“Ganarle un pleito al Estado debería ser algo muy difícil y excepcional”

 

Juan Camilo Rivadeneira

Redactor ÁMBITO JURÍDICO

 

Uno de los cargos con más responsabilidad y experticia para la comunidad jurídica es, sin duda, el de director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje). Desde hace unos meses, Luis Guillermo Vélez aceptó el gran reto que supone dirigir la defensa y protección efectiva de los intereses litigiosos de la Nación.

 

En entrevista con ÁMBITO JURÍDICO, este funcionario habló sobre los resultados que espera obtener en esta nueva etapa de la Agencia, la consolidación de la Dirección de Defensa Internacional y las consecuencias que trae para los colombianos las demandas con pretensiones económicas injustificadas y desproporcionadas.

 

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Cuáles son los principales desafíos al frente de su mandato en la Andje?

 

Luis Guillermo Vélez: Esta es una entidad reciente, creada en el 2011, con una estructura muy adecuada para su misión. Tiene una Dirección de Gestión de la Información, con una base de datos muy robusta sobre procesos en contra del Estado; una Dirección de Políticas y Estrategias y una Dirección de Defensa Nacional, la cual ha sido complementada con una Dirección de Defensa Internacional.

 

El principal reto es fortalecer estas tres áreas y, además, consolidar la defensa internacional, que tiene que ver con los casos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero, principalmente, con los procesos cuantiosos de arbitramento de inversión, derivados de los tratados de libre comercio y de los tratados bilaterales de inversión.

 

Á. J.: ¿Cuál será el papel de la Andje en esta etapa de posconflicto?

 

L. G. V.: Tiene un papel muy importante. La defensa del Estado había sido descoordinada hasta la creación de la Agencia, poco técnica e, incluso, descuidada. Con su creación, se ha generado un mecanismo de coordinación estatal muy efectivo, se han creado líneas jurisprudenciales muy claras, líneas de defensa y el impacto fiscal ha sido muy importante.

 

Cada peso que se ahorren los colombianos pagando sentencias es un peso más que puede ir a la construcción de escuelas, hospitales y vías. Por lo tanto, es un peso que se puede utilizar para todo lo que toca hacer en el posconflicto. Realmente, hemos tenido un impacto fiscal muy importante y significativo que ya se puede medir en billones de pesos.

 

Á. J.: ¿Cómo fue la estrategia jurídica de la Andje para que la Corte Constitucional declarara la nulidad parcial de la Sentencia T-480 del 2016, que establecía la existencia del contrato realidad a favor de las madres comunitarias?

 

L. G. V.:  Esta sentencia, que fue anulada, tenía un inmenso, diría catastrófico impacto fiscal. Hubiera costado cerca de 18 billones de pesos. Para darse una idea, la última reforma tributaria recoge casi seis billones de pesos.

La Andje se volcó a la revisión de este fallo, argumentando esencialmente dos temas: el desconocimiento del precedente, el cual es muy extenso y se viene aplicando desde los años noventa, donde no se reconocía el contrato realidad por parte del ICBF en el caso de las madres comunitarias y una incongruencia de tipo fáctico. Igualmente, se rompía el principio de confianza legítima que tiene la administración en este caso.

 

Á. J.: Precísenos cómo fue el caso que originó la primera queja disciplinaria presentada por la Andje contra una abogada.

 

L. G. V.: Se trata de una queja en contra de la abogada Ana Karina Pacheco, quien ha presentado dos demandas, una por 22 billones de pesos, relacionada con algunos hechos acontecidos en una secretaría de tránsito en el municipio de Sampués (Sucre), y la otra por 14 billones de pesos, relacionado con el derrame de 69 barriles de petróleo en el Golfo de Morrosquillo (Mar Caribe).

Son, claramente, pretensiones absurdas, completamente desproporcionadas, que no se justifican y se relacionan adecuadamente y que, sin embargo, tienen un inmenso impacto fiscal, porque cualquier caso de estos debe quedar relacionado en el balance de la Nación.  De ahí que los ciudadanos terminamos, por cuenta de estas pretensiones infladas, pagando más intereses en nuestros créditos.

 

Á. J.: ¿Esta medida ayudaría a acabar con los carteles de abogados?

 

L. G. V.: No hablaría de cartelización, sino de una industria de abogados dedicados a esquilmar a la Nación. Todos nos hemos convertido en el coto de caza de estas prácticas. Hay demandas por más de 320 billones de pesos y, repito, cada peso que nos ahorremos, a través de una defensa adecuada, es un peso más que se puede ir a la salud y a la educación y no en una transferencia de recursos. Podemos decir que hemos avanzado en estos casos y hay un parte de victoria frente a esta industria billonaria.

 

Á. J.: ¿Qué metodología ha seguido la Andje para prevenir las condenas contra el Estado?

 

L. G. V.: Hay que revisar las reglas de juego. En cierta medida, el arco del Estado colombiano es mucho más grande que el arco de los demandantes. Aquí tenemos unas normas y, hay que decirlo claramente, un desarrollo jurisprudencial que muchas veces ha jugado en contra. Lo primero es revisar estas normas y, después, hacerlas mucho más justas y equitativas. La cancha se ha desnivelado y hay que trabajar mucho en eso.

