CIDH insta a estados miembros de OEA a abolir pena de muerte

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó hoy a los países miembros de la OEA que mantienen la  pena de muerte a abolirla o a imponer una moratoria a su aplicación como paso hacia su abolición.

El organismo destacó también que 'la aplicación de la pena capital en Estados Unidos ha disminuido gradualmente”. Al respecto, señaló que en el 2013 se llevaron a cabo 39 ejecuciones, en comparación con las 43 del 2012.

Igualmente, advirtió que en el 2013 las ejecuciones realizadas en EE UU se concentraron en nueve Estados: Texas, Florida, Oklahoma, Ohio, Arizona, Missouri, Virginia, Georgia y Alabama, siendo Texas (40 %) el estado con el mayor número de ejecutados.

Adicionalmente, denunció que se producen numerosos defectos en la aplicación de la pena de muerte en EE UU, entre ellos, discriminación racial, violación del derecho a la notificación y la asistencia consular, aplicación a personas con discapacidades mentales e intelectuales y defectos en los métodos de inyección letal.

Por su parte,  Amnistía Internacional manifestó que aún existen países que condenan a muerte o ejecutan a personas con discapacidad mental e intelectual, en una clara violación de las normas internacionales.

Según explicó, se han documentado casos de personas que sufren ese tipo de discapacidad y que se enfrentan a la ejecución o han sido ejecutadas en países como Japón, Pakistán y EE UU y advirtió que “a menos que estos países reformen urgentemente sus sistemas de justicia penal, muchas más personas seguirán en peligro”.

Actualmente, 19 países del continente abolieron la pena de muerte por delitos comunes: Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Quince países tienen todavía pena de muerte, aunque no realizan ejecuciones desde el 2008: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Cuba, Dominica, Grenada, Guatemala, Guyana, Jamaica, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadidas, Trinidad y Tobago y Suriname.

Con información de Amnistía Internacional, El Universo