La iniciativa busca que aquellos actos jurídicos de constitución de propiedad horizontal, divisiones materiales, subdivisión y liquidación de la comunidad o reconocimiento de construcciones que recaigan sobre bienes inmuebles ocupados con vivienda de interés social, que se encuentren ubicados en predios que hayan sido objeto de legalización urbanística, no causen derechos notariales, independientemente de la naturaleza jurídica de las partes intervinientes. Tampoco causará derechos registrales la inscripción de los negocios jurídicos que impliquen la transferencia del derecho de dominio o la constitución de cualquier gravamen o limitación al dominio cuando recaigan sobre viviendas de interés social. La inscripción de actos administrativos de cesión o transferencia y de sentencias judiciales a otras entidades públicas o a particulares tampoco causará derechos registrales respecto de los bienes inmuebles anteriormente señalados. La iniciativa precisa que el reconocimiento de edificaciones es la actuación por medio de la cual el curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente para expedir licencias de construcción declara la existencia de los desarrollos arquitectónicos que se ejecutaron sin obtener la respectiva licencia, siempre y cuando cumplan con el uso previsto por las normas urbanísticas vigentes y que la edificación se haya concluido como mínimo cinco años antes de la solicitud de reconocimiento. Conozca la ponencia que estudiará la plenaria del Senado en el documento adjunto a esta nota.