La Corte Constitucional concluyó que el Tratado sobre el reconocimiento internacional del depósito de microorganismos no hace referencia a actividades en áreas de influencia de comunidades tribales, de ahí que no hubiera sido necesaria la consulta previa para expedir la Ley 1515 del 2012. En este caso, dice, no se afectaban de manera directa los conocimientos ancestrales de las comunidades, como sí lo hacía el convenio para la protección de obtención de vegetales, establecido como instrumento de aplicación del TLC con EE UU, que fue declarado inexequible mediante la sentencia C-1052 del 2012, por desconocer el derecho fundamental a la consulta previa. Pese al respaldo al tratado, la Corte condicionó su constitucionalidad a la expedición de una declaración interpretativa en la que el Gobierno señale que el acceso al material biológico objeto de depósito deberá adelantarse sin exceder el régimen constitucional interno (M. P. Mauricio González Cuervo).