Unifican jurisprudencia sobre órdenes para proteger derechos colectivos

Dentro de una revisión de una acción popular, la Sala Plena del Consejo de Estado unificó su jurisprudencia para precisar que las órdenes para la protección o restablecimiento de los derechos e intereses colectivos que se profieran en los procesos de acciones populares deben guardar relación con la causa petendi de la demanda y atacar la fuente de la amenaza o vulneración del derecho o interés colectivo. Entonces, en ningún caso pueden estar dirigidas a garantizar, salvaguardar o restituir derechos o intereses particulares, subjetivos o de contenido pecuniario, como aquellos relacionados con la ejecución de contratos de mutuo celebrados entre particulares y establecimientos de crédito para la financiación de bienes inmuebles aquejados por fallas estructurales, de estabilidad o por contaminación ambiental. Adicionalmente indicó que las acciones de protección deben estar dirigidas únicamente a hacer cesar la vulneración del derecho colectivo, a prevenir su violación o a restituir las cosas al estado anterior. Además, para su prosperidad es necesario acreditar que: (i) exista en el ordenamiento constitucional o legal el derecho o interés colectivo invocado, (ii) se compruebe una amenaza o lesión a ese derecho y (iii) la afectación provenga de la acción u omisión del ente demandado (C. P. María Adriana Marín).