Las sesiones de la Corte IDH en Brasil: sin vanidad judicial

Melina Girardi Fachin
Profesora de la Universidade Federal do Paraná y doctora en Derecho Constitucional de la Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

Jorge Ernesto Roa Roa
Ex magistrado auxiliar de la Corte Constitucional
Investigador posdoctoral de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona

Por invitación del Estado de Brasil, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) realizó un periodo completo de sesiones en Brasilia y Manaos en el mes de mayo del 2024. En esos días hubo una serie de símbolos que fueron muy potentes para la protección multinivel y dialógica de los derechos en América Latina. Por ejemplo, la instalación de las sesiones del tribunal interamericano en el recinto plenario del Supremo Tribunal Federal (STF) y que la realización de las audiencias de la Corte IDH ocurrieran en la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Sin embargo, el aspecto más importante se reflejó en la actitud de las autoridades nacionales al recibir al tribunal interamericano. Las dos intervenciones públicas del ministro Luis Roberto Barroso fueron una muestra fundamental de la actitud judicial dialógica de un tribunal nacional con los órganos regionales de derechos humanos. El ministro Barroso dio cuenta de las decisiones que el poder judicial de Brasil ha adoptado para proteger el medioambiente con base en la Opinión Consultiva (OC) 23 de la Corte IDH. En especial, se refirió a la decisión del marco temporal, al fondo amazónico o a la reconstrucción del Estado de Rio Grande do Sul. También abordó los derechos de las personas privadas de la libertad (PPL) y defendió las decisiones estructurales sobre la materia que han sido construidas con base en los estándares interamericanos establecidos en la OC 29 del 2022 de la Corte IDH. Entre muchos otros aspectos, Barroso dejó ver la fluidez del STF para interactuar con el derecho interamericano en la lucha contra la pobreza y la desigualdad o la importancia de los parámetros regionales de derechos humanos para los avances del STF en las acciones afirmativas para los afrodescendientes.

Frente a las promesas incumplidas del constitucionalismo latinoamericano, el ministro Barroso indicó que estas ocupan la agenda de la Corte IDH y afirmó “y para eso estamos también nosotros, en el STF, para hacer avanzar esta agenda”. Concluyó reconociendo que en el STF buscan “implementar en Brasil en la mayor extensión posible las decisiones de la Corte IDH y estamos aumentando esta interlocución con la Corte” a través de un sistema electrónico que monitorea el cumplimiento de las decisiones del tribunal interamericano. Finalizó con la presentación de los documentos en los que el propio STF difunde las decisiones de la Corte IDH.

¿Qué denota esa actitud del presidente del STF? Nada distinto que ausencia de vanidad judicial. Este elemento es muy trascendente si se tiene en cuenta que el STF es el tribunal constitucional más poderoso de la región. En lugar de usar su fortaleza, legitimidad, historia y arraigo institucional para defender la soberanía, sus competencias constitucionales, sus interpretaciones locales o la configuración doméstica de la estructura del Estado, la intervención de Barroso refleja que las autoridades judiciales entienden que los problemas que afronta la Corte IDH y los jueces nacionales son compartidos y, sobre todo, comunes. De manera que no tiene sentido continuar un monólogo del más fuerte o perpetuar desacuerdos en los que solo se resiente el ser humano. Esta es una muestra de que los jueces nacionales entienden obligatorio, pero sobre todo útil e imperativo, participar en el diálogo regional y global sobre la protección coordinada y cooperativa de los derechos humanos. Desde luego, no es casual que ello ocurra en el marco de una agenda marcada por la emergencia climática en la que poco o nada valen las fronteras nacionales o las tradiciones constitucionales identitarias. La catástrofe climática deja sin asidero cualquier intención de mantener las trincheras nacionales o los monopolios judiciales en la interpretación de los derechos.

Ese gesto de humildad judicial es todavía más importante si se tiene en cuenta que la Corte IDH no ha sido precisamente condescendiente con Brasil o con sus tribunales en los últimos años. La responsabilidad internacional de ese Estado ha sido declarada en 15 ocasiones. A pesar de ello, y frente a la realidad dialógica, la presidenta de la Corte IDH también reconoció el rol del STF y del poder judicial brasileño para la defensa de la democracia y el alto grado de independencia de esas autoridades como su fortaleza intrínseca.

Desde luego, no es suficiente la humildad judicial. Se trata solo de un elemento subjetivo e intencional valioso que debe ser completado con hechos decididos. El STF sigue siendo un tribunal que mira más a la jurisprudencia alemana, norteamericana y europea que a la interamericana. Aunque el gesto de humildad judicial mostrado por el STF es significativo, es importante reconocer que persisten varios desafíos que derivan de una cultura jurídica profundamente arraigada en la idea clásica de soberanía. Esta cultura jurídica enfatiza en la autonomía y la independencia de los tribunales nacionales y puede dificultar el diálogo y la cooperación con los órganos regionales, como la Corte IDH. La resistencia a abandonar las interpretaciones locales en favor de un enfoque más cooperativo y multinivel refleja no solo una cuestión de vanidad, sino también una adherencia a las tradiciones constitucionales que históricamente han priorizado la soberanía nacional. Para avanzar en la consolidación de un sistema de protección de derechos humanos verdaderamente integrado, es esencial superar estas barreras culturales y fomentar una mayor apertura hacia la colaboración y el diálogo regional e internacional. Es crucial recordar que la verdadera justicia no se mide por la soberanía de un tribunal, sino por su capacidad para escuchar, dialogar y proteger los derechos humanos en todos los niveles.

Por encima de los desacuerdos o de las barreras estrictamente jurídicas, en muchos casos, la vanidad judicial ha sido más determinante para la inexistencia del diálogo judicial. En ese juego de vanidades, los únicos afectados fueron los derechos de las personas, la vocación de protección del ser humano que legitima a las autoridades judiciales, la responsabilidad internacional del Estado respectivo y el dinero de los contribuyentes con el que se han pagado las respectivas indemnizaciones. Por ello, es justo destacar que dejar esa vanidad a un lado es uno de los muchos pasos que debe ocurrir para la verdadera consolidación del sistema multinivel de protección de derechos humanos en Latinoamérica. El tribunal constitucional latinoamericano más poderoso se muestra humilde en ese diálogo. Y esto no es poco.

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 Paute en Ámbito Jurídico.

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