La justicia uruguaya condenó a 28 años de cárcel al general Miguel Dalmao, quien, en su condición de alférez, en junio de 1974, participó en la tortura y asesinato de la profesora de literatura y militante del Partido Comunista Nibia Sabalsagaray.

La mujer fue detenida en su domicilio por personas no identificadas, que la condujeron a un batallón del Ejército, en donde el entonces alférez Dalmao estaba encargado de interrogarlas.

En el proceso, se probó que, antes de morir, Sabalsagaray fue sometida a crueldad excesiva y al uso de medios para prolongar el dolor. 

Según la juez del caso, los responsables de crímenes contra la humanidad no pueden estar amparados por refugio ni asilo, los delitos son imprescriptibles y a los Estados les está prohibido adoptar medidas que impidan su juzgamiento.

“La ausencia de tipos penales nacionales para reprimir un crimen bajo el Derecho Internacional no puede ser invocada por un Estado para no cumplir con su obligación de juzgar y castigar a los autores de este ilícito, si al tiempo de su comisión ya era delito bajo el Derecho Internacional o considerado delictivo según los principios generales del Derecho reconocidos por la comunidad internacional”, concluyó la juez.

La prensa resaltó que la investigación de la muerte de Sabalsagaray fue posible, después de que fuera declarada inconstitucional la Ley de Caducidad, que impedía juzgar los crímenes cometidos por militares durante la dictadura.

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