Régimen de impedimentos y recusaciones para el Fiscal General de la Nación sería archivado (2:24 p.m.)

La iniciativa que fue presentada por el fiscal Néstor Humberto Martínez se centra en dos propósitos medulares:  determinar el régimen de impedimentos e inhabilidades del titular de la Fiscalía General de la Nación y crear los mecanismos legales para  la colaboración logística que requiera el fiscal ad hoc. Así, se pretendía que en caso de que el Fiscal General se declarara impedido o no aceptara la recusación, sin importar el régimen procesal aplicable, envíe la actuación a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, para que esta resuelva el asunto. Ahora bien, en los casos en que prosperara el impedimento o la recusación, la Corte oficiaría al Presidente de la República para que en el término máximo de 10 días conformase una terna que cumpliese con las mismas calidades para ocupar el cargo de Fiscal General y de estos postulados la Corte elegiría a uno que para ocupar el cargo de fiscal ad hoc, quien se encargaría de conocer del proceso en que prosperó el impedimento o la recusación. Aunque la propuesta llenaría los vacíos legales en la materia, el senador Carlos Fernando Motoa acabó de presentar ponencia en la que solicita el archivo de la iniciativa por dos razones principales: (i) porque un ajuste institucional de las magnitudes propuestas tendría que estar precedido de la solución de los problemas del fiscal ad hoc, como por ejemplo las violaciones al derecho a una defensa adecuada provocada por la posible dilación injustificada y los problemas de constitucionalidad en el diseño institucional y (ii) porque esta reforma no es de tipo legal sino constitucional y no podría tramitarse, según el ponente, por un proyecto de ley sino por uno de reforma constitucional.