Un proyecto de ley establecería como obligatorio para las entidades territoriales conseguir un concepto técnico previo para instalar y operar cámaras que permitan imponer “fotomultas”. De esta manera, sería requisito para los alcaldes y gobernadores tramitar el concepto ante la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), si el mecanismo pretende ser instalado en vías nacionales. De aprobarse la propuesta, los sistemas que se encuentren instalados quedarían suspendidos y no podrían imponer válidamente comparendos, hasta que se tramite el concepto previo favorable.