Fernando Carrillo Flórez: “Aún persisten las mafias de abogados que demandan al Estado”

 

 

Por sí sola, la cifra es escandalosa: 1.200 billones de pesos. Eso suman las pretensiones de las más de 270.000 demandas que enfrenta el Estado colombiano. Para optimizar la defensa jurídica de la Nación y evitar un descalabro financiero por culpa de los fallos en su contra, el Gobierno creó, en mayo del 2011, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

 

 

Desde el pasado mes de marzo, Fernando Carrillo Flórez está al frente de esa institución, que coordinará todos los asuntos relacionados con la participación del Estado colombiano tanto en los litigios internacionales como en los locales en los que sea parte.

 

Carrillo le contó a ÁMBITO JURÍDICO los pormenores de la entidad que ahora encabeza.

 

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Cuál es la estructura de la agencia que usted dirige?

 

Fernando Carrillo Flórez: La agencia es una unidad administrativa especial, con personería jurídica y autonomía y patrimonio propio, adscrita al Ministerio de Justicia y del Derecho. Tiene un consejo directivo, que es su órgano rector, integrado por los ministros de Hacienda, Relaciones Exteriores, Justicia y Comercio Exterior y dos representantes designados por los ministros. Igualmente, entre sus órganos, existe un consejo asesor, compuesto por cinco juristas de las más altas calidades: Liliana Caballero, Hernán Fabio López, Carlos Esteban Jaramillo, Eurípides de Jesús Cuevas y Jorge Pinzón. La gobernabilidad de la agencia gira en función de esos entes.

 

Á. J.: ¿En qué tipo de procesos intervendrá?

 

F. C. F.: La agencia tendrá una competencia preferente para intervenir en los procesos más emblemáticos en donde el Estado se encuentre demandado. Por ende, tiene las limitaciones que el consejo le señale al director para su intervención, porque esta es discrecional. Esencialmente, se examina que la cuantía amerite la participación de la agencia o el número recurrente de procesos, como, por ejemplo, los laborales, por los impactos social y económico y la incidencia que pueda tener un fallo en contra del Estado.

 

La función primordial de la agencia es fortalecer y centralizar las políticas de defensa del Estado, que hoy están desvertebradas y no tienen brújula. Por eso, el gran desafío es definir esas grandes estrategias y protocolos de defensa, junto con los departamentos jurídicos de las 226 entidades nacionales.

 

Á. J.: ¿Entonces, no centralizará la defensa del Estado?

 

F. C. F.: No. La agencia va a intervenir cuando el Consejo Directivo lo determine. Además, no puede participar siempre, porque hay más de 270.000 procesos en contra del Estado, pero vamos a fijar las políticas rectoras de la defensa de la Nación. Por eso, lo primero que hicimos es un inventario de los procesos, las entidades más demandadas, las mayores pretensiones y las causas de esos litigios (ver recuadro).

 

Una segunda función es el tema de la prevención del daño, que es un problema relacionado con el ejercicio de la función pública y los niveles de responsabilidad que tienen los funcionarios, a la hora de prestar el servicio público. En este punto, hay que realizar una labor didáctica, para inculcarle al funcionario que tiene una gran responsabilidad, que no puede incurrir en una serie de conductas y que, incluso, la omisión genera responsabilidad.

 

Con esto quiero decir que la primera gran tarea de la agencia es la prevención de litigios.

 

Á. J.: ¿Qué defensa adelantarán frente a las demandas ante organismos internacionales?

 

F. C. F.: Existe el Grupo Operativo Institucional, que ha manejado esos temas. Soy un convencido de que, en este campo, hay que diseñar una nueva estrategia a mediano plazo, que vincule a los agentes de los procesos dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) con los ministerios de Defensa y Relaciones Exteriores, bajo la coordinación de la agencia.

 

Además, nos encontramos en un momento crítico, pues se adelanta una reforma al SIDH, en la que Colombia está obligada a participar, más aún cuando el tema de Mapiripán demostró no solo las debilidades en la defensa del Estado, sino también del SIDH en materia procesal.

