¿Cuáles son los retos jurídicos para las plataformas que evitan la intermediación?

Los casos de Uber, Netflix y Airbnb, entre otros, le han planteado a la tecnología y al Derecho nuevos retos y desafíos, pensando en el servicio al cliente, la formalización empresarial y los actores que empiezan a abrirse camino en mercados que, hasta ahora, eran ocupados por solo algunos gremios económicos.

Con el fin de contribuir a este debate, el pasado 19 de mayo, se llevó a cabo el foro Plataformas que evitan la intermediación. Retos jurídicos de la economía colaborativa, organizado por ÁMBITO JURÍDICO, Legis, la Universidad del Rosario y la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, con el apoyo de Security Legal Bit.

El gerente general de Legis Información y Soluciones, Erick Rincón Cárdenas, dio apertura a la conferencia, explicando el concepto de la economía colaborativa: “compartiendo economía”. Así mismo, analizó cuatro acciones o criterios que se deben tener en cuenta en este tema, como el conocimiento abierto, el consumo colaborativo, las finanzas colaborativas y la producción colaborativa, para, finalmente, afirmar que se trata de un problema de regulación. Por esa razón, dejó abierto el interrogante: ¿Deberían regularse las plataformas de economía colaborativa? 

Por su parte, Gonzalo Araújo, gerente de Asuntos Públicos de Uber, indicó que, debido a los problemas y retos que impone diariamente el trasporte, no solo en Colombia, sino en todo el mundo, surgió la necesidad de compartir bienes y servicios.

Del mismo modo, afirmó que, de acuerdo con los avances tecnológicos y la necesidad de conectar las personas, Uber no es una empresa de transporte, sino una empresa de tecnología, la cual se basa en la confiabilidad, la seguridad y eficacia de los usuarios. Finalmente, indicó que “sí se debe regular la plataforma tecnológica, para proteger las garantías de los usuarios, a la vez que el Estado debe vigilar estos temas”.

Juan Felipe Moreno, gerente general de Easy Taxi, afirmó que, de acuerdo con las necesidades de los usuarios y el desorden que existe en materia de transporte, se plantea buscar soluciones que conecten a los usuarios que necesitan transportarse con el usuario trabajador, lo cual se efectúa por medio de un software, aclarando que este servicio de conexión  debe contar con seguridad, calidad y oportunidad.

En su intervención, también afirmó que es necesario actualizar las tarifas de cobro del servicio, mientras que el Estado debe adoptar las normas correspondientes que se ajusten a la tecnología.

El socio de Godoy & Hoyos Jaime Moya empezó su ilustración cuestionando si es necesaria la regulación y para qué se necesita. Para responder estos interrogantes, se basó en el principio de libre mercado y en la intervención del Estado, determinando que únicamente es necesaria la regulación cuando el mercado tiene alguna falla, pues, de lo contrario, esta sería un desgaste para propio Estado.

También indicó que la regulación no garantiza la comodidad o la seguridad de un servicio, pero las plataformas tecnológicas sí solucionan el problema e incrementan la oferta, la seguridad, la comodidad, la información y los precios de los servicios. Finalmente, concluyó que resulta mejor regular el derecho de competencia, para que el Estado solo sea un “interventor”.

Por parte, Camilo Vergara, representante de Security Legal Bit, examinó la normativa jurídica sobre la materia, citando el Decreto 2297 del 2015 y un proyecto de resolución de este año. En su opinión, existen muchas falencias en estas normas, razón por la cual el Ministerio de Trasporte no es el competente para regular las plataformas tecnológicas relacionadas con la economía colaborativa. De igual modo, destacó la importancia del Proyecto de Ley 204/16 Cámara, que busca crear un nuevo servicio de trasporte privado.   

Finalmente, las conclusiones del debate estuvieron a cargo de José Luis Noguera, quien manifestó que la controversia aún está lejos de terminar.