Piden que CIDH fomente debates permanentes para eliminar pena de muerte

Con el fin de imponer una moratoria y posterior abolición de la pena de muerte, 10 países del continente americano y uno europeo le solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fomentar un debate permanente sobre la necesidad de eliminar la pena de muerte.

México, Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Honduras, Panamá, Paraguay, Uruguay, República Dominicana y Francia plantearon la posibilidad de impulsar la iniciativa a través de una resolución en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, que se celebrará en junio en Paraguay.

“Es una práctica violatoria de los principios de la Carta Interamericana (de Derechos Humanos) y también de Naciones Unidas. Es una práctica medieval”, afirmó el consultor jurídico de la Cancillería de México, Max Dínger.

Por su parte, Amnistía Internacional, a través de su subdirectora para EE UU, Margaret Huang, señaló que su organización ha detectado algunos avances positivos respecto a la aplicación de la pena de muerte en ese país, pero aún queda mucho por hacer.

“La pena de muerte en EE UU sigue marcada por errores, inconsistencias, disparidad racial y, en ocasiones, falta de adhesión a provisiones específicas de la ley internacional”, agregó Huang.

En el continente americano, la pena capital sigue vigente en EE UU, Cuba, Guatemala, Barbados, Guyana, Granada, Jamaica, Las Bahamas y Trinidad y Tobago.

Precisamente, Barbados anunció que planea abolir la pena de muerte para los reos que han sido declarados culpables de homicidio. Aunque nadie ha sido ejecutado, el Gobierno está preparando una legislación para retirar la cláusula que les impide a los jueces tomar en cuenta las circunstancias en que se cometió el homicidio u otros factores que permitirían imponer esa pena.

Grupos defensores de los derechos humanos, como Amnistía Internacional, han criticado la pena capital obligatoria en esa isla del Caribe. En Trinidad y Tobago existe una ley similar de pena de muerte obligatoria, que tampoco se le ha aplicado a nadie desde 1999.

(Con información de El Espectador, Uruguay, Amnistía Internacional y El Nuevo Herald)