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27 de Mayo de 2024 /
Actualizado hace 6 horas | ISSN: 2805-6396

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Especiales / Invitado


“El servidor judicial es el principal activo de esta institución”

22 de Marzo de 2024

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A pocas semanas de haber sido elegido como el nuevo presidente del Consejo de Estado, el magistrado Milton Chaves García conversó con ÁMBITO JURÍDICO sobre los retos que enfrenta esa institución, la adopción de la tecnología en el procedimiento administrativo y la reforma a la justicia que se plantea desde el Ejecutivo, entre otros temas.

ÁMBITO JURÍDICO (Á. J.): ¿Cuáles son los principales puntos sobre los que girará su gestión en la presidencia del Consejo de Estado?

Milton Chaves García (M. C. G.): Esta presidencia y las antecesoras se han ocupado de potenciar todos los aspectos misionales de la corporación. Es sabido que quien ocupa esta dignidad está llamado, no solo a ser el vocero de la organización, sino a velar por la optimización de todos los procesos que están a cargo de esta alta corte. En ese sentido, no hay aspecto, por intrascendente que parezca, que merezca una mayor aplicación o esfuerzos que otros. De manera que los objetivos de esta presidencia no pueden ser distintos a los que debe enmarcar toda gestión judicial: la de procurar garantizar el acceso más amplio, efectivo y eficaz al servicio de administración de justicia.

Dicho esto, no puede negarse que hay circunstancias históricas y coyunturales que imponen algunos retos significativos para cada presidente, que son aquellos en los que se centra la atención de la opinión pública cada vez que valora el acierto o no de la respectiva gestión. En el caso concreto de esta presidencia, cuestiones como el afianzamiento del ya exitoso proceso de convergencia digital de la jurisdicción de lo contencioso administrativo serán algunos de los frentes en los que, muy seguramente, será más visible la gestión de esta presidencia que, insisto, empleará el mismo ánimo y la misma energía en todos los demás aspectos propios de su quehacer.

Así mismo, el bienestar laboral de los servidores judiciales resulta de toda la importancia para esta presidencia. El trabajo en la jurisdicción es muy exigente, por eso, temas como la salud mental, un buen ambiente en las oficinas, espacios adecuados, son cosas que no podemos descuidar. El servidor judicial es el principal activo de esta institución y, por esa razón, esta presidencia tiene como propósito trabajar en pro de esos aspectos.

Á. J.: Hace unos años, se afirmaba que la congestión judicial era la principal dificultad que enfrentaba la justicia administrativa en el país. ¿Hoy, cuál es el obstáculo más difícil que tienen que superar en esta jurisdicción?

M. C. G.: El Consejo de Estado ha avanzado mucho en cuanto a la definición de los procesos a su cargo. La Sección Quinta, por ejemplo, se encuentra actualmente al día. Por su parte, la Sección Cuarta tiene un inventario de procesos de, aproximadamente, 400 para fallo, y la Sección Tercera ha tenido un avance significativo, en este momento podría decir que se están resolviendo asuntos que, en la mayoría de los casos, ingresaron para fallo en el 2020; hace unos años, el margen era de unos siete años o más. Las demás secciones y la Sala de Consulta, igualmente, han avanzado e implementado nuevas prácticas que permiten estudiar los asuntos con mayor celeridad.

La implementación de Samai, desarrollo tecnológico del Consejo de Estado, que actualmente cubre a toda la jurisdicción, tal y como lo dispuso el Consejo Superior de la Judicatura, condujo a la disminución de los tiempos para resolver los asuntos y facilitó la función judicial y, por supuesto, el acceso a los usuarios.

La Sala Plena tiene mecanismos de evacuación, como las salas especiales de decisión, que han permitido que los asuntos sean resueltos con celeridad. Además, con la expedición de la Ley 2080 del 2021, que modificó ciertos aspectos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), se hizo un ajuste muy importante al trámite de los medios de control que agiliza los procesos.

Á. J.: El Gobierno trabaja en una reforma a la justicia. Frente a la justicia contencioso administrativa, ¿cuáles cree son los cambios que se deberían debatir en dicha reforma? ¿Qué expectativa tiene el Consejo de Estado en esta materia?

M. C. G.: Como lo precisé, hace poco se profirió la Ley 2080 del 2021, que modificó el CPACA y, justamente, estamos viendo los resultados significativos de esa nueva normativa, pues los procesos son más ágiles y los tiempos en ser resueltos han disminuido.

En este momento, la Sala Plena no ha designado un comisionado que forme parte de la comisión que planteó el Gobierno Nacional, no participamos en esa comisión porque desconocemos su alcance. Estamos a la expectativa de lo que proponga el Gobierno Nacional. En todo caso, las reformas que consideramos más importantes están más relacionadas con el trámite de los procesos.

