Las leyes 142 y 143 de 1994 y 689 del 2001 no contemplan un tratamiento especial o diferencial en cuanto al cobro de servicios públicos domiciliarios a iglesias, sitios de culto o inmuebles destinados al servicio prestado por las diferentes confesiones religiosas oficialmente reconocidas por las autoridades, por lo que es necesario acudir a las clasificaciones de usuarios previstas para cada servicio, indicó la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. En lo que se refiere al servicio de acueducto y alcantarillado, si en un inmueble se desarrollan actividades diferentes a las residenciales, comerciales, industriales u oficiales, catalogadas como sin ánimo de lucro, el prestador deberá clasificar al inmueble como de servicio especial, sin perjuicio de la calificación o no de centro asistencial.