Aunque el Gobierno expidió un decreto que reglamenta la prestación del servicio de taxis de lujo, dando un plazo de seis meses para que las empresas se ajusten a la medida, en el Senado se radicó una propuesta para regular la prestación del servicio con características propias de compañías como Uber. La iniciativa autoriza el servicio privado de transporte mediante plataformas tecnológicas, sin necesidad de que se constituyan empresas de transporte avaladas ante el Ministerio de Transporte, en abierta contradicción con la política del Ejecutivo.