Á. J.: En muchas ocasiones, el Consejo de Estado ha presentado su propia reforma a la justicia. ¿Acompañarán la iniciativa del Gobierno u otra diferente?

M. C. G.: Hasta el momento, únicamente, vemos necesaria una reforma de orden legal enfocada a los procesos. Además, es muy pronto para ver los resultados de la implementación de la Ley 2080 del 2021.

Á. J.: ¿Cree que en materia de capacitación al funcionario público aún hay mucho por hacer para evitar la comisión del daño y la reparación por parte del Estado?

M. C. G.: Es importante recordar que los servidores públicos solo pueden hacer lo que les está permitido por la Constitución y las leyes y de esto son responsables. Lógicamente, lo ideal es que se atienda la jurisprudencia al momento de tomar decisiones que puedan afectar a una institución. En ese sentido, el conocimiento de la jurisprudencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo debe tener la mayor atención posible.

Á. J.: Inteligencia artificial es el término actual en todas las áreas del conocimiento y laborales. ¿Cómo cree que esta nueva tecnología puede hacer más eficiente la labor del funcionario judicial, sin remplazarlo?

M. C. G.: Es una herramienta que debemos explorar y ver de qué manera resulta útil para facilitar el trabajo de la Rama Judicial. En este momento, estamos trabajando y hemos avanzado notablemente en materia de transformación digital. En el Consejo de Estado existe una Comisión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que trabaja de manera permanente para estar al día con los avances tecnológicos y para incorporarlos a nuestra labor. Precisamente, en agosto se llevará a cabo el encuentro de la jurisdicción y su eje principal será la inteligencia artificial y el uso de las tecnologías en la función judicial.

Á. J.: ¿El trámite permanente de reformas tributarias en el país y el anuncio de otras afectan la seguridad jurídica?

M. C. G.: En materia tributaria, la legislación a nivel mundial es cambiante. No ocurre solo en Colombia y, obviamente, esos cambios pueden generar incertidumbre, además, muchas veces los destinatarios no se enteran oportunamente de las modificaciones y eso puede ocasionar, eventualmente, conflictividad. Lo ideal sería contar con regulaciones permanentes, pero eso, a veces, resulta imposible, debido a que los gobiernos hacen sus propuestas según el plan de gobierno que pretendan ejecutar.

Á. J.: ¿Cuáles son las causas más comunes en los litigios tributarios que llegan a esa corporación?

M. C. G.: El usuario judicial acude, principalmente, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Lo que más reclaman es que se declare la ilegalidad de posibles irregularidades frente a los actos de liquidación oficial de impuestos que emite la Dian y contra las respectivas sanciones que les impone la administración por la inexactitud en las declaraciones, especialmente en materia de impuesto de renta. También, demandas de nulidad simple contra actos administrativos que imponen reglas en materia tributaria como, por ejemplo, los conceptos de la Dian.

Á. J.: La sanción disciplinaria a los empleados de elección popular ha generado diversas posiciones por parte del Gobierno, de la Corte Constitucional y de la Procuraduría General de la Nación, ¿cuál es la posición del Consejo de Estado frente a ese asunto?

M. C. G.: En su momento, la Sala Plena adoptará la decisión que corresponda. Por eso, justamente, prefiero no opinar debido a que podría comprometer mi posición. Lo que le puedo decir es que el año pasado la Sala asumió el conocimiento de un caso para fijar la posición que sirva para resolver casos análogos.

Á. J.: Varios fallos de la sección Quinta han sido criticados por parte del Ejecutivo, al anular nombramientos del Gobierno. Incluso, se habló de la posibilidad de crear una Corte Electoral en una reforma a la justicia. ¿Cuál es la importancia de esta sección en el andamiaje institucional?

M. C. G.: Las decisiones judiciales en materia electoral son de toda la importancia en un Estado social de derecho, pues aseguran los derechos políticos de toda la ciudadanía, como es elegir y ser elegido. En ese sentido, la Sección Quinta cumple una función importantísima que garantiza que el poder político se ajuste al ordenamiento constitucional y legal. Es la protectora por naturaleza de esos derechos. Aprovecho para mencionar que esta sección se encuentra al día. En la mayoría de los casos, decide los asuntos en los términos establecidos.

Á. J.: ¿Cómo están hoy las relaciones con el gobierno Petro y con las otras altas cortes del país?

M. C. G.: Muy bien, con el Gobierno Nacional existe un diálogo fluido e institucional. Con las demás cortes trabajamos de manera armónica de cara al ciudadano. La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial siempre ha funcionado de manera articulada y comprometida.

Á. J.: ¿Ante la posibilidad de una convocatoria de Asamblea Nacional Constituyente, el Consejo de Estado cree que es el momento de hacer ajustes a la Carta Política de 1991?

Por la función que desempeño no puedo proferir ninguna clase de opinión, podría comprometer mi criterio para futuros eventos en la función judicial que cumplo, así que prefiero no pronunciarme.

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