Entre tiempos y distancias: a 50 años del golpe de Estado en Chile

Beatriz E. López

Doctora en Derecho

Pontificia Universidad Católica de Chile

Con ocasión de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en Chile este 11 de septiembre, el debate jurídico y público está tan vivo que no parece que el tiempo haya dado dulces salidas a las amargas dificultades.

Hoy, la gran discusión en Chile es si se justificó o no el golpe de Estado y el quiebre de la democracia, es decir ¿es legítimo destituir por las armas a un presidente electo constitucionalmente? Ante la pregunta existen dos respuestas.

La primera considera que fue Salvador Allende el primer transgresor del orden institucional y quien inició este camino de quiebre, con la reforma agraria que impulsó, la expropiación de terrenos y al estatizar industrias importantes para instaurar un régimen socialista sin las mayorías necesarias para ello. Debe recordarse que Allende gana la elección con menos de un 2 % de diferencia a Jorge Alessandri, y que fue el Senado el que lo ratificó como presidente, además, no tenía a las mayorías dentro de la Unidad Popular –que respaldó su candidatura y que no apoyaba un régimen socialista sin armas–.

Adicionalmente, la inflación –que pasó del 20,05 %, en 1971, al 352,81 %, en 1973– generó desabastecimiento en bienes básicos e incrementó los índices de pobreza. Por último, cabe mencionar que la Cámara de Diputados, el 22 de agosto de 1973, lanzó una declaración denunciando el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la república por parte del gobierno de Salvador Allende, por haber violado garantías constitucionales como el derecho a la propiedad, entre otros. Precisamente, dicha declaración es vista, por algunos, como una legitimación institucional a la destitución del presidente a través de la fuerza.

Ahora, una segunda postura considera que Allende fue víctima de una intervención extranjera –liderada por EE UU– que vio el experimento marxista a través de las urnas como una amenaza real ante la Guerra Fría, lo que originó el financiamiento militar extranjero a unas fuerzas armadas que se convirtieron en un actor deliberante, infringiendo su deber constitucional de obediencia. Esto, y reconociendo que en el escenario político había otras salidas alternativas, haría que no fuese necesario el golpe de Estado para gestionar asuntos públicos y más cuando el presidente había sido escogido conforme a las normas constitucionales. En esa medida, esta postura dice que, además, el golpe de Estado no puede separarse de los crímenes cometidos: incluso, dos días después del golpe, 13 militantes del partido Demócrata Cristiano presentaron una declaración pública de rechazo –a pesar de ser opositores y críticos de varias de las decisiones del gobierno de Allende–.

Estas dos posiciones conviven aún en la actualidad. Por ello, el golpe militar sigue siendo un asunto de polarización nacional, al punto de que, para el presidente Gabriel Boric, esta conmemoración representa uno de los hitos políticos más relevantes de su gobierno. De eso dan cuenta los distintos actos organizados, las recientes declaraciones del mandatario respecto a las condenas a militares y la posibilidad de levantar el secreto de Estado de la comisión Valech –que recopiló las violaciones de derechos humanos durante la dictadura–. Solo que, desde la misma presidencia, no se ha contribuido de la manera adecuada a un clima de diálogo: hace algunas semanas, el general en retiro Hernán Chacón fue condenado por la muerte de Víctor Jara –músico y opositor del régimen militar que se ha convertido en símbolo de las víctimas– y decidió quitarse la vida antes de llegar a prisión. Ante la situación, el mandatario, en el velorio del presidente del Partido Comunista, sentenció que mientras algunos mueren como hombres dignos, “hay otros que mueren de manera cobarde para no enfrentar a la justicia”, palabras por las que ofreció disculpas públicas este fin de semana.

En contraste con lo anterior, la Cámara de Diputados de Chile decidió, el pasado 22 de agosto, releer el comunicado emitido por la misma Cámara en 1973, en la misma fecha, por iniciativa de los partidos de derecha.

Todo ello hace que el ánimo con el que debería conmemorarse el 11 de septiembre, en otros términos, orientado a la reconciliación y al diálogo, no este del todo presente. Y es que, pese a la notoria necesidad de que los chilenos se reencuentren en consensos básicos, lo político ha pesado más que la memoria y una verdad compartida. Al final, el golpe de 1973 y lo que vino después fue un hito que marcó toda la política nacional y su porvenir –a pesar de no ser el primer régimen dictatorial que tuvo Chile– y el rumbo de las discusiones hasta el día de hoy, donde muchos temas se terminan definiendo dependiendo de si se está a favor o no del golpe militar.

De esta forma, el panorama de la conmemoración parece demostrar que el tiempo no cura todo ni es capaz de acercar cualquier distancia. Con todo, en medio de la polarización y el juego político, la certeza que se ha consolidado después de 50 años –y que inclusive ambas posturas tan distantes reconocen– es que las violaciones de derechos humanos vividas en Chile no pueden ser repetidas nunca más.