Para la Corte Suprema, esa corporación no podía pronunciarse en sede de tutela respecto a la medida impuesta contra Liliana Pardo, ya que estaba pendiente de resolverse la apelación. En ese sentido, recordó que el juez de conocimiento que revocó la imputación de cargos por cohecho contra la funcionaria, por la ilegalidad de su captura, decidió no pronunciarse respecto a la imposición del aseguramiento decidido en primera instancia, lo que significa que respecto a ese punto no hubo decisión de segundo grado. Así las cosas, en el sentir de la Corte, el Tribunal impidió a la procesada ejercer su derecho de defensa en la segunda instancia. Sin embargo, mediante esta providencia ratificó la decisión del juez de amparo constitucional de dejar en firme la audiencia de imputación de cargos, por considerar que es un acto no sujeto a control judicial, que no podía ser invalidado por nulidades ocurridas en la captura (M. P. Patricia Salazar).