CIDH pide garantizar ejercicio pleno de derechos de personas con discapacidad

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un llamado para que los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) garanticen el ejercicio pleno de los derechos humanos de las personas con discapacidad.

Así lo manifestó el organismo, con ocasión del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra hoy, al advertir que esta población se ha enfrentado históricamente a serios obstáculos físicos y sociales para ejercer plenamente sus derechos.

Según cifras de la Organización de Naciones Unidas, más de 1.000 millones de personas viven con algún tipo de discapacidad (aproximadamente el 14 % de la población mundial). En particular, en América Latina y el Caribe, alrededor del 12 % de la población comparte esta condición de vida, es decir, unos 66 millones de personas.

La Comisión destacó que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por 28 de los 35 Estados miembros de la OEA, establece un cambio de paradigma en relación con el tratamiento de las personas con discapacidad.

Con base en él, dicha temática se aborda desde una concepción social, que entiende a la discapacidad como el resultado de la interacción entre las personas que tienen esta condición de vida, con diversas barreras que impiden su participación plena y efectiva en la sociedad. En consecuencia, las personas con discapacidad dejan de verse como “meros objetos de protección”, para ser tratadas como “sujetos de derechos y obligaciones”.

La Comisión  advirtió que a través de sus distintos mecanismos de promoción y protección, ha recibido información sobre múltiples afectaciones a los derechos de las personas con discapacidad en las Américas, como la falta de reconocimiento de su capacidad jurídica; la carencia de servicios comunitarios que propicien su integración a la comunidad; el ingreso a instituciones de corta y larga estancia, sin su consentimiento; la falta de servicios de salud, habilitación y rehabilitación, y la limitada participación política.

Por estas razones, instó a que los Estados miembros de la OEA adopten todas las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole con el fin de garantizar la protección efectiva de los derechos de las personas con discapacidad, de conformidad con los estándares internacionales.

Lo anterior, contando con su participación como actores en sus propios procesos, y teniendo en cuenta los principios rectores del enfoque social de la discapacidad, como la autonomía e independencia, la no discriminación, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad y la participación e inclusión plenas en la sociedad.