Si a pesar de proceder a la suspensión, terminación o corte de los servicios públicos domiciliarios dentro del término legalmente previsto, el usuario continúa disfrutando del servicio a través de conexiones ilegales, corresponde al prestador proceder nuevamente al corte y denunciar penalmente el fraude de fluidos, que finalmente está siendo asumido por todos los usuarios, indicó la Superintendencia de Servicios Públicos. En cuanto a las sanciones a aquellos prestadores que no se ajustan al régimen de servicios públicos, la entidad recordó que está facultada para sancionar su incumplimiento, teniendo en cuenta el respectivo procedimiento administrativo en materia de investigaciones.