 

Á. J.: ¿Qué es lo primero que ha detectado?

 

F. C. F.: Encontré varias cosas. Hay situaciones muy excepcionales, como los procesos billonarios que responden a causas únicas. Por otro lado, hay una gran cantidad de demandas de tipo laboral, de restablecimiento de derecho y de prestación de servicio de los miembros de la fuerza pública y de la Fiscalía, etc. Es decir, hay una multiplicidad de causas. Por esa razón, una de las grandes tareas de la agencia es trabajar conjuntamente con los investigadores, los profesores, los académicos y los expertos que tienen conocimiento práctico en el tema, para meterle un poquito el bisturí a ese paciente e identificar la patología. Sabemos que son cifras de 15 ceros a la derecha, pero la idea es reducirlas, previniendo la litigiosidad, y comenzando a tener victorias procesales.

 

Á. J.: ¿Qué seguimiento va a hacer al caso más grande que afronta el país: el de la Familia Durango, en Antioquia, que reclama más de 600 billones de pesos?

 

F. C. F.: Sin duda, se le realizará un seguimiento especial. Esa es una de las primeras tareas que tenemos. Vamos a mirar los antecedentes jurisprudenciales del proceso, la etapa en la que se encuentra, las discusiones que se dieron en primera instancia, y tomaremos algunas determinaciones.

 

Á. J.: ¿Cómo manejará la conciliación judicial?

 

F. C. F.: Lo primero que vamos a hacer es romper un poco el mito y la prevención que se han dado alrededor de la conciliación. Creo que la Procuraduría ha avanzado en la dirección correcta. La ventaja de los mecanismos alternativos de solución de conflictos es que permiten, entre otras cosas, reducir la litigiosidad y obtener mayor rapidez en la corrección de las fallas del Estado, para frenar el “taxímetro” relacionado con los intereses que minan aún más el fisco. Lo que tiene que hacer la agencia, por supuesto, es ir del brazo de la Procuraduría y de la Contraloría en esta materia. La idea es suscribir un convenio en esa dirección.

 

Á. J.: ¿Cómo se puede mejorar la actuación del Estado en vía gubernativa?

 

F. C. F.: Algunos miembros del consejo asesor, como Carlos Esteban Jaramillo, por ejemplo, han propuesto que revisemos todo el sistema de respuestas del Estado y del poder Ejecutivo dentro de la vía gubernativa. Muchos ordenamientos europeos, especialmente Francia, responden rápidamente a la pretensión y, como se dice popularmente, matan el proceso antes de que se convierta en un litigio impagable e interminable contra el Estado. Entonces, hay que recuperar la vía gubernativa y optimizar su funcionamiento, con lo cual se podrá convertir en una herramienta importante para ponerle freno de mano a la litigiosidad.

 

Á. J.: ¿Qué hacer para que funcione la acción de repetición?

 

F. C. F.: Debemos empezar por determinar por qué no ha funcionado, examinando las causas de su ineficiencia. Por otro lado, con una interpretación adecuada del artículo 90 de la Constitución, tendríamos una herramienta que nos va a permitir, seguramente, avanzar en ese tema, que en la mayoría de los países modernos es una herramienta muy eficaz para concientizar a los funcionarios de la magnitud de la responsabilidad que tienen y para perseguir el patrimonio en los casos en los cuales se ha generado un daño en contra de los particulares.

 

Á. J.: Un gran desangre para las finanzas estatales son las fallas en la contratación. ¿Habrá un seguimiento especial en el tema?

 

F. C. F.: Sin duda, nosotros tenemos una excelente compañera en ese tema: María Margarita Zuleta, que va a ser la Directora de la Agencia Colombia Compra Eficiente. Muchas demandas contractuales se generan, por ejemplo, desde la etapa precontractual, debido a pliegos de condiciones confusos o reglas de juego poco claras. Existen abogados que se aprovechan de las debilidades del Estado, para montar litigios cuando se ganan las licitaciones. Incluso, antes de que se ejecute el contrato, este ya se encuentra en entredicho. Eso hay que pararlo, fortaleciendo la compra y la contratación.

