En sentencia de tutela dada a conocer recientemente, el Consejo de Estado sostuvo que son las autoridades locales y regionales y no los damnificados los obligados a probar la procedencia o no de la entrega de subsidios y otras ayudas a los afectados por la ola invernal del 2011. La Sección Cuarta considera que, en su situación de calamidad, no se le puede exigir a las familias que reúnan toda la documentación que acredite su condición, por cuanto es la administración la que debe percatarse de eventuales irregularidades en censos de damnificados, con el fin de corregirlas y garantizar el acceso a la ayuda económica dispuesta por el Gobierno. La Sala concluye que la tutela sí es el mecanismo expedito para que los damnificados exijan su adhesión a los beneficios aprobados a favor de las víctimas de los desastres provocados por las lluvias en 2011, sin tener que agotar antes otras instancias (M. P. Hugo Fernando Bastidas)