En imperativo que el arrendador le dé el tiempo necesario (no menos de seis meses) a la Contraloría General de la Nación para poder desalojar el edificio que hoy ocupa y conseguir una nueva sede para continuar cumpliendo su labor. Este es el principal argumento que la procuradora general de la Nación (e), Martha Isabel Castañeda Curvelo, presentó en un escrito de coadyuvancia en una acción de tutela que promueven varios servidores de la Contraloría contra la sociedad arrendadora. En este contexto, solicitó que se decrete como medida cautelar la adopción de las acciones necesarias, para que se garantice que los funcionarios de la entidad permanezcan en el edificio, de lo contrario, esto impediría, en el inmediato futuro, cumplir cabalmente el ejercicio de la función de vigilancia de la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación.