Tras dos semanas de reuniones en las que se discutieron 1.275 iniciativas, los delegados de más de 190 países que asistieron a la conferencia mundial de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) presentaron su propuesta de tratado mundial para modificar el Reglamento de las Telecomunicaciones Internacionales (RTI), vigente desde 1988.

El documento, presentado el pasado 14 de diciembre, busca consolidar un acuerdo global que facilite la interconexión e interoperabilidad de los servicios de la información y la comunicación, su explotación eficiente y el acceso público generalizado.

Según la UIT, las nuevas disposiciones ponen énfasis en la ayuda para los países en desarrollo, la promoción de la accesibilidad para las personas con discapacidad y la defensa del derecho a la libertad de expresión a través de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

Además, se propone crear un número único y armonizado a escala mundial, para tener acceso a servicios de emergencia, se inculca mayor transparencia en la fijación de los precios de la itinerancia móvil y se incluyen disposiciones para mejorar la eficiencia energética de las redes TIC y contribuir en la lucha contra los residuos electrónicos.

Según Frank La Rue, relator especial sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión de las Naciones Unidas, “el único consenso alcanzado hasta ahora en este asunto es que el futuro de la internet tiene que ser determinado en un diálogo de múltiples partes interesadas, donde ninguna posición puede ser impuesta de manera unilateral”.

La Rue considera que, para futuros debates sobre la gobernanza de internet, se debe garantizar la participación significativa de las partes, incluidos los representantes de otras organizaciones internacionales, entidades de derechos humanos y representantes del sector privado y organizaciones no gubernamentales.

Desacuerdo

Desde antes de comenzar la conferencia de la UIT, en Dubái, el pasado 3 de diciembre, las delegaciones de EE UU, Canadá y Australia manifestaron su rechazo a cualquier propuesta de reforma al RTI.

Esta posición, compartida el 13 de diciembre por otros 17 países, se basa en la oposición a la inclusión de cláusulas para que los gobiernos regulen internet.

El comisionado Robert McDowell, de la Comisión Federal de Comunicaciones de EE UU, había anticipado esta postura, al señalar que los gobiernos deben resistirse ante la tentación de regular innecesariamente la red.