamente, parqueada sin moverse en una estación. Tres años de crecimiento negativo y, el último de ellos, con cero crecimiento. Las cifras que tenemos muestran que, en el último trimestre del 2010, la agricultura creció un 4,2% y en el primer trimestre del 2011, un 7,8%. Aspiramos a finalizar el año con un crecimiento anual de alrededor del 3,5%, con miras a lograr la tarea asignada, que es convertir el agro en una de las locomotoras del crecimiento de la economía del país.