La clasificación de los inmuebles para efectos del cobro de tarifas de servicios públicos debe efectuarse en función del uso que se les da, lo cual depende en gran medida de las visitas efectuadas por las empresas prestadoras a los inmuebles y de la comparación entre los resultados de las visitas y los lineamientos técnicos señalados al respecto por las comisiones de regulación. Así las cosas, indicó la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, argumentos como el tamaño de los municipios o la situación económica de los mismos, aunque son entendibles, no pueden afectar la labor técnica de clasificación a cargo de los prestadores, so pena de las consecuencias jurídicas del caso.