Cuando un prestador de servicios públicos expide una certificación de disponibilidad para viabilizar un proyecto de urbanización, en términos del Decreto 1469 del 2010, por el cual se expide el régimen de licencias urbanísticas y curadurías urbanas, asume el compromiso de atender la prestación del servicio a los usuarios. Por lo tanto, no puede negarse a la conexión y a la suscripción del contrato de condiciones uniformes, con el argumento de razones técnicas que debió evaluar con antelación, precisó la Superintendencia de Servicios Públicos. En este caso, si el prestador certifica y, por razones de cualquier naturaleza, no puede atender el servicio, debe asumir las consecuencias de la imposibilidad.