La Corte Constitucional le solicitó al Gobierno que informe los avances en la política de restitución de tierras, luego de casi dos años de no haber recibido información al respecto. La sala de seguimiento a la sentencia T-025 del 2004, mediante la cual se declaró el estado de cosas inconstitucional en materia de atención a la población desplazada, señaló que no se han cumplido los requerimientos elevados al Ministerio de Agricultura en el Auto 219 del 2011, ni se evidencia cumplimiento de lo propuesto en el informe del 8 de mayo del 2012. Así las cosas, la corporación pretende información relacionada con la articulación de las políticas de vivienda, generación de ingresos rurales y restitución de tierras, las estrategias que vienen en marcha y las que se esperan implementar, además del presupuesto necesario, teniendo en cuenta que ya se vienen ejecutando varias iniciativas, entre ellas el funcionamiento de una jurisdicción especial de restitución (M. P. Luis Ernesto Silva).