Al resolver un recurso de apelación, la Sección Primera del Consejo de Estado precisó que las empresas de servicios públicos domiciliarios de carácter oficial que son sujeto de control fiscal lo son también del pago de cuota de auditaje a favor de la respectiva contraloría. En relación con la tarifa de control fiscal a cargo de las entidades de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos públicos que son fiscalizadas por la Contraloría General de la República, citó el artículo 4° de la Ley 106 de 1993, el cual prevé que esta tarifa será fijada de manera individual para cada organismo o entidad vigilada. Ello mediante resolución emitida por el contralor, teniendo en cuenta que el valor total del recaudo por este concepto no puede superar el valor total de los gastos de funcionamiento de este órgano de control fiscal. Sumado a lo anterior, advirtió, acorde con el artículo 13 de la Ley 330 de 1996, que la cuota de fiscalización se extendió a los departamentos, entidades descentralizadas y en general a quienes sean sujetos de control fiscal por parte de las contralorías departamentales (C. P. María Elizabeth García).