Mediante la Ley 1688, que acaba de sancionar el Gobierno, Colombia aprobó el Tratado sobre traslado de personas condenadas para la ejecución de sentencias penales entre Colombia y México, suscrito el 1º de agosto del 2011. El propósito del instrumento es que una persona sentenciada en territorio de una de las partes pueda ser transferida al otro para que cumpla con la condena que se le haya impuesto, mientras medie su voluntad. Para autorizar o negar una solicitud se deberán tomar en consideración aspectos como que con ello se contribuya a la reinserción social, la gravedad del delito y la posible vinculación del sentenciado con el crimen organizado, su grado de participación o responsabilidad en los hechos que motivaron la condena, su estado de salud, antecedentes penales, así como los vínculos que pueda tener con las sociedades respectivas.