Como una caricatura calificó el procurador Alejandro Ordóñez la posibilidad de que un ejecutor de crímenes atroces perteneciente a un grupo armado ilegal pueda ser investigado e inmediatamente después se le suspenda la ejecución de la pena, gracias a un marco jurídico para la paz, como el construido por el Congreso para propiciar el fin del conflicto