El Consejo de Estado reiteró que la supresión de empleos es una causa legal de retiro del servicio de los empleados del sector público, que está justificada por la necesidad de adecuar las plantas de personal a los requerimientos del servicio. No obstante, la viabilidad jurídica de la reestructuración o supresión dependerá del adelantamiento de los estudios técnicos requeridos, advirtió la corporación. Además, la decisión debe justificarse en un motivo real y serio que satisfaga el interés general, si no se produce su nulidad, recordó (C. P. Gustavo Gómez).