Aunque la normativa vigente no impide reubicar a un empleado las veces que sea necesario, con la finalidad de acomodar su desempeño laboral a las específicas competencias laborales del empleo y el perfil requerido para su desempeño, el uso de la figura debe garantizar que el empleado trasladado o reubicado no sea desmejorado en sus condiciones laborales, para atender las necesidades del servicio, teniendo en cuenta que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y el empleo público es el núcleo básico de la estructura de la función pública, diseñado para satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines del Estado. Por lo tanto, la reubicación del empleo es procedente dentro de los lineamiento y parámetros previstos en la ley. Así lo indicó el Departamento Administrativo de la Función Pública, en concepto de mayo.