 

Por supuesto, también hay que reforzar la coordinación con los entes estatales, pues había sido una litigiosidad fragmentada y deshilachada. Por último, como ya lo habíamos dicho, generar líneas jurisprudenciales que permitan defensas más claras.

 

Á. J.: ¿Cuáles son las diferencias en cifras en materia de conciliaciones y pagos de sentencias?

 

L. G. V.: En términos generales, el año pasado, un 80 % de los pagos se dio por vía de sentencia, el 18 % por vía de conciliaciones y un pequeño porcentaje por laudos arbitrales. Estamos hablando de unas cifras que están por el orden del billón de pesos para sentencias, unos 230.000 millones de pesos para conciliaciones y cerca de 30.000 millones de pesos para laudos arbitrales.

 

Á. J.: ¿Cuáles son las entidades que presentan mayor número de litigios?

 

L. G. V.: De los 500.000 procesos que hay actualmente en contra del Estado, la mitad tiene que ver con temas pensionales, por lo tanto, la entidad más demandada es Colpensiones, que ha hecho una labor extraordinaria en los últimos tiempos; no obstante, de los millones de pensionados que hay en el país, habrá algunas personas que están insatisfechas con su pensión y eso genera una parte muy importante de la litigiosidad. Así mismo, y en un gran porcentaje, se encuentran los temas netamente contenciosos. Las otras entidades que también presentan una cifra importante son la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y la Fiscalía.

 

Á. J.: ¿Cuáles son los temas en materia administrativa que más desconocen los funcionarios? ¿Qué han hecho en materia de prevención?

 

L. G. V.: Se ha mejorado sustantivamente la gestión y el conocimiento jurídico en las entidades. Ahí no está tanto el problema. El problema está en unas reglas. La litigiosidad en contra del Estado es monumental, es desproporcionada. En Colombia, ganarle un pleito al Estado es muy fácil. De los países que conozco, no hay ninguno donde esto sea tan fácil; ganar este tipo de litigios en España, EE UU o en Brasil es muy difícil, casi excepcional. Obviamente, hay temas de responsabilidad estatal, sin duda alguna.

 

Aquí tenemos una tasa de éxito que ha venido mejorando, afortunadamente, con la creación de la Agencia, que ya se acerca al 60 % de éxito en los casos; inclusive, debemos llegar al 90 %, pero para que esto sea posible, hay que solucionar el problema de fondo: las normas en contra del Estado. La misión es buscar que ganarle un pleito al Estado sea muy difícil, muy excepcional y la trasferencia de recursos a los demandantes en esos casos debe ser algo que ocurra muy esporádicamente.

 

Á. J.: Por otro lado, ¿cuáles son las repercusiones que tiene el polémico ‘habeas corpus’ que defendió los “derechos” de un oso de anteojos en cautiverio?

 

L. G. V.: Implicaciones enormes, no solo para el Estado. Una cosa es el bienestar animal, que debe ser reforzado mediante políticas públicas efectivas, y otra muy distinta es otorgarles derechos fundamentales a los animales, algo que no se ha hecho en ninguna parte del mundo. Si tienen derechos fundamentales, tienen derecho a la vida y a la libertad. Por lo tanto, no se podrían sacrificar para alimentar humanos, por ejemplo. Pero, peor aún, con este precedente nada impide que una persona presente un recurso de habeas corpus para “liberar” a la mascota del vecino.

 

Á. J.: ¿Tiene alguna consideración sobre los términos en los que se presentó el incidente de nulidad contra la decisión que modificó el ‘fast track’ para la paz?

 

L. G. V.: El incidente de nulidad presentado oportunamente fue admitido por la Corte Constitucional, lo cual aclara la desinformación sobre una supuesta extemporaneidad del escrito. Ahora bien, la nulidad es procedente por varias causales, entre ellas, el desconocimiento del precedente de la misma Corte sobre la exequibilidad de trámites legislativos especiales, donde la iniciativa del Congreso está limitada y debe contar con la concurrencia de Ejecutivo. Hay varios ejemplos de este tipo de trámites, como la aprobación de tratados internacionales o las reformas tributarias, que no difieren sustantivamente de lo incorporado en el fast track.

 

Á. J.: Finalmente, ¿cómo se preparan la Andje y el Estado para las posibles demandas que anuncian inversionistas en el extranjero, como Gas Natural Fenosa, Gran Colombia Gold y Glencore PLC?

 

L. G. V.: Estamos implementando una Dirección de Defensa Internacional, que es pequeña, pero vamos a reclutar a los mejores abogados que podamos tener. Es un litigio especializado y sofisticado que requiere dominio de Derecho Internacional Público y Privado, manejo de idiomas y conocimiento de distintos sistemas legales. Por último, hay que decir que nos hemos financiado adecuadamente por parte del Ministerio de Hacienda para poder defendernos de la mejor manera y con mucha vehemencia.