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Denuncian a Costa Rica ante la CIDH por negar abortos terapéuticos

Los denunciantes le recriminan al Estado costarricense no considerar los daños a la salud mental y física que sufrieron dos mujeres obligadas a completar sus embarazos.
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29 de Agosto de 2013

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Dos organizaciones defensoras de los derechos de la mujer presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que valore la violación del derecho a la salud de dos mujeres por parte del Estado de Costa Rica, que habría obstaculizado la práctica de abortos terapéuticos.

 

El primero caso tiene que ver con una mujer a la que se le negó la posibilidad de abortar, luego de que los médicos advirtieran, en la semana 12 de gestación, que el feto tenía un síndrome denominado como abdomen pared; es decir, que tiene abierta la pared abdominal y expuestos el corazón, el hígado y los intestinos.

 

La mujer recurrió a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, pero esta tardó 36 días en dar su resolución, la cual fue negativa.

 

El caso se suma al de otra mujer a quien también se le negó la posibilidad de interrumpir el embarazo, pese a que los médicos habían determinado que el feto no tenía cerebro y moriría inmediatamente al nacer.

 

En ambos casos, se le recrimina al Estado costarricense no considerar los daños a la salud mental y física que sufrieron ambas mujeres al verse obligadas a completar el embarazo en estas condiciones.

 

Las organizaciones esperan que la CIDH acoja la petición en estos casos y recomiende a Costa Rica tomar medidas correctivas para garantizar la salud de las mujeres cuando se ha determinado que sus embarazos son incompatibles con la vida.

 

Absolución por aborto

Por otro lado, el Tribunal Supremo de Justicia de México absolvió a una joven indígena acusada de abortar intencionalmente, que había sido condenada a un año de prisión por un juez local.

 

La joven acudió a un hospital por una hemorragia y, según relató, una doctora le obligó a declarar que había tomado una pastilla abortiva, como condición para brindarle atención médica, para después denunciarla ante el Ministerio Público.

 

Poco después, un juez ordenó su detención y la procesó por el delito de aborto, del que la declaró culpable, y la sentenció a un año de cárcel.

 

Con información de Proceso.com y El País

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