El parlamento de Nueva Zelanda aprobó una que ley que faculta a la Oficina de Seguridad de Comunicaciones del Gobierno (GCSB, por su sigla en inglés) para vigilar las comunicaciones de sus ciudadanos y residentes.

Hasta el momento, este organismo solo podía vigilar las comunicaciones de quienes no tuvieran permiso de residencia. Con la nueva normativa, queda facultado para realizar tareas de vigilancia sobre cualquier individuo, con la debida autorización judicial, con el fin de asistir a la policía, los militares u otros servicios gubernamentales.

La oposición y grupos de abogados y defensores de los Derechos Humanos han expresado su desacuerdo con esta ley. Por su parte, el primer ministro, John Key, aseguró que la norma “no es, ni será, un intento de espiar indiscriminadamente a los neozelandeses”. “La ley deja muy claro qué es lo que el GCSB debe y no debe hacer”, señaló.

Los cambios normativos son el resultado de una disputa por el espionaje al empresario de internet Kim Dotcom, de nacionalidad alemana, pero residente en Nueva Zelanda.

La GCSB trabajó en conjunto con autoridades de EE UU para investigar a Dotcom, fundador del sitio de intercambio de archivos Megaupload, por presunta piratería digital y lavado de dinero.

En marzo, un tribunal dictaminó que el empresario podía demandar a la GCSB por vigilancia ilegal.

Con información de Europa Press y BBC