El Consejo de Estado determinó que la solicitud de un examen pericial para calcular el valor de un perjuicio no exime al actor de su responsabilidad de aportar pruebas que demuestren su causación. Así, quien pretenda una reparación directa por cuenta de una actuación de la administración deberá especificar cuáles fueron los perjuicios que lo llevaron a reclamar un resarcimiento. Con argumentos como este, la sala desestimó las pretensiones de un demandante que, tras haber recuperado la posesión de un predio del cual afirmaba haber sido despojado transitoriamente en Tierra Bomba (Cartagena - Bolívar), alegaba haber sufrido perjuicios no resarcidos derivados de las actuaciones administrativas que le fueron desfavorables inicialmente (C. P. Ramiro de Jesús Pazos).