 

Á. J.: ¿Y cómo hacer para frenar el “taxímetro” generado por la lentitud de la justicia administrativa?

 

F. C. F.: Vamos a trabajar con los aliados estratégicos en la defensa del Estado. La agencia es un actor más, que se suma a otros muy importantes, como la Procuraduría, la Contraloría y el Consejo Superior de la Judicatura. Nosotros no tenemos documentado cómo se ha trabajado históricamente la defensa del Estado, porque esta ha sido marginal, desvertebrada y negligente. Eso hay que hacerlo, pues no podemos permitir que los departamentos jurídicos de las entidades sigan arreglando los problemas pensando solo en los funcionarios de turno y postergando las soluciones definitivas.

 

Á. J.: El presidente Santos dijo que existían mafias dedicadas a demandar al Estado. ¿Usted comparte esa posición? ¿En dónde están?

 

F. C. F.: Totalmente. Recientemente, le contamos a la opinión pública las acciones que han adelantado la agencia y el Estado en el caso particular de una especie de reedición del escándalo de Foncolpuertos y de la Caja Nacional de Previsión Social. Allí, uno puede decir abiertamente, y la Fiscalía ya lo está investigando, que hubo una connivencia entre abogados y determinados jueces para embargar bienes inembargables, tan sagrados como las mesadas pensionales, alegando, de manera ilegítima, el reconocimiento de derechos inexistentes. Estoy hablando del Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y de más de 400.000 millones de pesos que se han puesto en entredicho. Gracias a la intervención de la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía, estamos frenando ese desangre.

 

Á. J.: ¿Hoy persisten esas mafias?

 

F. C. F.: Sin duda, y se aprovechan de los problemas del sistema de justicia, como la morosidad, que contribuye a todo esto, y, de paso, perjudican al titular de la pretensión, pues, generalmente este último se queda con el 10 % o el 20 % y el resto es para los abogados y para otros actores oscuros que intervienen en esta estrategia.

 

Á. J.: Hace varios años, se propuso la creación de esta agencia, pero sus críticos señalaron que sería aumentar la burocracia del Estado. ¿Cómo evitar que la agencia termine siendo otro “elefante blanco”?

 

F. C. F.: Creo que la creación de la agencia responde a la forma como se creció el tema, que se convirtió en un gran problema del Estado a nivel central, tanto del buen gobierno y de las políticas públicas, como de las finanzas. Es muy difícil argumentar que no es necesario tratar de ponerle un torniquete a este desangre financiero. Ahora bien, este no es un problema solo de Colombia, sino de muchas economías latinoamericanas. El solo hecho de pensar que nosotros podemos aumentar, en el corto plazo, en 5 o 10 puntos el 27 % de procesos que estamos ganando justifica la existencia de esta agencia, que, además, está enmarcada dentro de la política de buen gobierno que lidera el presidente Santos. La Agencia comenzará a producir resultados pronto. 

 

 

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Las entidades más demandadas

 

Entidad                                                                                                    No. de procesos

Instituto de Seguros Sociales                                                                               69.466

Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio                                                        13.526

Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional                                                       13.367

Ministerio de Defensa Nacional                                                                             13.366

Policía Nacional                                                                                                  12.590

Fiscalía General de la Nación                                                                                 10.115

Caja de Retiro de las Fuerzas Militares                                                                     8.277

Cajanal EICE                                                                                                       7.772

Ministerio de la Protección Social                                                                           7.513

Consejo Superior de la Judicatura                                                                          6.358

 

 

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Las entidades con las pretensiones más costosas

 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Superintendencia Financiera

Corporación Autónoma Regional del Tolima

Fiscalía General de la Nación

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Superintendencia de Sociedades

Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Policía Nacional