La Superintendencia de Servicios Públicos no tiene facultades en cuanto a la fijación e incremento de tarifas que manejan las empresas prestadoras. Por lo tanto, las reclamaciones relacionadas con la facturación deben ser presentadas ante estas, en primera instancia y en forma individual, y ante la superintendencia, en sede de apelación. En materia de tarifas, sus funciones de vigilancia se concretan únicamente en velar que se cumplan las metodologías señaladas por las comisiones o los criterios que deben seguir quienes deben sujetarse a regímenes especiales.